El fiscal federal de San Isidro, Claudio Scapolán, quien está acusado de liderar una asociación ilícita compuesta por policías y abogados que robaba droga secuestrada a narcotraficantes para comercializarla, fue destituido de su cargo este lunes 17 de abril por el Jurado de Enjuciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Scapolán quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos y dejará de percibir su renta.

La primera denuncia contra el fiscal tuvo lugar en 2016 y fue realizada por Elisa Carrió, de la Coalición Cívica. Más tarde, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, daría luz verde al allanamiento de la oficina del fiscal, en los tribunales de San Isidro. Arroyo Salgado procesó a Scapolán como “jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que, entre otros delitos, habrían robado cargamentos de cocaína a bandas narco y extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico” (La Nación, 18/4).

Sin embargo, Claudio Scapolán no está procesado actualmente por el delito que le atribuyó Arrollo Salgado. Sí se lo ha imputado por “presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos” (La Nación, ídem). Es decir, Scapolán habría falsificado papeles para encubrir una movida en la que, entre otras cosas, los policías a cargo del operativo se quedaron con más de 500 kilos de cocaína secuestrada. Esa causa involucró a 32 personas, y no solo a policías, sino también a funcionarios judiciales y abogados.

El fallo que derivó en su destitución obtuvo la mayoría de los votos (10 a favor y 1 en contra). Sofía Vannelli (Frente Renovador-Todos) fue la persona que aportó el voto negativo. Esto se explica por los lazos que unen al massismo (el propio Sergio Massa, por ejemplo) con Scapolán. Juntos por el Cambio también ha mantenido relaciones con el fiscal; estas fueron tejidas por Cristian Ritondo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PRO, y por Jorge Macri, aspirante a alcalde porteño por el sector Bullrich. Carrió denunció parte de esto en agosto del año pasado, aunque no ha roto con la coalición derechista, a pesar de saber que en ella conviven elementos corruptos.

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El nivel que ha adquirido el entrelazamiento entre eslabones del poder político (y de sus fuerzas de seguridad), empresarios, e integrantes de bandas narco, muestra que el Estado argentino está evolucionando hacia un narco-Estado. La crisis en Santa Fe, que es un Estado narco, lo ha puesto de manifiesto. En la provincia de Buenos Aires también se desarrolla este proceso, en el que la Bonaerense de Axel Kicillof y Sergio Berni cumple un rol fundamental. Así lo demostraron los vecinos de Villa Celina (La Matanza), que debieron organizarse para derribar un búnker narco por mano propia, ya que la policía se mantenía inmóvil debido a su complicidad.

El Frente de Todos es tributario de este estado de cosas. Ha ungido como ministro de Seguridad a Aníbal Fernández, quien se vio salpicado por estar vinculado al negocio de la efedrina, y respalda a Mario Ishii, intendente de José C. Paz, que fue noticia en 2020 por encubrir un negocio de venta de droga.

El narcotráfico prolifera por las barriadas de todo el país, destruyendo materialmente y espiritualmente a la juventud, con el visto bueno del Estado. Esto es lo que explica, asimismo, la impunidad que impera a escala general. El caso Scapolán no es la única prueba de esto.

Hace unos días, el exjuez de La Plata, César Melazo, quien fuera condenado en marzo pasado a siete años y diez meses de prisión “por ser coautor del delito de asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales, fue beneficiado con la libertad asistida por el mismo tribunal que lo sentenció” (Télam, 14/4). La fiscalía de juicio apeló para que la medida no se haga efectiva, aunque habrá que seguir los acontecimientos de cerca para ver qué ocurre finalmente.

En 2021, Walter Brento, juez federal de Mendoza, se hizo conocido por ser “el gran jefe” de un entramado delincuencial cuyo fin era que contrabandistas y narcotraficantes obtuvieran fallos beneficiosos, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. En Corrientes, una megacausa de narcotráfico, conocida como Operativo Sapucay, con la que salió a la luz el contrabando de marihuana desde Paraguay hacia la Ciudad de Itatí, salpicó en 2017 al exintendente y al viceintendente (Natividad Terán y Fabio Aquino, respectivamente) de esa localidad, a Diego Ocampo Alvarenga (máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí), a representantes de la Policía Federal Argentina, y a algunos miembros de la Justicia.

Por otro lado, el exjuez de Orán, Raúl Reynoso, y el juez federal, José Antonio Solá Torino, fueron condenados a prisión por brindarle impunidad a José Miguel Farfán, un capo narco prófugo de la Justicia argentina, de donde se había escapado en 2014 (Infobae, 16/12/2018). En Corrientes han sido procesados, en 2016, el exfiscal federal Benito Pont, y el comandante mayor de Gendarmería, José María Viero, acusados de liderar una organización mafiosa que lavaba dinero procedente de la trata de personas y del regenteo de hoteles donde funcionaban redes de prostitución infantil. En 2006, el juez federal de Reconquista (Santa Fe), Eduardo Fariz, fue destituido por “irregularidades en la investigación de causas de tráfico de drogas y manipulación del sistema de elección de conjueces” (Infobae, 6/3/2006).

En estos ejemplos (la lista es más extensa) está retratada la connivencia de la Justicia con el narcotráfico. Este régimen judicial es defendido por ambos lados de la grieta. Hay que tener en cuenta que muchos casos vinculados a la complicidad del Estado con el narcotráfico no han salido a la luz por el secretismo reinante. Es que los intereses económicos que están en juego son en extremo importantes. La democracia burguesa argentina está podrida por dentro. Reemplazarla por un régimen superior, que pueda terminar de raíz con el narcotráfico, las redes de trata, y todos los negocios, es una tarea que solo pueden emprender la clase obrera y la izquierda.

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