En el mismo día de la accidentada jura de legisladores bonaerenses -al momento de cerrar esta nota seguía sin definirse la presidencia del bloque de Juntos en Senadores por la disputa entre vidalistas y larretista con el macrismo-, Axel Kicillof oficializaba los cambios en el gabinete provincial en un acto realizado en Pilar. En el evento, el gobernador lanzaba los “10 puntos para la reconstrucción y transformación de la provincia de Buenos Aires”. El pomposo título del “programa” es toda una confesión de la crisis social, económica y sanitaria por la que atraviesa el Estado bonaerense y retrata el fracaso de un kirchnerismo que asumió en diciembre del 2019 con la pretensión de “reconstruir la tierra arrasada” dejada por Vidal en su paso por la gobernación.

 El nuevo gabinete de Kicillof

Entre los miembros ingresantes al gabinete se encuentran Alberto Sileoni al frente de la Dirección de Escuelas, Daniela Vilar, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín como ministra de Ambiente, el massista Jorge D´Onofrio en Transporte y la camporista Florencia Saintout como titular del Instituto Cultural. El “equipazo” en la definición de Kicillof se presenta como un intento del gobernador por equilibrar la balanza después de la “intervención” pejotista pos derrota en las Paso. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho porque Kicillof cuenta como tropa propia a ministros ajenos, entre estos, al nuevo ministro de Transporte que llegó de la mano de Sergio Massa. Kicillof hizo notar las diferencias cuando presentó a Vilar y a Saintout como compañeras y a D´Onofrio por su nombre y apellido.

Más allá de la nota de color, lo cierto es que Daniela Vilar y su esposo Federico Otermín (ratificado como presidente de la cámara baja) reportan directamente a Martín Insaurralde, quien tiene línea directa con Manzur, Alberto Fernández y la Rosada. Insaurralde es parte de la ofensiva del PJ bonaerense para esmerilar a La Cámpora, y, de ser posible, bloquear la asunción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

El exintendente lomense, jefe político de Otermín, no oculta sus ambiciones como candidato a gobernador para el 2023. Saintout, con las acciones en baja desde que fuera derrotada por Julio Garro, el intendente platense del Pro, está alineada con Máximo Kirchner y por lo tanto integrada a las idas y vueltas entre el hijo de la vicepresidenta y Kicillof. Una eventual disputa en el Frente de Todos por la gobernación podría tenerlo a Máximo como antagonista del “Kici”.

Disparen sobre la educación pública

El enroque de la ahora exministra de Educación bonaerense, Agustina Vila, por Alberto Sileoni, el ex ministro nacional de Educación bajo el gobierno de Cristina, debilita a Kicillof. Por eso, cobijó a su protegida Vila en una secretaría de la gobernación. Los antecedentes de Sileoni lo muestran como un hombre de fuertes vínculos con la Iglesia y la burocracia sindical pero también como un sponsor del capital y su injerencia en la educación en nombre de la “vinculación de la escuela con el mundo del trabajo”.

En los 10 puntos presentados en Pilar hay de todo, como en botica para impostar el “relanzamiento” de un gobierno derrotado, pero sobresale el llamado “plan de formación laboral joven”. En el punto 7, este contempla la reducción de aportes patronales para contrataciones de jóvenes y subsidios de “hasta 15.000 pesos” para los “pibes y pibas que hagan prácticas laborales”. Luego del escándalo con Larreta en Capital, Kicillof hace lo mismo en la provincia de Buenos Aires: detrás del “mundo del trabajo” están los capitalistas que quieren reforma laboral y mano de obra barata. Según difundió el gobierno, el “Plan para la Digitalización y Formación laboral de los Jóvenes” incluirá “practicas profesionalizantes” de las secundarias técnicas y especializadas que hoy se realizan en 5.600 empresas privadas, organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil para “acercar a los jóvenes al ámbito de la producción y el trabajo”.

Alberto Sileoni asume como ministro de Educación cuando el gobierno del Frente de Todos ultima las roscas para que se vote el Presupuesto provincial de ajuste 2022 en común con la oposición derechista. El Presupuesto de Kicillof está hecho a la medida y bajo la auditoría del FMI y los bonistas para garantizar el pago de la fraudulenta y usurera deuda externa. Si algo distingue al presupuesto del Frente de Todos es su contenido precarizador y los 8.000 “nuevos cargos” en educación (ATRs) por fuera del Estatuto del Docente y carentes de derechos laborales y licencias por ser contratos a término. No hay transformación de la educación sino continuidad de la precarización laboral y educativa. Está por verse qué pasa con la gastada cantinela de la reparación de escuelas (Programa “Escuelas a la Obra”) que sigue a paso de tortuga y encima condicionada por la inversión millonaria en las “mini gobernaciones” de Kicillof (Casas de la Provincia) al servicio de la disputa territorial con los intendentes y el PJ bonaerense.

Berni empoderado

El punto 4 del programa kicillofista hace referencia al “Plan Integral de Seguridad” que se lleva la parte del león del Presupuesto Provincial 2022. La gran mayoría de los cargos efectivos pasan a engrosar a la Bonaerense y al Servicio Penitenciario ( casi 12.000 de planta). Aún así, las cifras anunciadas son apenas la punta del iceberg porque sólo alcanzan para financiar 10.000 nuevos policías provinciales cuando el propio Kicillof anunció la creación de 20.000 cargos policiales en el 2022 y de otros 20.000 en el 2023.

Todo indica que durante el año aparecerán nuevas partidas extras para reforzar al ministerio del represor Sergio Berni o la reasignación de fondos afectando a otros ministerios. Pocas horas después de que el gobernador anunciara con bombos y platillos el “plan integral de seguridad” en Pilar, un joven de 16 años era asesinado por la policía bonaerense en Miramar aumentando la trágica lista de víctimas del gatillo fácil y la violencia estatal y policial.

Contra la salud pública

El gobierno del Frente de Todos promete en sus 10 puntos de plan de gobierno “relanzar el Ioma” con un programa de cobertura al 100%. Lo cierto es que al deficiente funcionamiento de la obra social de la provincia de Buenos Aires se agrega el encarecimiento del costo de las prestaciones para los afiliados estatales, docentes y municipales, y, por lo tanto, un nuevo sablazo al salario mientras los acompañantes terapéuticos que son monotributistas del Estado cobran salteado.

Kicillof nunca comunicó la baja de los créditos a tasa cero para las clínicas y sanatorios privados entregados mensualmente desde el inicio de la pandemia. Un subsidio del Estado a las patronales de la salud costeado con la confiscación de los fondos de los trabajadores afiliados al Ioma. En materia de salud tampoco hay precisiones sobre el plan de vacunación que en la provincia de Buenos Aires, que sigue clavado en el 65% (esquema vacunatorio completo) cuando debería haber un presupuesto extra y acorde para finalizar la vacunación con las dos dosis y preparar el refuerzo de la tercera ante el peligro de una nueva ola de la pandemia. Lo concreto es que el gobierno del Frente de Todos pretende avanzar en la privatización del Instituto Biológico con la “sociedad de estado” al igual que en el Astillero Río Santiago, y se niega a centralizar el sistema de salud y a intervenir los laboratorios privados.

Un presupuesto al servicio de los bonistas

En las vísperas del tratamiento del Presupuesto 2022, Kicillof se compromete a seguir potenciando el crédito para el desarrollo productivo y tecnológico haciendo especial hincapié en los parques industriales que son un infierno de precarización laboral y vía libre a las patronales con la complicidad de las burocracias sindicales. Sin embargo, incluso este subsidio a las patronales tiene el límite preciso del ajuste fiscal que impone el pago del “canje de deuda”; por eso la ley de leyes viene con un impuestazo a la vivienda única y el aumento de las patentes, amén de un pedido de nuevo endeudamiento por 90.000 millones de pesos y la aceptación de nueva deuda en dólares por 500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo en plena devaluación del peso. El ajuste lo pagan los trabajadores con salarios de pobreza, precarización laboral y miseria.

Mientras sigue sin fecha el tratamiento del Presupuesto provincial, el Frente de Todos y Juntos siguen acordando los cargos en el Estado y los fondos que son la moneda de cambio del “presupuesto de consenso”. Así lo denunció Guillermo Kane y la bancada del Frente de Izquierda Unidad en la conferencia de prensa donde se llamó a movilizar por el rechazo al Presupuesto bonaerense 2022 de ajuste, precarización laboral y represión. A pesar del toma y daca en progreso, oficialistas y opositores de derecha no se ponen todavía de acuerdo en torno a los fondos que deberían llegar directamente a los municipios vía el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) ni tampoco acordaron los tiempos y plazos para la distribución de esos recursos a los intendentes.

El portavoz de Juntos, en la reunión donde se negocia el FIM y donde Cambiemos pidió duplicar los 18.000 millones de pesos que en principio prometería Kicillof, también reclamó poner fin a la obligación (incumplida y sistemáticamente violada) que fija como destino del 50% del Fondo Educativo las obras y refacciones escolares. De prosperar esta exigencia, los jefes comunales tendrían ahora “legalmente” las manos libres para desviar las partidas. Un puntazo por la espalda a la crítica situación de infraestructura escolar.

Contra el Presupuesto de ajuste y sus 10 puntos

Los “10 puntos” son la envoltura y en algunos casos la sustancia del plan de ajuste para pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad llama a rechazar el presupuesto de ajuste y a sumar pronunciamientos por una gran movilización el día que se trate en la Legislatura. Marcharemos con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y para defender todos los reclamos populares.

No al pago de la deuda externa. Rechazo al presupuesto de ajuste de Kicillof y los bonistas. Por un plan económico, de vivienda, salud, educación y de reorganización de la provincia sobre nuevas bases sociales bajo el control de los trabajadores y financiado con impuestos progresivos a los grandes capitalistas.