La reciente media sanción, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, de modificaciones regresivas en la Ley de Alquileres vuelve a introducir un balance respecto a un régimen que cumple más de tres años y que no ha logrado contener la crisis habitacional ni resolver el acceso a la vivienda en medio de una crisis económica y social que se profundiza de la mano del ajuste fondomonetarista.

La Ley de Alquileres fue un intento por querer regular un mercado azotado por la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, sin ninguna política integral de acceso a la vivienda propia, ni límites a los especuladores inmobiliarios o defensa alguna de los inquilinos.

Desde el Partido Obrero y la banca de Romina Del Plá en el Frente de Izquierda Unidad apoyamos los aspectos progresivos de la ley (contratos de tres años, actualización anual) señalando que la misma era insuficiente para atender una crisis habitacional mayor, que se profundizaría con el ajuste en marcha. El FIT-U presentó en su momento un proyecto propio que grava la vivienda ociosa, dispone de terrenos fiscales para la construcción de viviendas y plantea una efectiva urbanización de los barrios populares.

Unos pocos meses después de la entrada en vigencia de dicha normativa se producía un megaoperativo represivo para desalojar a cientos de familias sin techo que ocupaban tierras en Guernica, con un arco político amplio (desde el gobierno hasta la oposición patronal) justificando el empleo de la represión como salida a la demanda de tierra y vivienda.

Como corolario de todo esto, otras familias que lograron acceder a los créditos UVA eran -y aún lo son- superados por el incremento real de una deuda atada al dólar y sometida a la depreciación del poder adquisitivo de los trabajadores y a la devaluación.

La Ley de Alquileres, con contratos a tres años y un índice de actualización anual integrado por la inflación y los salarios, terminó precipitando la crisis del sector, ampliando la brecha entre las necesidades de los inquilinos y los intereses de los propietarios.

Ante la caída de la rentabilidad del mercado de alquileres los propietarios pasaron sus inmuebles a la venta, achicando drásticamente la oferta de locaciones, empujando aún más la suba de los alquileres. Así, las renovaciones o nuevos contratos empezaron a partir de pisos y montos sobrevaluados para cubrir las expectativas inflacionarias y la diferencia no alcanzada por el Índice de Contratos de Locación a aplicarse.

Por el lado de la compraventa de inmuebles, un mercado dolarizado y con precios inaccesibles para la población trabajadora, quedó más manifiesto que nunca la ausencia de toda política de créditos hipotecarios.

Paradójicamente el precio de las viviendas se mantiene en niveles elevados, a pesar de baja por la sobreoferta, gracias a la especulación inmobiliaria y a la valorización de la tierra en las ciudades más importantes y habitadas del país, donde, como en CABA, se construyen grandes emprendimientos inmobiliarios y se utiliza la tierra como reserva de valor de los capitalistas.

Este proceso viene impulsando la migración de miles de trabajadores hacia las ciudades periféricas, donde obtienen condiciones de habitación más degradadas.

Aunque en los últimos 12 años se construyeron alrededor de 4 millones de unidades funcionales la mayor parte pertenece al sector privado –el gobierno actual se ufana de haber construido 100.000 viviendas en tres años– la crisis habitacional se calcula en 1,5 millones de viviendas faltantes y 2,5 millones en malas condiciones y/o hacinadas. Se calcula que un tercio del total de viviendas del país son alquiladas, una proporción que ha crecido en el orden de casi 10 puntos en comparación al Censo del 2010.

Los inquilinos, entonces, han quedado atrapados en una situación inmanejable: prisioneros de los términos de los propietarios e inmobiliarias, con escasa oferta de propiedad y sin ninguna alternativa habitacional de cara a la obtención de la vivienda propia.

A su vez, las inmobiliarias comenzaron evadirse de la Ley de Alquileres por diversos medios: utilización de otras formas contractuales encubiertas, no declaración de los contratos, fijación arbitraria de precios dolarizados, cláusulas leoninas, etc. También se dio el fenómeno de la proliferación de alquileres temporarios, con el crecimiento de plataformas como Airbnb, empujando aún más la suba de precios.

Desde el Partido Obrero y el frente de Izquierda Unidad venimos denunciando sistemáticamente esta situación, contra los proyectos –como la actual media sanción de modificaciones- que plantean flexibilizar el actual régimen para satisfacer los interés de los especuladores inmobiliarios.

Planteamos que la solución a la crisis de alquileres y habitacional debe ser encarada por medio de una recomposición general de los salarios e ingresos populares, e impuestos a la vivienda socios y los especuladores inmobiliarios.

Esto debe ir de la mano de un plan de vivienda públicas, con un banco de tierras ociosas y fiscales para dar lugar a créditos hipotecarios a tasa cero y con un tope de hasta el 25% de los ingresos familiares, que sea el punto de partida de una solución universal al problema de la vivienda propia, descomprimiendo la presión sobre el mercado de alquileres.

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