31/07/2020

Se empantana el pacto Kicillof con Cambiemos para tomar nueva deuda

Se frustró el tratamiento de la Ley de Financiamiento en la Legislatura bonaerense.

El fallido tratamiento de la Ley de Financiamiento en la Legislatura bonaerense, impulsada por Kicillof para habilitar el endeudamiento por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos, expresa el curso de la crisis política en la provincia de Buenos Aires.

Después de varias semanas de rosca del Frente de Todos con la bancada de Cambiemos (que tiene mayoría en el Senado), de presiones del gobernador sobre los intendentes del PJ, y de la defensa de la iniciativa oficialista que hiciera exposición el ministro de Hacienda y Finanzas ante los legisladores, el proyecto quedó postergado y el Estado provincial más cerca de la cesación de pagos y a merced de los bonistas buitres.

Esto fue reconocido por el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, quien acusó a la bancada de Juntos por el Cambio de dejar a la provincia sin recursos y comparó a los legisladores vidalistas y radicales con los acreedores porque “corren el arco” para plantear nuevas y permanentes exigencias. Con ello confesó que, bajo cuerda, la oposición negocia con el gobierno fondos millonarios para sus municipios y disputa cargos en organismos y directorios de las empresas estatales. Esto, para sortear con nueva deuda el impasse en que se encuentra la renegociación de la deuda externa fraudulenta y usurera.

Uno de los reclamos pendientes de la oposición, que empantanó el tratamiento de la Ley de Financiamiento, es el giro de los 2.000 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) -que la Gobernación debía asignar a los municipios y nunca hizo- pactados con Kicillof en diciembre, a cambio de votar la extensión del Presupuesto 2019 de la exgobernadora Vidal, que habilitaba un endeudamiento de hasta 68.000 millones de pesos.

La crisis en marcha desmiente el relato “nacional y popular” sobre la “deuda sostenible”, cuando se rescata una inmensa hipoteca que pone en peligro el pago de los salarios y jubilaciones y la continuidad del sistema público de salud. Fue el propio Kicillof quien reconoció el derrumbe de las cuentas públicas en un 30% . Los municipios, que perdieron entre un 50 y un 80% de la recaudación tributaria propia y vieron recortados los fondos de coparticipación, son el eslabón más débil de esta quiebra del estado bonaerense.

Que los 28.000 millones de pesos que se buscan habilitar en concepto de préstamos y emisión de Letras de tesorería, tengan como destino asignado el pago a proveedores y de los gastos corrientes, es lo más próximo a una declaración de bancarrota. Los 500 millones de dólares, por otra parte, irían en un “pasamanos” a los bonistas. Todo esto deja en ridículo el discurso de que “no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo” que compraron las burocracias sindicales kirchneristas de la CTA, Suteba y ATE, para sellar el pacto social con el gobierno y convalidar el ajuste.

El toma y daca con la oposición derechista confirma que estamos frente a un “pacto tarifado” de resultado incierto, a pesar de las reiteradas declaraciones de apoyo de Juntos por el Cambio a una mayor apertura a los organismos internacionales de crédito. Es claro que Kicillof tiene que negociar en condiciones de extrema debilidad, cuando viene de conceder a los bonistas mayores intereses, casi nula quita de capital y un acortamiento de los plazos para empezar a pagar. Los destinatarios de esta Ley de Financiamiento no serán entonces los hospitales públicos (que se encuentran con su capacidad de atención saturada por el crecimiento exponencial de los contagios de Covid-19) sino los bolsillos del comité de acreedores que tiene al gobierno contra las cuerdas.

Como venimos informando en Prensa Obrera, la necesidad de financiamiento urgente del gobierno de Kicillof abrió varios flancos con los intendentes propios y ajenos, que van desde la exigencia de los jefes comunales de Cambiemos para que se condone el reintegro de los 3.000 millones de pesos girados por la provincia en concepto de asistencia financiera hasta el reclamo de los alcaldes oficialistas del Conurbano para que se anule la deuda que acumularon con Edesur o que la misma sea absorbida por el gobierno provincial.

El gran punto de choque es el artículo 3 del proyecto en cuestión, que habilita al Ministerio de Hacienda a reasignar partidas sin ejecución en contratos de préstamos. De movida, fuentes oficiales admitieron que se reasignarían 200 de los 1.200 millones de dólares de créditos contraídos con organismos internacionales para la realización de obras específicas. Esto mientras tres de cada diez hogares del Conurbano carece de agua potable y faltan los servicios básicos en los casi 2.000 asentamientos y villas de la provincia. La “Ley Buitre” de Kicillof  se convirtió en centro de la disputa de las fuerzas políticas patronales por el botín del Estado, y tiene como telón de fondo el pago a los usureros internacionales.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda denuncia este saqueo y rechaza el pacto en proceso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para imponer una ley que desfinancia la salud, la educación, la obra pública, la cobertura social y el salario para engordar a los parásitos de la deuda externa. La ley de (des) financiamiento retrata a un régimen pagador serial de deuda que traslada la bancarrota a los trabajadores. Denunciamos la complicidad de las burocracias sindicales que entregan las paritarias y los reclamos de los trabajadores para lubricar esta política. No al pago de la deuda externa.

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