Los voceros del albertismo habían echado a correr la bola de que el gobierno preparaba su relanzamiento luego de la Semana Santa. La promesa incluía cambios de gabinete, reemplazando al personal que responde a Cristina Kirchner por tropa propia, y anuncios económicos y sociales de relevancia que dejarán atrás el golpazo que representó el índice de 6,7% de inflación del mes de marzo. Pero como ya sabemos, nada de eso sucedió. Quienes tenían expectativas de que algo de esto sucediera debieron conformarse con muy poco: un bono de miseria por única vez a ser financiado por un impuesto a sectores capitalistas que tuvieron “rentas inesperadas”, acerca del cual no se dieron mayores precisiones y difícilmente pase el filtro del Congreso. Como puede verse, cuando más necesitaba el gobierno ponerse en movimiento ha caído en el peor de los inmovilismos.

¿Distribución del ingreso?

El fin de semana largo solo sirvió para improvisar un nuevo relato. Según el presidente, el gobierno habría logrado dos de sus tres objetivos: el crecimiento económico y del empleo. Ahora restaría cumplir el tercero, referido a la distribución del ingreso. Semejante presentación carece de sustento, ya que es evidente que el empleo solo creció por los salarios de miseria que lo reditúan y las condiciones de trabajo precarizadas. Pero si semejante presentación representa un embellecimiento del incremento de la explotación de los trabajadores, aún más lo es cuando se pretende solucionar la falta de distribución del ingreso mediante un bono de miseria para los trabajadores desocupados, precarizados y un sector de los jubilados. Dicho bono fue presentado como una nueva versión del IFE, aunque hay que decirlo, mucho más devaluada. Es que el IFE original contempló un ingreso de $ 30.000 en tres cuotas durante el año 2020. Pero acumulada desde esa fecha una inflación del 105%, la nueva versión es solo de $ 18.000 en dos cuotas. Si se la mide en relación con la canasta básica de alimentos, la versión original cubría el 58% de la misma y la recientemente anunciada solo el 26%.

Además se excluye a los jubilados que cobran más allá de dos jubilaciones mínimas, el equivalente a unos $ 65.000, cuando la canasta de pobreza ya ronda los $ 90.000. En resumen, los bonos siguen la línea maestra de estos dos años –que hicieron continuismo con el macrismo en el tema jubilatorio- que es hacer pasar la caída histórica de los haberes mediante pagos por única vez que luego desaparecen. Tampoco hay respuestas para los trabajadores conveniados, que en regla general han recibido aumentos de salarios por debajo de la inflación durante este año, luego de una pérdida sostenida de unos 30 puntos en los 4 años pasados.

Solo con el propósito de impresionar, el gobierno dijo que prevé desembolsar por el pago de este bono unos 240.000 millones de pesos. Suena a mucho, pero no pasa de una cifra de miseria. Solo por intereses de las leliq y otros pasivos remunerados, el BCRA pagará este año intereses que rondarán los 2,5 billones de pesos, o sea 10 veces más que lo que insume el bono. Más que distribuir la riqueza, el gobierno la está concentrando. La comparación también es elocuente si se la realiza con la recaudación impositiva, que creció en lo que va del año un 59%, empujada sobre todo por los impuestos al consumo que se pagan sobre los precios finales. Como puede verse, el gobierno les saca a los trabajadores a través del impuesto inflacionario mucho más que lo que devuelve por este bono miserable. A la luz de estos números no debiera sorprender que la distribución del ingreso ha acentuado su carácter regresivo. En los dos años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner la participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó 8 puntos. Si la comparación se hace sobre un período de tiempo más extendido el resultado es aún peor. En el período 2013-2022 la caída va del 53% al 40%. Es ilustrativo recordar que durante esos años gobernaron todos: Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Crisis de fondo

La promesa de que este bono miserable se financiará con un impuesto a las “rentas inesperadas” pareció otra maniobra de corto vuelo pergeñada en Semana Santa. Resultó llamativo que el ministro Guzmán estuviera encerrado durante días con su equipo económico, pero que no pudiera dar precisiones. Aclaró que alcanzaría solo al 3,2% de las empresas, y que si estas resolvieran reinvertir esas ganancias “inesperadas” podrían descontar dicha inversión del pago del impuesto. Si el IFE nuevo es una versión desmejorada de la original, el nuevo impuesto sería una versión aun más devaluada que el tributo por única vez que se cobró bajo la pandemia a algunos capitalistas. Esto, claro, si logra la aprobación parlamentaria.

Resulta evidente que el anuncio sobre el impuesto es más una maniobra política que una política recaudatoria real. La maniobra tiene dos destinatarios: por un lado, buscar cerrar la propia división del gobierno, colocando al kirchnerismo en la posición incómoda de apoyar a Guzmán ante el embate seguro del macrismo, y por el otro hacer pasar el ajuste a los trabajadores, enarbolando la bandera de que se afecta los intereses de sectores capitalistas. Es posible que estos asuman su papel en esta farsa, emitiendo declaraciones contrarias al cobro de un nuevo impuesto, como si de fondo afectara realmente sus intereses. Mientras tanto, seguirán beneficiándose con una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo en la Argentina, y una fuga de capitales que se fagocita la riqueza creada por los trabajadores. Para ver la magnitud de esta fuga, alcanza con señalar que durante el mes de abril las exportaciones agropecuarias alcanzaron los U$S 1.504 millones, superando las entradas del 2021. Pero mientras que en abril del año pasado el Banco Central había comprado U$S 882 millones, este año logró hacerse solo de U$S 80 millones.

El vaciamiento financiero del país por los capitalistas convive con las ganancias “inesperadas” que les otorga el gobierno a los fondos de inversión y especuladores de diverso tipo. La colocación de nueva deuda en pesos, que supera todo lo visto hasta el momento, permite ganancias extraordinarias que rondan el 3% mensual en dólares. Se trata de una bicicleta financiera de corto plazo, que cuando se corte producirá un salto del tipo de cambio que llevará la inflación a niveles aun superiores a los que tenemos en la actualidad. En la Argentina las devaluaciones han sido el principal motor de los saltos inflacionarios, pero resulta llamativo que en la actualidad la tasa alta de inflación conviva con un atraso cambiario. Esto explica que una hiperinflación empiece a ser considerada cada vez más como una posibilidad cierta en un futuro cercano.

El kirchnerismo

El declive del gobierno ha llevado al kirchnerismo a buscar una diferenciación que le evite pagar el costo político por haber encumbrado a Alberto Fernández en la presidencia y por haber acompañado el ajuste en sus primeros años de gobierno. Sin embargo, esa diferenciación encuentra límites evidentes. La posibilidad de posar como opositores mientras usufructúa los cargos en el Estado choca con la obligación de implementar el ajuste pactado con el FMI. Un punto clave en este sentido será la cuestión de las tarifas. Guzmán acaba de avanzar en la convocatoria a las audiencias públicas para imponer el tarifazo pactado con el FMI. Lo hizo con la anuencia del secretario de Energía, Darío Martínez, que orbitaba cerca del kirchnerismo. Pero ahora tienen que colocar su aval dos kirchneristas de paladar negro, Federico Basualdo y Federico Bernal, que manejan las áreas de electricidad y gas respectivamente. Si estos ponen su firma, la supuesta resistencia del kirchnerismo ante el ajuste del FMI perderá todo sustento. Si en cambio deciden renunciar, la crisis política pegará varios saltos.

Aunque todas las variantes están sobre la mesa, lo cierto es que el pronóstico más fundado anticipa una capitulación. Ni Cristina Kirchner ni su hijo Máximo han presentado un plan alternativo al pacto con el FMI. Su oposición no ha pasado el mero declaracionismo. Además, no puede pasarse por alto que el kirchnerismo es una corriente política compuesta por el funcionariado del Estado. Un reciente estudio muestra que la mayor porción de los funcionarios del Poder Ejecutivo (70%) responde al kirchnerismo. La orden de salida del gobierno difícilmente sea acatada por la totalidad de sus miembros, que no querrán perder los beneficios que detentan.

La maniobra de dividir el bloque del Frente de Todos en el Senado ciertamente tiene por objeto un carguito más en el Consejo de la Magistratura testimoniando la urgencia y cierta desesperación kirchnerista por el control de la Justicia, ante el golpe de mano de la Corte. Pero al mismo tiempo la división expresa una fractura expuesta, el carácter minoritario de Unidad Ciudadana (el sugestivo nombre del nuevo bloque) y el debilitamiento general del gobierno. Otro de los últimos cartuchos.

La importancia del 1° de Mayo

En este cuadro de crisis de conjunto se realizará el acto del 1° de Mayo. El mismo fue precedido por luchas muy significativas del movimiento piquetero, que han golpeado al gobierno y tallado en la crisis política. La importancia de un programa basado en la independencia política de los trabajadores ante el Estado y las corrientes capitalistas se ha demostrado como central, porque solo las corrientes independientes pueden luchar sin condicionamientos por los reclamos populares. Así, el contraste entre la actividad del movimiento piquetero y la burocracia sindical no puede ser más evidente. Mientras uno lucha con todos los medios a su disposición para conquistar reclamos sentidos por el pueblo, la burocracia acepta paritarias a la baja y apoya el acuerdo con el FMI. Otro tanto se observa en el movimiento obrero si miramos la gran huelga docente misionera autoconvocada o el shockeante paro general de las tres plantas del Sutna el martes 19 de abril en el marco de la revisión paritaria que obligó a Moroni a acudir de urgencia con una conciliación obligatoria.

Las implicancias políticas de esta crisis y de las luchas que se desarrollan son evidentes. La crisis del gobierno en todas sus variantes plantea la necesidad de una acción de la izquierda revolucionaria para plantarse como alternativa política. Para ello requiere dotarse de un programa y de una base popular masiva. Crear un movimiento popular bajo banderas socialistas es la gran tarea de la etapa. Con ese objetivo el Partido Obrero convoca al acto del 1° de Mayo del Frente de Izquierda que se realizará en Plaza de Mayo y en todas las provincias del país.

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