Si se compara el fallo del juez Claudio Bonadío, en la primera instancia, con el producido por la Sala II de la Cámara Federal, en la apelación, dos meses después, se observan diferencias sustanciales. El juez sobreseyó, correctamente, al maquinista que protagonizó el accidente, Mario Antonio Córdoba, a quienes los titulares de TBA hacían responsable de la masacre. Los jueces de la Cámara lo imputan ahora, con el mismo nivel de responsabilidad que los titulares de TBA o el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, de la burocracia de La Fraternidad, cuando el maquinista es una víctima de la asociación ilícita que preparó el escenario de la masacre de Once.

En las comunicaciones previas que figuran en el expediente, el 15 de febrero de 2012 -siete días antes de la masacre-, reporta: "Tengo un problemita, me está costando un montón frenar. No me levanta más de dos kilos (el equipo debe llegar a 8,5). En segundo lugar, el juez procesó a los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como a los empresarios de TBA, por ser parte de una asociación ilícita "organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en TBA, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional". El juez añadió que los funcionarios y los integrantes de los organismos de control "cuando detectaban anormalidades omitieron accionar en consecuencia".

Schiavi, dice el fallo, tuvo conocimiento reiterado del mal estado de los trenes de TBA a través de informes de la CNRT (organismo de control). Sin embargo "como autoridad máxima de la secretaría de Transporte no tomó ninguna medida al respecto". Jaime, secretario anterior, al igual que aquél, "no tomó siquiera una sola medida tendiente a revertir la precariedad en la cual la empresa TBA prestaba el servicio". A los dueños de TBA, a los hermanos Cirigliano, y al ex presidente de la empresa, el juez los procesó por estrago doloso a raíz de los delitos de descarrilamiento agravado por muertos y lesionados, asociación ilícita y defraudación contra el estado.

Pero la Cámara Federal resolvió que todos los procesados -empresarios, funcionarios y ejecutivos- están en un nivel similar de imputaciones y responsabilidad, pese de estrago doloso a culposo. ¿Qué significa esto? Que quien provocó el daño lo hizo "por imprudencia o negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos". Desaparece la "asociación ilícita" o la "prefiguración del delito", y la pena no puede exceder de los cinco años de prisión.

Al mismo tiempo, la prisión que el juez había dictaminado para los empresarios titulares de TBA -a la vez de Cometrans y Grupo Plaza- quedó en suspenso. El fallo de la Cámara habría sido recibido "con alborozo" en las oficinas del holding controlante de TBA (Ambito, 14/1). En particular, los abogados de los empresarios "celebraron que la Cámara haya revocado el sobreseimiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba… que será la figura central en el debate oral por presunto estrago" (ídem).

Desguace de la causa

Es cierto que los jueces de la Cámara agravaron la situación de los ex funcionarios por la expectativa de penas, que, sumadas, podrían llegar a superar los diez años. Pero ello es parte de la construcción de un escenario que deja afuera a los empresarios, y vuelve a imputar al maquinista. Según informan varios medios, los abogados de TBA pedirán ahora a la Sala II de la Cámara de Casación que todo lo actuado en materia de los subsidios que la firma cobró y malversó pase a manos de otro juez. Se consumaría así un desguace de la causa. Anteriormente, ya se había separado la parte de la causa que investiga irregularidades en la búsqueda del cuerpo del joven Lucas. Mientras los privatizadores siguen sosteniendo sus negocios con el Estado, en el plano judicial se ensaya un cuidadoso operativo dirigido a aminorar la carga de sus responsabilidades.