Si hasta el momento la gubia del FMI ha venido labrando el conjunto de la política oficial, en adelante esta orientación no hará más que profundizarse. En ese sentido, todas las iniciativas del gobierno apuntan mostrar garantías de repago al Fondo, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de marzo. Por un lado, se está poniendo en marcha el esquema de “tarifazos segmentados”, a fin de descargar la reducción de subsidios energéticos sobre el bolsillo popular, y, por otra parte, se preparan nuevos beneficios impositivos dirigidos a las ramas de exportación, con la finalidad de recolectar las divisas necesarias para afrontar los vencimientos de deuda.

Tarifas

Lo primero lo muestra el hecho de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) haya autorizado a las empresas Edenor y Edesur a cortarle el suministro de luz a aquellos usuarios que no tengan el servicio a su nombre. El gobierno puso fecha límite para regularizar la situación, ya que busca con ese reempadronamiento avanzar en un esquema de “tarifas segmentadas”, como una forma de ir reduciendo los subsidios energéticos y aplicando aumentos en las boletas.

Bajo el eufemismo de “segmentación”, se intenta viabilizar un tarifazo generalizado utilizando el argumento de que los subsidios energéticos serían “pro-ricos” en la medida que una persona con mayor poder adquisitivo paga lo mismo en la factura que una con menores ingresos. Sin embargo, el verdadero carácter “pro-rico” de los subsidios radica en que estos tienen como destinatarios a los pulpos petroleros y a las empresas que gestionan el servicio, quienes engrosan sus bolsillos a costa del erario público sin la obligación de abrir sus libros para poder evaluar los costos reales y hacia dónde son direccionados los recursos millonarios que reciben del Estado.

De este modo, el oficialismo busca ajustar el gasto público a partir de reducir los subsidios energéticos, tal como lo exige el FMI, pero sin tocar los intereses de las petroleras ya que esta poda será compensada con un incremento en las tarifas de la luz y el gas, en detrimento del bolsillo popular. Por lo tanto, se mantiene intacto el precio dolarizado del gas en boca de pozo, que dolariza toda la matriz energética y solo favorece a las empresas hidrocarburíferas.

No obstante, es preciso señalar que el esquema de aumentos que busca aceitar el gobierno pende de un hilo. Por un lado, una devaluación dispararía el precio del gas, indexado al dólar; y, como se trata del insumo base de toda la cadena energética, lo anterior desataría mayores tarifazos en la luz y en el gas. A su vez, la suba del precio internacional del petróleo y el gas también actúa como un factor de presión sobre las tarifas de los servicios públicos. Un incremento en la boleta de este orden sería absolutamente inviable para el conjunto de la economía nacional por sus efectos hiperinflacionarios, y, por otra parte, imposible de costear para las familias trabajadoras.

Regímenes impositivos especiales

Por otro lado, el oficialismo planea tratar en el Congreso una serie de proyectos presentados previo a las elecciones, los cuales suponen un sinfín de ventajas fiscales para los capitalistas, con la expectativa de revertir de esta forma la huelga de inversiones. Nos referimos al Régimen de Promoción Automotriz, a la Ley de Agroindustria y a la Ley de Hidrocarburos; esta última, plantea además una mayor libertad cambiaria para las petroleras. A su vez, “el Ejecutivo también prevé impulsar un Plan para el Desarrollo Minero Argentino, con el cual proyecta inversiones por u$s25.000 millones para la próxima década y que fue pospuesto para después de los comicios por el fuerte rechazo social que genera esta actividad en algunas provincias” (Ámbito, 11/11). Como vemos, las principales beneficiadas por estos regímenes especiales serían las patronales dedicadas a la exportación, fuente de divisas que la gestión de Alberto Fernández necesita para hacer frente al pago de la deuda.

Se pone en evidencia que la “matriz productiva” que pretende profundizar el gobierno está asociada a una mayor extranjerización de la fuerzas productivas, en la que un puñado de monopolios foráneos explotan los recursos naturales, adueñándose de la riqueza nacional, y a las grandes mayorías solo les queda soportar los daños ambientales que generan y asumir las consecuencias de este régimen de saqueo. Sin ir más lejos, las inversiones extranjeras directas más aplaudidas por el gabinete gubernamental en el último tiempo están relacionadas con la actividad minera, como en el caso de la australiana Fortescue, que se asentará en el yacimiento de hierro más grande de Argentina bajo la promesa de producir hidrógeno verde, de la canadiense Lundin Mining, que anunció su desembarco en la provincia de San Juan para dedicarse a la extracción de cobre, y del grupo francés Eramet, que reanudará la construcción de una planta de litio en Salta.

Así las cosas, con estos incentivos fiscales Alberto Fernández no hace más que acentuar la primarización de la economía nacional y reafirmar el carácter semicolonial de Argentina en el mercado mundial. Aún así, la aprobación de esas leyes no son condición suficiente para que arriben los capitales esperados. Las multinacionales además exigen que se levante el cepo cambiario para poder girar sus ganancias al exterior con mayor facilidad, lo cual coloca al gobierno en una encerrona ya que corre el riesgo de provocar una estampida de dólares si elimina las restricciones cambiarias, algo que choca de frente con las pretensiones del FMI de que el país tenga las divisas disponibles para rescatar la deuda contraída.

A pesar de esta contradicción en la política económica oficial, el gobierno intenta mostrarse como la mejor opción para canalizar las demandas de las patronales. Para ello se respalda fundamentalmente en los lazos que mantiene con la burocracia sindical, y, de este modo, se dispone a sellar acuerdos sectoriales flexibilizadores, como la reforma laboral introducida en Toyota, la cual contó con la anuencia del Smata. Finalmente, la liquidación de los convenios colectivos de trabajo en función de abaratar el “costo laboral” consiste en un reclamo estratégico de la clase capitalista.

Es decir que, más allá de los choques mencionados, tanto el gobierno, como la oposición patronal, el FMI y la clase capitalista en su conjunto coinciden en descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que derrotar esta ofensiva a partir de una intervención obrera y popular que defienda el salario, los convenios colectivos y los puestos de trabajo, a la vez que luche por dar lugar a una reorganización del país sobre nuevas bases sociales, nacionalizando bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, comercio exterior, industria energética-, rompiendo con el FMI y repudiando la deuda usuraria. Las bancas recientemente conquistadas por la izquierda en estas elecciones están al servicio de esa pelea.

 

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