“Son ellos o nosotros”, dice Javier Milei cuando realiza su arenga antinarcotráfico. El presidente se autopercibe promotor de una batalla sin cuartel contra quienes están esparciendo el terror en la ciudad de Rosario. Pero probablemente le sea muy difícil conciliar ese discurso con su práctica política. Es que existen elementos dentro del elenco oficialista que están vinculados a narcotraficantes.

El primero de ellos es Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia. No solo es un defensor de los hombres que ejercen violencia machista contra las mujeres. En su currículum también figura haber sido abogado defensor de Miguel “Mameluco” Villalba, un capo mafia del narconegocio en Buenos Aires.

Villalba, jefe de un clan familiar capaz de recaudar 22 millones de pesos por día (Infobae, 5/3), fue acusado de ser el ideólogo del asesinato de Candela Rodríguez en 2011. Asimismo, está investigado por lavado de dinero y por vender la cocaína contaminada con carfentanilo que mató a 24 personas en febrero de 2022.

En diciembre pasado, la jueza federal que se dedica a investigar a Villalba envió una nota a Libarona, Javier Alonso (ministro de Seguridad bonaerense), Patricia Bullrich y a Juan Martín Mena (ministro de Justicia bonaerense) para advertirles sobre los vínculos que el narco posee con policías de la Bonaerense. No se conoció acción alguna para atender el problema, todos hicieron mutis por el foro.

Desde Buenos Aires sale el 90% de la droga que se comercializa en Rosario, según Matías Edery, fiscal de la Unidad de Criminalidad Organizada. En marzo del año pasado, se secuestraron allí unos 22 kilos de cocaína pertenecientes a un miembro de Los Monos –banda que cuenta con amparo policial.

Libarona salió a desmarcarse de esto, señalando que “no conoce ni vio en su vida” a Villalba. Pero habida cuenta su historial en la materia, no sería incorrecto poner en tela de juicio sus dichos. Según informes de la Procuración Fiscal de la Nación, el ministro también habría intervenido en la defensa de Iván Villalba, hijo de Miguel, en un juicio por narcotráfico en Paraná.

Libarona también fue abogado defensor del fenecido exintendente de Paraná, Sergio Varisco (Juntos por el Cambio), quien fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por participar en la comercialización de estupefacientes y por tener vínculos con una banda de narcotraficantes.

Y fungió como abogado de Mario Segovia, el rosarino conocido como “El Rey de la Efedrina” que fue detenido en noviembre de 2008 en el aeroparque porteño acusado de contrabando de droga a México.

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Otra persona con vínculos con personas ligadas al narcotráfico es José Luis Espert, el fascista que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Espert es cercano a Fred Machado, un mafioso que está preso por pedido de la Justicia norteamericana y acusado de estafas millonarias y de importar cocaína de Estados Unidos.

Machado financió la carrera política del libertario-macrista, no solo prestándole sus aviones personales y una camioneta 4×4, sino también aportando su dinero espurio. Espert es el mismo que pide “cárcel o bala” para los trabajadores que protestan contra los ataques de los capitalistas y su Estado.

Mal puede Milei combatir el narcotráfico avalando y protegiendo personas que mantienen o mantuvieron vínculos con narcotraficantes. Pero más allá de eso, su política más general está muy lejos de significar una lucha real contra el narcotráfico.

Avanzar en esa perspectiva amerita terminar con la propiedad capitalista de los puertos de Santa Fe, que son verdaderos coladores de droga; desmantelar todas las fuerzas represivas, cómplices de los gángsters narco; y nacionalizar la banca para cortar el chorro del lavado de dinero. Y rescatar a los trabajadores y jóvenes de la influencia narco subiendo los salarios e invirtiendo en la construcción de centros de atención para consumos problemáticos.

No puede terminar con el narcotráfico un presidente que gobierna para la clase capitalista –dentro de la cual hay sectores que se favorecen del narconegocio–, que pide motosierra contra los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación y también todo tipo de prebendas económicas. La situación requiere de la intervención de los trabajadores.

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