Javier Milei lanzará en los próximos días un DNU que, entre otras cosas, incluye una reforma laboral que implica un zarpazo contra las condiciones laborales de los trabajadores. No es casual que Federico Sturzenegger, uno de los grandes delincuentes de este país y quien fuera parte de gobiernos antiobreros como el de Mauricio Macri o el de Fernando de la Rúa, haya sido uno de los artífices más importantes de la normativa.

En este artículo veremos, punto por punto, en qué consiste la reforma laboral antiobrera de Milei.

Reducción de aportes patronales

Milei y su tropa pretenden reducir los aportes patronales con el objetivo de aumentar la tasa de beneficio empresarial. Actualmente, un 16% de estos aportes se dirige a la jubilación, un 6% a la obra social, un 2% a Pami, un 1,5% al Fondo Nacional de Empleo y un 0,3% al Seguro de Vida Obligatorio y a la ART.

Se trata de una política que agravará el vaciamiento del sistema previsional, que se profundizó bajo Menem y Cavallo –que rebajaron los aportes patronales– y ningún gobierno posterior revirtió. Este saqueo se agudizó con la utilización de los fondos de la Anses en el pago de la deuda externa, una verdadera política de Estado inaugurada por el kirchnerismo.

Como consecuencia de este saqueo, hoy la mayoría de los jubilados argentinos percibe haberes de miseria. Milei quiere reforzar estos ataques suspendiendo la movilidad jubilatoria y avanzando en aumentos por decreto a la baja.

Ofensiva contra las indemnizaciones

La reforma habilita la creación de un “fondo de cese laboral”, que podría ser adoptado “voluntariamente” por los gremios. Se trata de una introducción en cuotas del sistema indemnizatorio de la Uocra, en el que las patronales aportan mensualmente al fondo de despido, costo que a su vez es absorbido por las propias negociaciones paritarias –lo que condiciona la negociación salarial a la baja. Esto refuerza el despotismo patronal, toda vez que los empresarios tendrían mayores facilidades para despedir trabajadores.

A su vez, Milei plantea ir hacia una reducción de los costos indemnizatorios a través de la eliminación del pago del celular, de los tickets canasta o vales alimentarios y de los bonos anuales. O sea, las patronales de los gremios que no adhieran al fondo Uocra tendrán de todas formas sus gastos reducidos. Asimismo, plantea desindexar los intereses de las indemnizaciones de la inflación.

Extensión del periodo de prueba

Se evalúa ampliar el periodo de prueba de 3 a 6 u 8 meses. El gobierno apunta a establecer un régimen de rotación de trabajadores más amplio, en el que las patronales puedan despedir empleados cada cierto tiempo. Los capitalistas también podrían aprovechar esto para echar a los trabajadores que mantienen actualmente en su plantel para reemplazarlos por otros por tiempo determinado y con menos derechos.

Claro que una vez que finalizan los meses “de prueba” los trabajadores pueden quedar en la calle sin recibir indemnización.

Fin de las multas por registración deficiente

Con esto, las patronales quedarán eximidas de afrontar sanciones por no blanquear a sus trabajadores, por registrarlos parcialmente o por consignar una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor a la percibida por el obrero –esto lo hacen para pagar indemnizaciones más bajas.

En esto consiste la campaña contra la “industria del juicio” que llevan adelante los empresarios y sus políticos. Buscan que se pueda cesantear trabajadores así como si nada y presionarlos para que no denuncien en la justicia a las patronales que los mantienen en condiciones de precarización laboral y en la pobreza.

Derrotemos este plan de guerra contra los trabajadores

Como se ve, la reforma laboral de Milei es reaccionaria. Su objetivo es recomponer y/o aumentar la tasa de ganancia capitalista sobre la base de liquidar conquistas y derechos de los trabajadores. El gobierno derechista, asimismo, tiene en carpeta avanzar en un ataque contra el derecho a la huelga estableciendo a la educación y el transporte como servicios esenciales (anulación del derecho a huelga), manteniendo el 50% de la actividad “normal” y convirtiendo en motivo de despido los bloqueos en las fábricas.

Quieren que los trabajadores hagan enormes sacrificios para salvar a los capitalistas en crisis. El problema no es el costo laboral. Los salarios de los trabajadores argentinos son los más bajos de la región. El problema del país es el costo empresario, o sea, el despilfarro, el parasitismo, la huelga de inversiones, la fuga de capitales, etc.

Con todo, habrá que ver si el gobierno logra hacer pasar su DNU; no hay que descartar que avance en negociaciones con los bloques patronales opositores y con las burocracias sindicales. Además, el Congreso puede vetar su iniciativa. Es ilegal afectar leyes laborales mediante un DNU. El gobierno de Milei empieza a mostrar rasgos totalitarios y bonapartistas. Su despotismo está al servicio de hacer pasar la política de ofensiva capitalista contra la clase obrera.

De implementarse, la reforma laboral se sumaría al resto de los agravios contra el pueblo lanzados por Milei y Luis Caputo. El gobierno ya se reunió con algunos burócratas sindicales (Guillermo Pereyra de Petroleros y Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria). La CGT en general está al tanto del contenido de la reforma y mantiene conversaciones secretas con Guillermo Francos, el ministro del Interior. ¿La burocracia está pactando una nueva entrega con el gobierno, como ha hecho con Macri? Debe recordar que el exmandatario no pudo hacer pasar su reforma laboral porque las masas trabajadoras se movilizaron masivamente en las jornadas de diciembre de 2017.

Sigamos ese camino este miércoles 20 de diciembre, marchando a Plaza de Mayo contra la motosierra de Milei y Caputo y en defensa del salario, de nuestras conquistas y del derecho a protestar contra la injusticia, la opresión y la explotación.

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