Los 105.150 millones de pesos para subsidios a las empresas energéticas y el debate sobre el aumento de tarifas al interior del oficialismo dejó al desnudo, en los últimos días, un problema de fondo. Dentro del gobierno discuten entre Martín Guzmán y el ala kirchnerista si hay aumento del 15% o del 9%, rebajando o manteniendo subsidios. Cabe aclarar que dicha discusión solamente se extiende al Área Metropolitana (Amba), mientras en nueve provincias del país ya los precios aumentaron entre el 15% y el 35%.

La cuestión de raíz consiste en que se puede discutir cuánto se deja de subsidiar y cuánto no, pero no está permitido poner en tela de juicio las exorbitantes ganancias de los pulpos energéticos que dominan el sistema desde la privatización menemista. Hay inflación con emisión o con aumento de tarifas, porque la plata está en las cuentas bancarias de las concesionarias y no en los bolsillos populares. Prima el ajuste fiscal, pero sin tocar las bases económicas “heredadas” no tan solo de Macri, sino desde los ’90 pasando por todo el período kirchnerista.

La razón de este ajuste es la deuda. Si quedaban dudas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Alberto Fernández se encargaron de disiparlas. En plena gira europea elogiaron el “modelo portugués”, que pagó los empréstitos bajando 20 veces el déficit fiscal en 4 años con 25% de rebaja salarial, aumento de la edad jubilatoria y reforma laboral. Cualquier relación con el “modelo argentino” de jubilaciones más de diez puntos abajo de la inflación, quita del IFE y una paritaria estatal con 15% de rebaja real, no es pura coincidencia.

Las peleas, entonces, no aparecen discutiendo una orientación, sino como reflejo del fracaso de una política económica y el miedo a que esta influya de forma electoral.

Tarjeta ajustar

La ampliación de la Tarjeta Alimentar que vociferó el gobierno no tiene más finalidad que disimular este ajuste en curso, con un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia, paritarias a la baja y una inflación en los alimentos de casi el 14% en el primer trimestre. La medida es “galletita de agua para hoy y hambre para mañana”, con un aumento que en la mayoría de los casos equivale a 200 pesos por día (menos que un kilo de pan).

La medida, a su vez, es limitada en su alcance: llega a 1,9 millones de hogares mientras son 2,9 (casi un 50% más) los que están bajo la línea de pobreza. No es un argumento sustentable la falta de recursos, ya que los 250.000 millones de pesos que esto conlleva contrastan con el gasto de 1,2 billones en todo el año para hacer frente al pago de Leliqs (cien mil millones mensuales) o el pasaje de centenares de miles de millones de la deuda en pesos a bonos indexados por CER con nuevas e incrementadas tasas de interés real, otro negociado escandaloso del capital financiero.

La disputa generada entre el “Triunvirato Cayetano” y la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) con el gobierno sobre este asunto acaparó la atención de la semana. Ocurre que en las últimas semanas desde Olivos lanzaron un nuevo empadronamiento del programa Potenciar Trabajo, especialmente para el beneficio de los intendentes, que fueron los primeros en enterarse y lanzar la iniciativa. No obstante, aún con esa ventaja, solo el 20% de las personas empadronadas lo hizo a través de los gobiernos municipales, mientras que el 80% lo realizó a partir de las organizaciones sociales. Esto llevó a los intendentes a poner el grito en el cielo y al gobierno a extender el financiamiento de la tarjeta, que es un dinero de asistencia social que no pasa por estas organizaciones. Los reclamos de Grabois y Pérsico (funcionario de ese mismo gobierno) por “trabajo”, que en realidad es financiamiento para emprendimientos precarizados, deben analizarse con este trasfondo: no superar la falta de trabajo sino promover el empleo basura, precarizado mediante planes sociales en tareas económicas mayormente marginales. Los Pérsico y los Grabois son parte de un gobierno que destruyó dos millones de puestos de trabajo y hablan de trabajo, debido a múltiples factores más allá de pandemia, desinversión, fuga de capitales, destrucción del mercado interno por desvalorización de la fuerza de trabajo activa y pasiva, tasas usurarias, devaluaciones, liquidación de la obra pública, cero vivienda popular, desindustrialización, etc. En definitiva, los pioneros de la “economía popular” ni se quejaron por la quita del IFE ni por el plan fondomonetarista del gobierno. Es el movimiento piquetero independiente, con el Polo Obrero a la cabeza, el que viene denunciando el ajuste del gobierno y reclamando la universalización de los programas sociales y un seguro al desocupado de 40.000 pesos de emergencia, mientras los Grabois y Pérsico continúan siendo funcionarios, con o sin cartera, del gobierno nacional. Las críticas suelen jugar el papel de “contener” por izquierda, por un lado, y a sostener un aparato propio, por otro. Pérsico y Grabois son parte de un gobierno que aplica la política asistencial del Banco Mundial, fuertemente apoyada por el Papa, por eso critican solo cuando les tocan su “proyecto” de precarización laboral.

La cuestión, sin embargo, tiene otro punto importante. Resulta significativo el retroceso del aparato de los intendentes, particularmente en el Conurbano, que quedó expuesto como nunca con el fracaso de este empadronamiento. En definitiva, entre el gobierno, los intendentes (oficialistas y opositores) y estas organizaciones ligadas a la Rosada se discute cómo administrar la escasa asistencia.

La crisis económica lleva al gobierno a choques políticos. Pero el contenido de estos choques no pone en cuestión la orientación general, sino cómo ajustar y sobre todo cómo contener. El miedo a una derrota o retroceso electoral y los desplazamientos políticos entre sectores “de derecha” y “de izquierda” al interior del gobierno aparecen en este marco en el que nadie por ahora saca los pies del plato.

Hecha la ley

El gasto social que no se quiere desembolsar se vio también en la ley que el gobierno envió al Congreso esta semana, con el fin de regular las medidas a tomar frente a la pandemia y “blindar” las disposiciones del ejecutivo. El texto no incluye ninguna nueva restricción a la circulación ni ayuda social alguna. El gobierno mantiene la línea del Presupuesto 2021, casi como si la pandemia no existiera.

La anulación de las clases presenciales en lugares de “alerta sanitaria” es muy limitada. En primer lugar, porque se rige por un índice 2,5 veces mayor a la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría. A su vez, resulta tardía, con 30 docentes fallecidos en todo el país. Pero lo más relevante es el significado y el rol político que ocupa esta medida. Es cierto que la apertura de la presencialidad es un reclamo patronal, lo que genera el rechazo a esta ley de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el gobierno también busca priorizar la actividad frente a un posible desmadre sanitario y busca no tocar la producción, es decir, las ganancias de las empresas. Medios distintos para un mismo objetivo.

El cierre de colegios pretende, entonces, mantener las fábricas abiertas en un contexto en el que la segunda ola dejó un piso de entre 15 mil y 20 mil casos diarios, lo que genera un peligro enorme para lo que viene. Mientras esto ocurre, el magro nivel de vacunación (3,13% de la población completa, 17% con una sola dosis) hace que el gobierno festeje los cuatro millones de vacunas de AstraZeneca. Además de tardía (el contrato es por 22 millones) esta llegada es insuficiente, porque muchas deberán ser destinadas a la segunda dosis (si es que eso es posible), por lo que lo más probable es que no haya más de un cuarto de la población vacunada ni siquiera a medias a mediano plazo. Con el invierno a la vuelta de la esquina.

El espanto de la rebelión

Del otro lado del mostrador de esta política, las movilizaciones de la clase obrera se abren paso. Esta semana los choferes de la UTA hicieron cortes en Puente Pueyrredón, Liniers, Panamericana y otros lugares por la defensa del salario y por la vacunación. Los docentes siguen peleando en CABA contra la presencialidad de Larreta, con paro y movilización a Jefatura, mientras que las asambleas ambientales coparon Chubut con cortes de ruta. Se suman a las peleas de los últimos meses, con casos como el de la salud de Neuquén, el movimiento piquetero en todo el país, los vitivinícolas de Mendoza, los obreros del citrus en Tucumán. Y la Unidad Piquetera avisó que si no se levantan los 50.000 Potenciar Trabajo que fueron volteados, arde Troya.

No es raro entonces que Alberto Fernández explicite su interés en que “el pueblo colombiano retome la paz social”. En definitiva, el paquete fiscal de Duque es un plato con condimentos similares a cualquier política fondomonetarista. El país podrá estar en otro kilómetro, pero el camino es el mismo.

Lógicamente, para darle una expresión política a todas estas luchas y capitalizarlas en tanto pelea contra el ajuste y el régimen de conjunto se necesita una política correcta. Llevarla adelante es una necesidad y una responsabilidad de la izquierda, con el FIT-U como su expresión más importante.

Es por eso que propusimos (y volvemos a hacerlo) un congreso del Frente de Izquierda-Unidad para poder, a través de la deliberación, darle rienda a esa alternativa política en esta etapa, con el proceso electoral por delante. Lo proponemos con una convicción concreta: a ellos los une el ajuste y el espanto a una rebelión. Solo los trabajadores podemos darle una salida a esta crisis.