En el día de ayer, debido a la intensa niebla por advección que invadía el territorio bonaerense, un camión que iba camino a Salta transportando mercadería para un supermercado sufrió un accidente a la altura de Zárate y terminó volcando al costado de la ruta. Los vecinos se acercaron masivamente a llevarse los alimentos desperdigados en el asfalto, frente a lo cual los efectivos policiales allí presentes respondieron con represión, disparando balas de goma y arrojando gases lacrimógenos.

Lo sucedido es una foto que ilustra la realidad nacional, atravesada por el hambre y la miseria de capas enteras de la población. La policía, como no podía ser de otra manera, defendiendo a ciegas la propiedad privada capitalista, prefiriendo que los alimentos se pudrieran en la ruta antes que fueran utilizados en llenar la olla de las familias trabajadoras.

De todas maneras, la represión no alcanzó para desalentar a los vecinos empobrecidos quienes se agolparon alrededor del accidente en busca de una ración de comida, y, con el correr de las horas, la empresa transportadora se resignó y no tuvo más remedio habilitar el reparto de mercadería entre la gente. Los medios de comunicación capitalistas no dudaron en titular el episodio como un “saqueo”, cuando en realidad fue el retrato de otro “saqueo”: el que impulsan las patronales de la alimentación en connivencia con el gobierno para aumentar los precios todos los días y hambrear al pueblo.

Si una masa de aire cálido proveniente de Uruguay no hubiera avanzado sobre las aguas frías del Río de la Plata, provocando una tarde nebulosa de miércoles con visibilidad reducida, probablemente el camión hubiera llegado a destino y los alimentos que transportaba hoy estarían luciéndose en las góndolas del Walmart de Tartagal, a un precio cada vez más inaccesible para el bolsillo popular. Sucede que de un año a esta parte la canasta alimentaria se ha encarecido un 57,6%, superando el índice de inflación del período. La misma se ubica actualmente en los $28.414, mientras que el salario mínimo, los programas sociales con contraprestación laboral, la jubilación mínima y el ingreso de las trabajadoras de casas particulares -por mencionar algunos ejemplos- se encuentran por debajo de esa cifra.

El gobierno no ha tomado ninguna medida de fondo para evitar los sobreprecios en toda la cadena comercial, generando que la inflación interanual en el rubro de los alimentos haya sido del 53,2%, tres puntos por encima de la inflación general, según datos del Indec sobre junio 2021. Esto, sin mencionar el incremento del precio de la carne, donde el kilo de asado ha aumentado un 101% en un año, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Todas la políticas de control han sido inocuas, y, por otra parte, se han ido desmantelando en el transcurso del tiempo, con los sucesivos aumentos y posterior eliminación del Programa Precios Máximos y las subas de los artículos incluidos en Precios Cuidados. Ahora, la Secretaría de Comercio Interior ha llegado al extremo de autorizar aumentos del 9% en los alimentos y productos de consumo masivo. Como vemos, con esta gestión al servicio de las empresas no hay Tarjeta Alimentar ni ingreso familiar que resista.

El asunto es que también el gobierno se ha encargado de perforar el poder adquisitivo de los trabajadores fomentando topes a las paritarias, comenzando por el sector estatal. De este modo, el salario real ha caído un 8% entre mayo 2020 y mayo 2021 según datos oficiales, sumado a la pérdida acumulada del orden del 15% desde 2017 al 2020. En ese sentido, un estudio de investigadores de CEDLAS e IIES arroja que el 15% de los trabajadores argentinos vive con menos de 5,5 dólares diarios, lo que equivale a ingresos mensuales de menos de $15.000. A todas luces, el alza inflacionaria como una forma de confiscar el ingreso de los sectores populares para enriquecer a los capitalistas.

Los efectos de la carestía también golpean a los sectores medios, dentro de los cuales 1,7 millones de personas, según un informe del Banco Mundial, se hallan inmersos en una situación de mayor vulnerabilidad desde que comenzó la pandemia.

Lo ocurrido con el camión se inscribe en este contexto de derrumbe social, donde quienes gobiernan se dedican a hundir en la pobreza a la población. Sin ir más lejos, en el primer trimestre del 2021 se contabilizan 2,5 millones más de pobres y 1,2 millones más de personas viviendo en la indigencia, comparado con el mismo período del año anterior. Esta información surge del procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Indec.

Dicha publicación también da cuenta que “el ingreso por habitante del 40% de menores recursos registró un incremento nominal del 27,4% cuando la inflación interanual promedio del trimestre fue del 40,6%. Y la canasta de pobreza aumentó el 42,2% (…). A marzo de este año, los salarios de los trabajadores no registrados -que ganan menos de la mitad que los registrados- tuvieron un incremento interanual del 37,3% versus una inflación del 42,6%” (Clarín, 5/8). A su vez, el estudio indica que el 56% de los niños está por debajo de la línea de pobreza en el conurbano bonaerense.

Así las cosas, en un país que es productor de alimentos, donde el capital agrario ha obtenido en el primer semestre del año ingresos récord por exportación, los trabajadores se ven obligados a soportar gases y balas de goma para poder hacerse de un paquete de comida al borde de la ruta. Ante este escenario podemos afirmar que el verdadero saqueo no lo ejercen quienes se llevaron la carga del camión para subsistir, sino la clase social que gobierna hace décadas haciendo retroceder las condiciones de vida de las mayorías.

Para resolver este caudal de necesidades insatisfechas es fundamental garantizar un salario mínimo y jubilación mínima de $67.000, prohibir los despidos y las suspensiones y repartir la horas de trabajo para que no haya desempleo, dar curso a paritarias libres indexadas a la inflación e implementar un seguro al desocupado de $40.000. Al mismo tiempo, es necesario abrir los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos y detener finalmente el accionar de las empresas generadoras de precios; así como también nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior y el sistema bancario, a fin de que los recursos del país estén dirigidos a un plan de desarrollo nacional y a atender las demandas populares. La ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda son pasos claves en esa dirección.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad defendemos este programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores. También rechazamos la represión sufrida por los vecinos de Zárate y apoyamos en las calles la lucha contra el hambre que se desenvuelve a lo largo y a lo ancho del país.

 

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