El gobierno estaría pisando el acelerador para sellar la aprobación en el Congreso del acuerdo con el FMI y en el directorio del organismo, de manera de poder contar con el primer desembolso del nuevo préstamo antes de los vencimientos de marzo -para los cuales no tiene los dólares necesarios. Lo que parecería ser la recta final de la negociación revela el costo que tendrá para las familias trabajadoras del país, con reforma jubilatoria y laboral, además de un poder de veto del capital financiero sobre la asistencia social.

Versiones periodísticas recogen que circula un borrador de lo que se enviaría para tratamiento parlamentario, donde se incluye la directiva de avanzar hacia la sustentabilidad del sistema previsional. Ello, claro, a costa de seguir ajustando en los haberes de los jubilados, y no de reponer los aportes patronales ni de garantizar el pase a planta permanente de los trabajadores no registrados -que según Indec representan uno de cada tres puestos asalariados, y explicaron casi la totalidad del crecimiento de estos en 2021 (una evasión fiscal gigantesca). La precarización laboral es en los hechos una vía para hacer de las jubilaciones una pensión de hambre en lugar de un salario diferido: el 90% de las mujeres y el 70% de los varones que llegarían a la edad de retiro en los próximos cinco años no cuentan con los aportes requeridos, conforme a las estadísticas de Anses.

Con casi cuatro millones de adultos mayores cobrando (en marzo) una jubilación debajo de la línea de indigencia (de enero), el ojo del recorte se fija ahora sobre los regímenes especiales, como los de docentes o docentes universitarios -los cuales aportan un mayor porcentaje de su salario. Si bien Alberto Fernández salió a declarar que el recorte provendría de las jubilaciones de privilegio como las de jueces y embajadores, lo cierto es que es el mismo eufemismo utilizado por Macri y Vidal para arremeter contra las conquistas de determinados colectivos de trabajadores (como el Banco Provincia bonaerense). Recordemos que ni bien asumió el Frente de Todos en diciembre de 2019, además de congelar la movilidad, buscó incluir por ley la revisión de regímenes especiales, pero tuvo que retroceder por el alerta que despertó entre la docencia en particular.

Otra de las prescripciones sería “administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad” (BAE Negocios, 21/2). Además de poner un tope a las paritarias estatales para condicionarlas a la recaudación -algo que ya incluyeron en la fórmula de movilidad jubilatoria-, jugaría como señal de largada de una reforma laboral también en el sector privado, incentivando la incorporación de cláusulas en las negociaciones paritarias que liguen la evolución de los salarios a la productividad. Es algo que tanto Martín Guzmán como Matías Kulfas explicitaron el año pasado cuando reunían las “mesas sectoriales” de sindicatos y patronales, y constituye un modelo de avance en la flexibilización de los convenios colectivos gremio por gremio.

Anclar la remuneración de los trabajadores al desempeño de la actividad económica es un ataque a las condiciones de vida de la clase obrera, porque las proyecciones de crecimiento del PBI fueron ajustadas a la baja como garantía de que los dólares serán usados para pagar la deuda y no se gastarán en importaciones ni inversión. Esto impactaría negativamente en el cálculo de las actualizaciones de las jubilaciones, pensiones y asignaciones (como dijimos, atadas a la recaudación por la ley de 2020); al tiempo que actuaría como una condena a los salarios, que seguirían desplomados en torno al 42% de participación en la generación de valor agregado registrado en la última medición del Indec (contra un excedente de explotación superior al 48%).

El ajuste tendría también a su vez otro capítulo en los recortes a la asistencia social. En el mencionado borrador se consigna que la ayuda social debe ser “focalizada”, es decir reducida y puntual, y quedará bajo estudio permanente conjunto del FMI con el Banco Mundial y el BID. De esta manera los organismos multilaterales de crédito tendrán poder de veto sobre los programas sociales y la asistencia alimentaria.

Los efectos de esto último ya están a la vista: en enero el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaletta, rindió cuentas vía Zoom a los funcionarios del Fondo; en febrero declaró cerrado el otorgamiento de programas sociales y acusó de “extorsión” la masiva movilización piquetera que el martes pasado colmó las calles por trabajo genuino y contra el intento de regimentar a los beneficiarios. A la par, el gobierno anunció avances en la conversión de los planes de subvenciones a los desocupados (de menos de la mitad de la canasta alimentaria) en subsidios a las empresas de los rubros de salarios más bajos, empezando por la gastronomía. El gobierno ya está haciendo los deberes dictados por el FMI.

Estos aspectos de la letra chica del acuerdo que se ultima con el Fondo refutan el verso de que sería un programa “sin reformas estructurales”, que permitiría crecer y ofrecer una salida a la crítica situación social del país. Son un desafío al pujante y masivo movimiento piquetero, que prepara un plenario nacional de las organizaciones en lucha para marzo; para las paritarias que se vienen en el movimiento obrero, contra la entrega de la burocracia colaboracionista de la CGT y las CTAs, cuando el Sutna clasista se vale del impacto de bono Bridgestone para plantear con justeza la necesidad de un curso de acción impulsado por el Plenario del Sindicalismo Combativo; cuando las organizaciones de trabajadores jubilados que se vienen autoconvocando contra el robo del gobierno preparan una nueva jornada nacional de lucha para mediados del mes próximo.

Aún si el gobierno consagra “exitosamente” la aprobación del programa fondomonetarista tanto en el Congreso como en el directorio del Fondo, el partido decisivo se juega en la arena de la lucha de clases. La tarea de la izquierda es ofrecer un programa alternativo que muestre una salida opuesta a este rumbo de resignación y entrega nacional. Es que la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa fraudulenta, y la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior, son condiciones necesarias para que las riquezas del país se inviertan en un desarrollo nacional basado en la satisfacción de las necesidades de las mayorías laboriosas que hacen funcionar a la Argentina todos los días: ningún salario debajo de la canasta familiar, 82% móvil para los jubilados, trabajo genuino y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

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