El informe de Recaudación Fiscal, correspondiente a octubre de este año, arrojó que lo recabado por medio del IVA creció por debajo de la inflación interanual. Lo anterior denota un retroceso en el consumo popular en un mes donde el alza inflacionaria continuó horadando los ingresos de la población trabajadora, mostrando a todas luces la inocuidad del congelamiento de precios montado desde el gobierno.

Así las cosas, lo recaudado a través del IVA mostró en octubre una caída real del 0,6% interanual. Al tratarse de un impuesto al consumo, de alto impacto entre los sectores populares, podemos concluir que dicho descenso obedece a una merma en el consumo, la cual está directamente relacionada con la pulverización de los ingresos de amplias capas de la población.

Lo cierto es que, congelamiento de precios mediante, las consultoras privadas estiman que la inflación de octubre se mantuvo por encima del 3%, motorizada principalmente por los incrementos en el rubro alimentos, indumentaria, y salud; este último apalancado por el aumento en las prepagas y el encarecimiento constante de los medicamentos (Infobae, 2/11). Son datos que constatan la ineficacia de la medida tomada por Feletti, al mando de Comercio Interior, a la hora de detener la inercia inflacionaria.

En primer lugar, el listado de 1.430 artículos a precios congelados excluye alimentos de primera necesidad como las frutas y verduras, las cuales, según los relevamientos privados, tuvieron un aumento en octubre del 4,4%, es decir, por encima de la inflación del mes. Por otra parte, los controles se limitan a las grandes cadenas de supermercados, dejando por fuera al canal tradicional, compuesto por autoservicios y almacenes. A su vez, es preciso recordar que la disposición llegó luego de que muchos productos de consumo masivo ya habían subido sus precios hasta 30 puntos por arriba del índice general. A modo de ejemplo, según los datos oficiales, a la leche entera en el mes de septiembre mostraba un incremento interanual del 67,6%, mientras que el kilo de asado subió un 84,8%  entre septiembre 2020 y septiembre 2021.

A su turno, el gobierno atribuye la responsabilidad de la inflación a la remarcación de precios en la que incurren los grandes conglomerados de la alimentación. No obstante, la verborragia contra los monopolios por parte del oficialismo solo cumple el objetivo de ocultar su propia responsabilidad en la escalada inflacionaria. En este punto debemos añadir su política de naftazos permanentes en beneficio de las petroleras, los aumentos en la boleta de los servicios públicos pautados para el año que viene, la emisión monetaria destinada a subsidiar a las empresas hidrocarburíferas y a financiar la bicicleta financiera, y, por sobre todas las cosas, la defensa de un régimen de saqueo con la constante fuga de divisas (incluido el pago de la duda), artífice de la brecha cambiaria actual y las sucesivas devaluaciones de la moneda.

Pero el gobierno ni siquiera es consecuente con su acusación porque en lugar de proceder a la apertura de los libros de estas empresas para evaluar los costos reales, insiste en la misma receta de control de precios que ya fracasó reiteradas veces con Paula Español al frente de Comercio Interior.

En ese sentido, el grado de concentración en la producción de alimentos es enorme. Sin ir más lejos, el 90% de la leche fluida que se vende en el país está en manos de Mastellone; así como también el 82% de las gaseosas y aguas del mercado las fabrican dos empresas (Coca Cola Company y Pepsico); el 75% del azúcar que se vende pertenece al grupo Tabacal (Ledesma y Chago); y, por su parte, la empresa Bimbo retiene el 80% del mercado de panificados (Página 12, 29/10). Además, los pulpos alimenticios han embolsado ganancias exorbitantes, convirtiéndose en los grandes ganadores de la pandemia. Por mencionar algunos ejemplos, Molinos Río de la Plata arrojó en el 2020 una ganancia neta de $1.746 millones, y en el caso de Arcor, la misma fue de $1.229 millones.

El gobierno pavimentó que estos grupos amasen fortunas a costa de la “mesa de los argentinos”, concediéndoles un sinfín de prerrogativas (por ejemplo, en la nueva ley de biocombustibles se dispuso un aumento del corte de la caña de azúcar en el bioetanol), permitiendo que ataquen las condiciones laborales de sus trabajadores (despidos en Bimbo, por mencionar un caso) y estableciendo controles de precios truchos que no evitaron ningún aumento.

Por otra parte, la gestión de Alberto Fernández mantuvo intacto el dominio de un puñado de multinacionales sobre el comercio exterior de Argentina, motivo por el cual el auge en los precios internacionales de las materias primas se trasladó inmediatamente a las góndolas locales, encareciendo los alimentos. De este modo, del “boom” exportador, que continuó en octubre donde se liquidaron USD 2.400 millones por ventas al exterior, solo se beneficiaron unos pocos mientras que tuvo implicancias negativas para el bolsillo popular.

Frente a este escenario, es fundamental recomponer los ingresos de los trabajadores mediante un salario mínimo y jubilación mínima igual a la canasta familiar (hoy en $100 mil), paritarias y haberes previsionales indexados a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, la eliminación de impuestos al consumo como el IVA, la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. A su vez, es preciso abrir los libros de toda la cadena comercial bajo control obrero, a fin de evaluar los costos reales. Por último, resulta necesario dar paso a una reorganización económica regida bajo un interés mayoritario. Esto significa nacionalizar bajo control obrero la banca, la industria energética y el comercio exterior, repudiar la deuda usuraria y romper con el FMI, de modo tal que podamos dirigir los recursos nacionales en encauzar un desarrollo del país y resolver las necesidades populares.

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