El gobierno se “prepara” para la próxima renegociación con el FMI cumpliendo uno de sus principales reclamos: la renegociación de los contratos de las privatizadas.

En mayo firmó con la norteamericana Edelap (distribuidora de energía en el Gran La Plata) un contrato verdaderamente escandaloso, que prevé un aumento de tarifas del 23% para los usuarios no domiciliarios, el perdón de las deudas por multas ocasionadas por incumplimiento de contrato y la promesa de una “revisión general” de las tarifas, incluyendo a los usuarios residenciales, para el año próximo.

Edesur, que originalmente rechazó firmar un contrato similar, reclamando el aumento inmediato de las tarifas domiciliarias, acaba de anunciar que está dispuesta a aceptar una renegociación similar a la de Edelap: un aumento de las tarifas no residenciales de hasta el 23%. La razón del “giro” de la española, según los diarios, es un pedido directo de Zapatero para “ayudar a Kirchner en un año electoral” (El Cronista, 13/6). Según el mismo diario, “para 2006, la promesa a Endesa es una negociación más profunda, incluyendo la tarifa residencial”. Es decir que han pactado un tarifazo general… en dos cuotas.

Las empresas eléctricas y de distribución de gas recibirán otro “regalo” del gobierno: la ley que crea los “cargos tarifarios” para la financiación de obras de infraestructura y extensión de las redes. Serán sumas que el gobierno impondrá unilateralmente a los usuarios (tanto en el monto como en la duración) pero que no ingresarán al presupuesto del Estado sino a los fondos fiduciarios, cuyo manejo es arbitrario. La ley dice que los cargos atenderán “el repago de las inversiones y de cualquier otra erogación” originada en la ejecución de las obras. “¿Qué significa cualquier otra erogación?: lo que uno interprete libremente, pues no se aclara” (Clarín, 14/6). Estos cargos arbitrarios, “de dudosa constitucionalidad” (ídem), liberan a los aumentos de tarifas y al presupuesto estatal de la financiación de las obras de infraestructura. Las privatizadas se embolsarán los aumentos; el FMI y los acreedores se embolsarán el superávit fiscal; los usuarios pagaremos las obras.

También en el caso de Aguas Argentinas el gobierno anunció que está “cerca del acuerdo”. Prevé dos aumentos tarifarios por el 20%, la condonación de las deudas por multas por inversiones no realizadas y masivos aportes del Estado nacional, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para las futuras inversiones. Lo que todavía dificulta el acuerdo es el reclamo del pulpo francés de que el Estado se haga cargo de parte de la deuda acumulada de la empresa, mediante un préstamo del Banco Nación, a 18 años de plazo y a una tasa subsidiada. Nadie espera, sin embargo, que por este motivo se rompan las negociaciones. Como frutilla del postre, el gobierno nacional “pasaría por alto” el generalizado incumplimiento de la empresa en Santa Fe, que llevó a la rescisión del contrato.

Hay más escándalos relacionados con las privatizadas: acaba de aprobarse la continuidad de la dolarización de las tarifas de las terminales portuarias y un aumento del 15% de los peajes. El mecanismo para su aprobación fue tan escandaloso como el acuerdo. Para evitar el debate público, aunque tienen mayoría en la Cámara, los diputados del oficialismo dejaron sin quórum la sesión que debía tratar el convenio. Por lo tanto, la renegociación fue aprobada de manera “ficta”, es decir que fue aprobada porque no hubo votación en contra. Esta forma de aprobación de los contratos es un hecho sin precedentes en la rica historia de trapisondas del Parlamento argentino.

El gobierno se “prepara” para negociar con el FMI con tarifazos del agua, la electricidad, el gas (que son sólo un anticipo de los que vendrán el año que viene) y con millonadas de subsidios a las privatizadas.

Así “resiste” el gobierno nacional y popular.