29/07/2021

La demagogia oficial no alcanza para ocultar el problema de la vivienda

Crédito hipotecario vedado para la población más vulnerable, encarecimiento de la construcción y falta de acceso a la tierra.

La falta de planes de vivienda y crédito hipotecario universal, la suba de alquileres y expensas, la especulación inmobiliaria que encarece el suelo, el retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores y la inflación en los materiales de construcción conforman un escenario en el cual el derecho a la vivienda digna está vedado para millones de personas en Argentina. No obstante, el gobierno hace demagogia con el punto, anunciando medidas inocuas que de ninguna manera revierten la magnitud de la crisis habitacional del país.

El área de Integración Urbana, perteneciente a la cartera de Desarrollo Social, anunció con bombos y platillos la aprobación de 214 proyectos de urbanización de barrios, los cuales se ejecutarán en el transcurso del 2021 con fondos provenientes del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Sin embargo, se trata de una cifra miserable teniendo en cuenta que existen más de 4 mil villas y asentamientos precarios en todo el país.

Según datos del Indec, 1,4 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico, 726 mil viviendas están construidas con una calidad de materiales insuficiente, 600 mil hogares se encuentran en zonas desfavorables y un millón se halla en lugares inundables. A su turno, un millón de casas no tienen acceso al agua potable, tres millones no poseen conexión de gas y 2,8 millones no tienen cloacas. En ese sentido, los $18.000 millones asignados para estos «proyectos de urbanización» son a todas luces insuficientes.

Por otro parte, cabe destacar que mientras se destina ese monto para urbanización, el Estado nacional ya lleva gastados en lo que va del año $435.605 millones en el pago de vencimientos de deuda. Evidentemente, reducir el déficit habitacional no es una prioridad para este gobierno, como sí lo es complacer al FMI y al conjunto de los organismos de crédito. De hecho, ni siquiera todo el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat alcanza esa cifra: el mismo tiene una partida asignada por $115.936 millones de pesos y en lo que va del 2021 lleva ejecutados $66.883 millones.

Otro punto de demagogia oficial en relación a la vivienda es el anuncio de las líneas de crédito pertenecientes al programa Casa Propia. El mismo lanzó recientemente 25 mil microcréditos destinados a la refacción del hogar, 21.113 préstamos para la construcción de viviendas en terreno propio y  6.890 dirigidos a la construcción de viviendas en lotes con servicios asignados por el Estado. Por un lado, la cantidad es mínima en un país donde se estima que existen 4 millones de personas con carencias habitacionales. Por otra parte, su acceso es restrictivo; si bien para esta reapertura la exigencia es un ingreso familiar equivalente a un salario mínimo, en la etapa anterior el requisito para recibir alguno de los 87.000 créditos que entregaban era contar con una suma equivalente a dos salarios mínimos como ingreso familiar.

A su vez, el monto máximo del préstamo es $430.000 para refacciones y $4.000.000 para construir una casa. Estas sumas de dinero no guardan relación con el índice de inflación en el rubro de la construcción. Según datos oficiales del mes de junio, construir en el Gran Buenos Aires es un 62,4% más caro que hace un año atrás dado que el aumento interanual de los materiales ha sido del 86,1%, muy por encima de la inflación general del período.

En marzo 2021, la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires publicó que, en promedio, construir una casa en el territorio bonaerense cuesta $98.826 por metro cuadrado sin IVA, un 62% más que en marzo 2020. Por lo tanto, si una familia tipo busca construir una casa de al menos 100 metros cuadrados deberá gastar más de $9.882.600.

La falta de medidas de fondo por parte del gobierno para detener el alza de los precios, junto con la caída del salario real, alejan cada vez más a los trabajadores de la posibilidad de acceder a una casa propia. Por otra parte, la ausencia de un banco de tierras y la entrega constante de terrenos estatales a la patria contratista provocan la expulsión de sectores cada vez más amplios de la población, quienes se ven obligados a asentarse en lugares proclives a inundarse o directamente insalubres.

También la profundización de la carestía, sumado a la suba de los alquileres y expensas, golpea de lleno en la realidad de los inquilinos. Muestra de esto es lo que ocurre en los edificios de CABA, donde se registra entre un 20% y un 25% de morosidad en el pago de expensas debido a que el aumento del costo de vida se vuelve insostenible. Esta situación se agravará en el mes de agosto, donde se prevé un incremento entre el 25% y el 30% en las expensas y del 50% en los alquileres.

Como se ve, el gobierno genera todas las condiciones para privar del derecho a la vivienda a las mayorías de este país.  Al mismo tiempo, cuando los trabajadores recuperan tierras improductivas para hacerse de un techo, desde el oficialismo y la oposición patronal, ahí donde les toca gobernar, responden con desalojos violentos para defender el negociado de la especulación inmobiliaria, como ocurrió este año en Cuartel V en Moreno o en Camino La Ribera en Lomas de Zamora.

Desde le Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad encaramos el problema de la vivienda partiendo de la defensa de quienes luchan por tierra para vivir y exigimos el cese de los desalojos. A su vez, planteamos la necesidad de impulsar planes de vivienda y urbanización de los barrios acorde a las necesidades, bajo control de los vecinos y empleando mano de obra desocupada bajo convenio colectivo de trabajo.

Debe crearse un banco de tierras que reúna las tierras fiscales y ociosas (que tengan fines especulativos) para construir en ellas viviendas populares. Es fundamental garantizar el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso familiar. Este plan, destinado a resolver el problema habitacional y a reactivar la economía, debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

             

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