Mucho dieron que hablar las declaraciones de Claudio Lozano en una entrevista en C5N, en la que propuso la creación de una moneda no convertible a dólares para financiar políticas sociales que afronten el desplome del poder adquisitivo de la población. La sugerencia del titular del Banco Nación es, lisa y llanamente, que las consecuencias del saqueo de las divisas las paguen los más pobres.

Analizando la estrepitosa derrota electoral del Frente de Todos, resultado indiscutible del ajuste sobre las condiciones de vida de las familias trabajadoras y la desorganización económica, el dirigente de la formación centroizquierdista Unidad Popular intentó ofrecer una salida a la disyuntiva que se le presentaría al gobierno, entre incrementar el gasto público y los efectos inflacionarios que tendría esa mayor emisión monetaria. La solución de Lozano es tan poco original que la principal tendencia en Twitter fue “patacón”.

En concreto, planteó como interrogante: “¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población?”, y aclaró: “una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”. Tendríamos entonces a millones de trabajadores cobrando en cuasimonedas, algo que cualquiera de más de treinta años asociará a las épocas de quebranto del Estado, cuando recurre a pagar en bonos a sus trabajadores, jubilados y beneficiarios. ¿Eso para qué?

Lozano argumenta que el problema no lo generan quienes cobran un IFE (claro), sino quienes después obtienen ganancias por un mayor consumo y las vuelcan a la especulación. Sin embargo, la solución propuesta es… a costa de quienes perciban un ingreso asistencial de indigencia, que ahora recibirían un bono que se depreciaría seguramente con mayor velocidad que el peso -precisamente por ser inconvertible en medio de una corrida cambiaria latente. A los fines prácticos, es un reforzamiento del cepo, pero solo para los trabajadores. Para esclarecer la canallada basta agregar que no eligió mejor momento que las vísperas de la presentación del proyecto oficial de Ley de Hidrocarburos, el cual abre el grifo para que las petroleras puedan acceder a dólares para girar sus utilidades al exterior.

Esta última referencia no es arbitraria. Los pulpos de los hidrocarburos reciben subsidios millonarios del erario público en el marco del Plan Gas, que les garantiza altos precios dolarizados, pero a Lozano no se le ocurre combatir la inflación desindexando el insumo básico de la matriz energética del país, ni pagarle a los Chevron con patacones, cuando se trata de uno de los grandes sectores capitalistas que protagonizaron la fuga de capitales -con una huelga de inversiones fenomenal. El financiamiento de los subsidios a las energéticas, que crecieron en un 85% en el año, se costea con el recorte a las jubilaciones, salarios y prestaciones sociales.

Por eso es una impostura su pose crítica, al aludir que la derrota es consecuencia del “fracaso del gobierno a la hora de frenar a los formadores de precios”, lo cual “le cambió el signo a la reactivación (…) se recompuso la actividad económica con respecto al pozo, pero con niveles de actividad incluso superiores a la prepandemia la pobreza sigue más o menos en el mismo nivel”. Para ilustrar con el mismo ejemplo, las petroleras recuperaron la producción batiendo récords en cantidad de fracturas por equipos con menores dotaciones de trabajadores, es decir a costa de la superexplotación obrera. El hecho es que la reactivación, en los términos de una recomposición de la rentabilidad capitalista para estimular la economía, se basa precisamente en la desvalorización de los salarios para abaratar el “costo laboral”.

Lo dicho alcanza para notar la hipocresía de su llamado a “modificar el control del sistema de precios (…) pensar en un control social, no solo del Estado”. Lo que se requiere es la apertura de los libros de las cadenas de valor al control obrero, para cortar de plano con los sobreprecios y la especulación especialmente en aquellos eslabones donde mayor es la concentración empresaria. Su propuesta de “sentar a todos los actores” marca el paso en las mesas sectoriales que solo sirvieron para pactar paritarias por debajo de la inflación, y poner en agenda la reforma de los convenios colectivos de trabajo. Finalmente, la idea de un pacto social es la más típica encarnación de la conciliación de clases que caracteriza los planteos de la centroizquierda, como Unidad Popular, y ya vemos en la práctica su contenido reaccionario.

Según el presidente del Banco Nación, esta medida formaría parte de una discusión “más en serio” de las regulaciones cambiarias, que entre otras cosas “implica discusión del comercio exterior”, puntualizó, y remató: “No puede ser solamente una alquimia financiera de compra-venta de bonos, donde yo además gasto reservas”. Llegamos al corazón del fraude. Las quiebras de Vicentin y Molinos Cañuelas pusieron en evidencia la colaboración de la entidad que ahora conduce Lozano con las operaciones fraudulentas de vaciamiento perpetradas por las grandes compañías ligadas al rubro grueso del comercio exterior y la fuga de capitales. Como confirma el caso de la mendocina Impsa, del grupo Pescarmona, no son casos aislados. Vale señalar que la huelga de inversiones que asoma detrás de todo esto es la raíz por la cual todo peso que se suma a la circulación suma tensión inflacionaria y cambiaria.

Por lo demás, la principal tarea de su titularidad en el Banco Nación es empapelar sus arcas con los bonos de deuda del Tesoro, para rescatar las licitaciones de títulos en pesos con que Martín Guzmán intenta no salirse del libreto del FMI, de restringir la emisión monetaria (a fuerza primariamente de ajuste del gasto público, claro está). En esas rondas la banca y los fondos de inversión -los agentes de toda estampida al dólar- reciben, a cambio de refinanciar sus vencimientos, bonos indexados a la inflación o linkeados a dólar. Es el trato opuesto del que propone Lozano para las familias trabajadoras, a las que le tocarían papeles “inconvertibles”.

La crisis de la coalición oficial tras la histórica cachetada de las Paso revela, antes que nada, las contradicciones de toda la política de ajuste guiada para allanar la firma de un nuevo programa fondomonetarista. Esa es la base de la “combinación de decepción, desilusión, apatía, bronca” que acusa el dirigente de la UP, pero también muestra la falacia del discurso de apostar a “que haya un cambio sustantivo en el rumbo de la gestión”. La disyuntiva entre recomponer el nivel de vida y los ingresos de los trabajadores sin desatar una hiperinflación o una corrida cambiaria se resuelve únicamente con un plan económico debatido y dirigido por la clase obrera, partiendo de cesar el pago de la deuda externa que consume las reservas internacionales del Banco Central, la nacionalización de la banca y del comercio exterior para cortar la fuga de capitales, e invertir los recursos en un curso de desarrollo nacional.

La propuesta de volver a los patacones confirma que la integración al Estado de la centroizquierda es directamente proporcional de su debacle política.

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