Alberto Fernández convocó a una mesa política nacional del Frente de Todos, para definir entre sus distintas alas “las reglas electorales” de la coalición de gobierno. Tras los cruces públicos con Wado de Pedro (derivado del desplante de Lula a Cristina en su paso por Buenos Aires), la citación pretende mostrar que a pesar de las disputas internas no está en juego la unidad del frente oficialista de cara a las presidenciales.

La respuesta del kirchnerismo, que reclamaba esa instancia y aceptaría la invitación pero sin enviar ni a Cristina ni a Máximo, fue plantear que el espacio también discuta el rumbo oficial. Es en primer lugar una maniobra para insistir en desligarse del ajuste en curso. La realidad es que eso se define en otra mesa, en la que se sentaron los enviados del Fondo Monetario Internacional que llegaron a la Argentina para un nuevo examen del cumplimiento del programa. En el entorno de Massa descuentan que “sobrecumplieron” las metas del FMI, y para eso contaron con una colaboración nada menor de los funcionarios que reportan a Cristina Kirchner.

Un ejemplo es la miseria a que son sometidos los jubilados, con una mínima de 50 mil pesos y con “movilidad reducida” de sus haberes frente a la estampida inflacionaria. La ejecutora de este robo es la camporista Fernanda Raverta, que a la par recortó 1,3 millones de asignaciones por hijo para trabajadores registrados, por la vía de mantener congelado el tope de ingresos.

Otro flanco de ajuste, reclamado expresamente por el Fondo en diciembre y rápidamente recogido por la ministra Tolosa Paz, son los 160 mil despidos en el programa Potenciar Trabajo, cuando se contrae la actividad económica augurando más desocupación. La magnitud de este ataque tuvo una respuesta a la misma escala por parte de la Unidad Piquetera, con un masivo piquetazo en 130 puntos a lo largo y ancho del país. Es el inicio de un plan de lucha. Aquí la embestida de la albertista titular de Desarrollo Social cuenta con el aval hasta de quien posa como ala crítica dentro de la Utep, Juan Grabois, quien se apuró a declarar que la aproximación del período electoral obliga a guardarse los cuestionamientos… ¡cuando le están sacando el plato de comida a quienes más lo necesitan! Como respondió Belliboni al presidente, la gente hace fila para comer, pero en los comedores populares de las barriadas.

Una aclaración extra. El líder del Movimiento Evita y funcionario, Emilio Pérsico, defendió los recortes en los programas sociales en nombre de que esa plata sería destinada a la compra de materiales para las cooperativas, que gestiona la propia Utep. Como denunció el Polo Obrero, le sacan la plata a los compañeros para asignarla a sus organizaciones. Como sea, acaba de publicarse en Boletín Oficial que toda reasignación de recursos en los ministerios deberá ser aprobada por Massa, lo cual confirma que lo que se ahorren dejando a familias sin ingresos va a ir a parar al FMI.

La pose semiopositora del kirchnerismo para despegarse del ajuste refleja las dificultades con que se topa el gobierno para seguir avanzando y no perder en el intento. Expresa un impasse entre los límites que encuentra para diferenciarse y el costo político de este rumbo antipopular. La autoexclusión de Cristina de la boleta del Frente de Todos opera como un guiño a Massa, a quien allana el camino a una candidatura, pero también vaciaría a la coalición de su principal activo electoral.

Lo que reluce del peronismo es su rol de contención de los reclamos populares. El presunto plan antiinflacionario del Ministerio de Economía estaría quedando sepultado en sus primeros pasos: las estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires relevaron en enero subas de precios del 7,3% (y cerca del 100% interanual) empujados por los alimentos y los tarifazos en los servicios públicos. Pero mientras las empresas incumplen Precios Justos, la burocracia sindical va firmando el techo paritario que Massa fijó en un 60% anual.

Es el caso del acuerdo por 31% en seis meses que firmó la UTA (en medio de un boletazo del 40%) o el 18% trimestral del Smata, pero también del 60% en siete cuotas -¡a terminar de cobrar en diciembre!- para los municipales de CABA que pactó la burocracia de Sutecba, columna del PJ porteño, con Larreta. Este aporte notable del jefe de Gobierno al tope salarial de Massa vale más que mil palabras, especialmente cuando el mandatario del PRO dice que es un dibujo la pauta inflacionaria. Demuestra a la vez que los ingresos extra por el fallo de la Corte Suprema no irán a aliviar a los laburantes de la capital. El ataque al salario es el punto nodal en el que coinciden todas las variantes de políticos capitalistas.

Esto no quiere decir que el período electoral transite armoniosamente. La reciente reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio -que también intenta zanjar sus choques internos sin romperse en las provincias con comicios adelantados- lanzó una advertencia sobre la “bomba” de la deuda en pesos (indexada al dólar o a la inflación), lo cual de parte de quienes ganaron las elecciones intermedias 2021 es un llamado a deshacerse de los bonos públicos antes del cambio de gobierno. Si Massa ya enfrentaba dificultades para refinanciar vencimientos -que en el año superan cómodamente los 16 billones de pesos-, a costa de tasas usurarias y plazos cortos, con estas declaraciones la oposición promueve una corrida. Mete presión para que el peronismo concrete el grueso del trabajo sucio, ordenando las cuentas públicas con un ajustazo más brutal, ante la incapacidad de financiar el déficit fiscal.

Claro que están jugando con fuego. Al lunes siguiente del comunicado de JxC, las acciones de los bancos abrían la semana con caídas del 3%. Es que casi la mitad de los activos bancarios está invertida en títulos públicos, entre los bonos del Tesoro y las Leliq del Banco Central, por lo que una crisis de pagos amenaza con desatar una corrida bancaria y la confiscación a los ahorristas. Es un agravante respecto de la situación de 2019, cuando un Macri derrotado en las Paso anunciaba el reperfilamiento de todos los vencimientos. Llegamos a este punto porque el FdT, que prometía el fin del negocio especulativo de la banca para devolverle a los jubilados lo robado, agigantó esa bola de nieve y ahora paga medio billón de pesos al mes en intereses. Se echan culpas entre endeudadores seriales.

En boca de Juntos por el Cambio esta advertencia tiene un significado muy precisamente antiobrero: “esto lo paga la gente”, dicen, porque obviamente ellos no se lo van a facturar a los acreedores; algo que solo haría un gobierno de trabajadores. El cómo, por supuesto, es motivo de acaloradas divergencias, entre el “shock” que plantea Bullrich y la preservación de vínculos con el aparato de contención peronista que enarbola Larreta.

Este escenario pone a prueba al Frente de Izquierda Unidad como una alternativa política para los trabajadores. Para favorecer una intervención de la clase obrera, el FIT-U debe poder trazar una delimitación nítida con todos los políticos capitalistas, y eso se ve en primer lugar en su participación de cara a las principales luchas del momento.

Desde el Partido Obrero criticamos la decisión del PTS de lanzar candidaturas hace más de medio año, porque expresaba una desviación electoralista cuando lo central era organizar la pelea contra el ajuste. Hoy esa organización mira de lejos la pelea contra los 160 mil despidos en el Potenciar Trabajo.

La misma orientación se evidenció en la reticencia de Bregman a denunciar la responsabilidad de Cristina en la corrupción kirchnerista o en el planteo de asamblea constituyente… para una reforma judicial. La izquierda no está para extremar las posturas del kirchnerismo, sino para una contraposición de clase. Caso contrario, el FIT-U pierde la posibilidad de explotar en forma revolucionaria el hartazgo de la población por la defraudación sistemática de todos los que nos gobernaron estas últimas décadas, dejando el terreno libre para que esa indignación la capitalicen los planteos facistizantes de Milei, con discursos “anticasta” que encubren que el fracaso de “la política” deriva de su carácter capitalista, de su rol como vehículo de los intereses de quienes saquean al país.

Para procesar estas divergencias, pero sobre todo para impulsar las luchas obreras y promover la construcción de una alternativa política de los trabajadores, desde el PO insistimos en la necesidad de convocar a un congreso abierto del Frente de Izquierda. Sería un ámbito para involucrar políticamente a los luchadores, y definir en base a eso los candidatos en el marco de una intervención común. Para avanzar a pesar de la resistencia que encontramos a esta propuesta, el Partido Obrero realizará un plenario en el microestadio de Lanús. Allí -junto a protagonistas de las luchas piquetera, del neumático, de residentes, entre otras- se votará una campaña centrada en las consignas “Fuera los políticos capitalistas” y “Por un gobierno de la izquierda y los trabajadores”, y precandidatos para impulsar esta orientación.

Un congreso abierto del FIT-U pondría de relieve la superioridad de métodos de los explotados y los socialistas respecto de las “mesas” del FdT y JxC. Sería superador a buscar dirimir las diferencias políticas en unas Paso, que son el terreno del Estado burgués, sus aparatos y los medios de comunicación. Alertamos a su vez que la intención de solapar en las listas el rol de nuestro partido en la lucha de clases pone en riesgo al Frente de Izquierda en las provincias donde no está la instancia de las internas, como Córdoba y Salta. Los acuerdos alcanzados por el FIT-U hacia las votaciones adelantadas de Neuquén, Río Negro y La Pampa -en listas equilibradas de acuerdo al desarrollo de cada organización- consagraron como candidatos a gobernadores a Patricia Jure, Gabriel Musa y Luciano González Cabiati, militantes del Partido Obrero que pelearán contra los candidatos patronales con esta orientación. Intervenir con listas comunes de la izquierda contribuye a esa delimitación de campos con los que hundieron al país.

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