Políticas

4/6/2024

Pettovello, Sturzenegger y la “asociación ilícita” del Estado mileísta

De los sobresueldos y contratos truchos a la propuesta de un nuevo curro a costa de hambre de la gente.

Siguen apareciendo hechos de corrupción en Capital Humano.

El gobierno nacional está inmerso en una crisis política que no hace más que escalar. Mientras intenta tomar aire tras la reconfiguración de gabinete provocada por la salida de Nicolás Posse, siguen destapándose escándalos que vinculan a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a hechos de corrupción. Los libertarios, que subieron al poder supuestamente para terminar con el curro de la política, quedaron en evidencia en apenas meses que son otros delincuentes que usan los resortes del Estado para enriquecerse y alimentar los negocios de capitalistas amigos.

Al affaire de los 6 millones de kilos de alimentos retenidos por el gobierno en un galpón cuando vemos un crecimiento inusitado de la pobreza y la indigencia, se han sumado otros casos que golpean de lleno al elenco oficialista. Acaba de salir a la luz que la comida secuestrada no fue adquirida únicamente por el gobierno anterior, como afirmaban los funcionarios, sino que el grupo comandado por Pettovello compró comida a empresas denunciadas por ellos mismos por direccionamiento, sobreprecios, cartelización en las compras y falta de trazabilidad.

En este marco Federico Sturzenegger, que gana peso en el armado político oficialista, propuso armar otro negocio alrededor de la entrega de alimentos. Promueve un sistema que consiste en la contratación de “órdenes de compra” a empresas para que garanticen las entregas cuando así lo requiera el Estado ante casos de emergencia. Un “seguro” que abriría un nuevo kiosko para especular con dinero público a cuenta de dudosas entregas futuras.

No son suposiciones sin fundamento. Acaba de salir a la luz que dos funcionarios de Pettovello están implicados en una defraudación millonaria organizada por ellos desde el Mercado Central durante el gobierno anterior.

Uno es Fernando Szereszevsky, mano derecha de la ministra, exfuncionario de Menem y quien ocupó un cargo en el Mercado Central en varias oportunidades (incluso con Cristina Kirchner); el otro es Javier Gustavo García Re. Un caso es por un fraude de 27 millones de pesos en contratos a la empresa Trisur Electromecánica para reparar una línea de media tensión dentro del predio del Mercado Central, cuando no consta en los registros ni fallas ni que la empresa en cuestión se haya presentado. También están bajo investigación por direccionar la contratación de un proveedor por 10 millones de pesos para favorecer a la empresa YLUM SA.

Estos hechos ponen las cosas en su lugar. Los que acusan a las organizaciones piqueteras de fraude al Estado mediante la presentación de facturas truchas -después de quedarse sin base su denuncia por negociados con los comedores- son los que armaron su elenco de funcionarios reclutando a verdaderos ladrones que se valen de ese modus operandi para robar fondos públicos. Lapidario.

Con la salida de Pablo De la Torre, acusado por el propio gobierno por manejos irregulares de los contratos del Estado, se buscó cortar la cadena de responsabilidades antes de que alcance a la ministra. Pero el convenio entre Capital Humano y la Organización de Estados Iberoamericanos, que permitió a los funcionarios manejar cajas negras para montar un esquema de pago de sobresueldos y contratación de ñoquis, fue firmado por la propia Pettovello.

Con el dinero girado por ese organismo se contrataron hasta estafadores, según lo demuestra una planilla de Excel del exdirector administrativo de la Secretaría de la Niñez, Federico Fernández. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jennifer Soledad Moizo, denunciada por estafar a alumnos y familias con supuestas becas y viajes a Nueva York. Trascendió que Fernández fue increpado por una patota que responde a Pettovello, cuyos integrantes le habrían apuntado con una pistola para que no cuente lo que sabía sobre los ñoquis.

Lo más absurdo de todo es que la denuncia que hizo el mismo gobierno por irregularidades en Capital Humano cayó en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato de Milei para la Corte Suprema.

Mientras salta pus por todos lados, el gobierno ataca duramente a las organizaciones sociales y empobrece a los trabajadores. En lo que va del año, del presupuesto nacional destinado a los comedores escolares el gobierno ejecutó apenas el 10%. El recorte a los comedores y merenderos populares fue del 42%. A esto se añade que las transferencias a la Tarjeta Alimentar y la AUH quedaron carcomidas por la inflación, con montos que apenas costean la mitad de la canasta de indigencia.

El gobierno nacional intenta ocultar sus porquerías atacando a las organizaciones sociales y piqueteras, que son las que están a la vanguardia de la lucha contra el hambre en Argentina. Los “antiestado” mostraron la hilacha rápidamente: son otros corruptos empobrecedores que curran con la gestión del Estado capitalista, cuyos resortes utilizan para estigmatizar y perseguir a quienes luchan contra las injusticias y para satisfacer los intereses de los capitalistas sobre la base de atacar las condiciones de vida de los trabajadores.

Abajo el plan Milei. Basta de perseguir a los que luchan.

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