Luego de las denuncias por incumplimiento del programa Precios Justos por parte de las cadenas de supermercados, el gobierno sumó al sindicato de Camioneros y organizaciones sociales afines a verificar, como Barrios de Pie, que las empresas cumplan con el programa. Pablo Moyano, secretario general del sindicato y dirigente de la CGT, sostuvo que “estamos colaborando para que los empresarios no especulen con los precios”. Los mismos que negocian paritarias a la baja, en favor de las patronales, ahora posan de paladines contra la inflación.

La idea sería que Camioneros controle la mercadería desde los centros de distribución para que las empresas no la retengan por especular con los aumentos. Este pedido de ayuda a los sindicatos afines al oficialismo para garantizar que se cumpla el programa da cuenta, en primer lugar, del fracaso de las políticas antiinflacionarias, pero también de la incapacidad del gobierno para mantener a raya a las empresas.

Me hierve la sangre cuando veo la parodia del "control de precios" cuando las jubilaciones perdieron más de 20 puntos frente a la inflación 2022 y el salario mínimo no llega al 40% de la canasta que marca la línea de pobreza. ¡Fuera los políticos capitalistas y sus comparsas!

— Néstor Pitrola (@nestorpitrola) January 16, 2023

Para terminar con los sobreprecios, primero es necesario terminar con el secreto comercial que los habilita, para lo cual habría que incurrir en la apertura de los libros de las empresas bajo control obrero, de manera tal que los trabajadores puedan evaluar los costos y ganancias que éstas manejan.

El gobierno no mantiene a raya los precios, pero sí los ingresos de los trabajadores. Las jubilaciones perdieron más de 20 puntos frente a la inflación durante 2022 y el salario mínimo no llega a cubrir el 40% de la canasta que marca la línea de pobreza, todo con el aval de la central sindical.

En un contexto donde las patronales buscan abaratar la mano de obra para acrecentar sus ganancias sin poner un peso, la burocracia sindical, lejos de ser un factor de organización para que los trabajadores peleen por sus salarios, arma una pantomima de “control de precios”, cuando forma parte del mismo gobierno que atiza la inflación habilitando tarifazos en los precios regulados por el Estado, porque con ella incrementa su recaudación fiscal, algo exigido por el FMI.

A su vez, ahora llegaron a un principio de acuerdo con el gobierno nacional para que los aumentos salariales de 2023 sean de un 60%, cuando analistas privados sostienen que la inflación en Argentina cerrará este año en un 98,8% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado, publicado por el Banco Central, prevé una inflación cercana al 100%. Se trata de una política que tiene como objetivo establecer topes paritarios y que se encuentra en línea con el programa de ajuste fondomonetarista del Frente de Todos. Para maquillar la entrega, los burócratas de la CGT le pidieron al gobierno que haga cumplir los acuerdos de precios con las empresas, cuando claro está que los controles de precios han fracasado y que el gobierno es el principal formador de precios.

Recordemos también que esta política oficial de ataque a los trabajadores ha sido respaldada por el propio Pablo Moyano cuando dijo que “vamos a seguir bancando a este gobierno hasta el último día”. En tanto, organizaciones sociales cercanas al gobierno, como la Utep, acaban de firmar por segunda vez un acuerdo de paz social por la promesa de un bono miserable de 17 mil pesos en abril, mientras el Ministerio de Desarrollo Social busca avanzar en bajas masivas de los planes Potenciar Trabajo y desenganchar a estos del salario mínimo.

La clase trabajadora no debe otorgarle ningún apoyo al gobierno del ajuste, ni a la oposición patronal ni a ninguno de los políticos capitalistas, mucho  sino reforzar su acción independiente por la defensa de un salario mínimo que cubra la canasta básica y salarios por arriba de la canasta familiar.

Para combatir la inflación es necesario un plan de lucha por una recomposición general de los ingresos de los trabajadores, junto a la generación de empleo y medidas de urgencia para los sectores hundidos en la indigencia y la pobreza, y por el aumento y la apertura de los programas sociales.

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