En una nueva conferencia de prensa encabezada por el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, los mandatarios anunciaron una extensión, hasta el 16 de agosto, de la situación según el estado de cosas actuales: es decir, manteniendo la fase 3 y la liberalización de gran parte de la actividad económica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y otorgando discrecionalidad para que los gobernadores “controlen” la situación en sus provincias. Esta medida de no innovar se produce ante un importante crecimiento de contagios en la provincia de Buenos Aires, nuevos brotes en el interior del país y con la mirada fija en un eventual colapso del sistema sanitario. La responsabilidad volvió a ser colocada en cabeza de la población y las “reuniones sociales”.

El gobierno nacional ha decidido seguir apostando a la salida improvisada hace 15 días, cuando decidió ir hacia una apertura de la actividad económica a pesar de las recomendaciones epidemiológicas y sanitarias. El resultado de esa flexibilización fue el crecimiento de los casos de contagios, principalmente en la provincia de Buenos Aires –donde se concentra gran parte de la actividad industrial del país-, con altos índices en CABA y un afloramiento de brotes en otras provincias del país. En provincias como Chaco, Jujuy y Río Negro, cuyos gobernadores habían posado para fundamentar la apertura de la cuarentena, los casos siguieron en alza. A estas se sumaron provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, entre las más afectadas, con especial atención en las concentraciones obreras y urbanas. Otro dato que preocupa es el del crecimiento de la mortalidad: ayer la provincia de Buenos Aires batió récords, con 163 fallecidos por Covid.

El discurso oficial volvió a insistir sobre el eje de las responsabilidades individuales. Incluso, Fernández, al final de su intervención y muy al pasar, mencionó que el decreto que se hará público en las próximas horas condenará penalmente los encuentros sociales. También manifestó que el IFE y el ATP se seguirán pagando para “aquellos que lo necesiten”, sin ampliar mucho más. El presidente partió de reconocer un crecimiento en los casos y en la circulación, pero, llamativamente, colocó la responsabilidad en un mayor relajamiento y en los jóvenes que “organizan fiestas clandestinas”.

Fernández reconoció que los contagios crecieron más allí donde más se liberalizó la cuarentena. Tampoco pudo evitar mencionar que la propagación a otros centros urbanos del país se debía a la habilitación de la actividad económica, aunque intentó circunscribirlo al ámbito del comercio minorista. No hizo mención alguna a la responsabilidad patronal y a la vulneración sistemática de las indicaciones sanitarias. Mucho menos aún a la implementación de sanciones de algún orden para los empresarios responsables del rebrote de contagios.

A estas alturas, todos los ojos siguen puestos en la saturación del sistema sanitario, que en la zona del Amba ha llegado al 64,5% de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El gobierno reconoce que el colapso del sistema de salud sigue siendo una opción posible, pero nada nuevo ha anunciado para combatir este escenario.

“De casa al trabajo y del trabajo a casa”: así crece el contagio

Lo que el gobierno omite deliberadamente es que mientras se apela reiteradamente a la responsabilidad individual de la población y se cargan las tintas sobre supuestas reuniones sociales, en los lugares de trabajo los protocolos sanitarios no pasan de ser una fachada para la reactivación económica a costa de la salud de los trabajadores: en la mayoría de los lugares no se aplican ni se controlan, y donde sí existen carecen de utilidad y efectividad debido a que son un mero complemento del proceso de producción patronal regido bajo estrictos parámetros de rentabilidad.

Las denuncias que vienen realizando los trabajadores sirven para ilustrar de cuerpo completo la situación. En los supermercados ya se cuentan más de 1.100 contagios.  Esto se sabe gracias al esfuerzo que han realizado los propios trabajadores en relevar e informar los datos que las patronales ocultan. Las grandes cadenas de hipermercados sancionan y reprimen al personal que exige medidas sanitarias o que incluso denuncia síntomas de Covid-19. Se ha llegado incluso a la maniobra de administrar creativamente los números de contagios pasando como vacaciones licencias que se deben a contactos estrechos, lo que implica un potencial contagio para las familias de los trabajadores. No se cumple ningún protocolo de información, procedimiento y sanitización de estos establecimientos donde circulan millones de personas por día.

En el cordón industrial de San Lorenzo se informa de un brote de contagios con epicentro en la aceitera Cofco Timbues, que se extiende a otros casos, como Bunge y Renopack, que ha llevado a que se aíslen a más de 100 personas. Los alcances de estos contagios aún no han podido ser mensurados ya que los trabajadores habitan varias localidades de la zona. Ante esta diseminación sistemática del virus, las autoridades responden haciendo énfasis en la responsabilidad individual. Los trabajadores denuncian que los protocolos son obsoletos o que no se aplican debido a que la prioridad patronal y estatal es mantener la producción de las agroexportadoras y la industria.

Solamente el ferrocarril, en sus distintas líneas, suma más de 400 contagios diseminados por distintas estaciones. Se trata del personal que, en gran medida, está en contacto con miles de trabajadores por día. Los trabajadores denuncian que se han suprimido las rotaciones de personal y las guardias mínimas que, en el comienzo de la cuarentena, servían como una suerte de contención a la propagación del virus. En industrias bonaerenses como Mondelez, Yazaky, Cattorini, Rigolleau, Arcor, Smurfit Kappa, Inesa y otras, crecen los contagios y se vulneran los protocolos. En Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales señala a la población por los contagios, se ha desatado un brote en el Ingenio Ledesma, que luego se extendió a la localidad adyacente.

En los hospitales públicos y clínicas privadas la situación es aún peor. El Hospital Evita de Lanús está al borde de llegar a los 150 casos de contagios, motivo por el cual debieron evacuar a parte de los pacientes. En la clínica Gregorio Marañón, de Castelar, falleció una trabajadora y hay otros 40 trabajadores contagiados.

Se trata de algunos de los casos más destacados, pero la situación es generalizada. Las patronales y el Estado desconocen los protocolos porque su aplicación estricta o su reformulación, sobre la base de aportes del colectivo obrero, implican entorpecer circunstancialmente los procesos de producción y trabajo capitalistas. Es una lucha de rentabilidad económica contra salud. No se puede quedar bien parado con ambos.

Ante este escenario, el gobierno especula con un milagro: que el crecimiento de los contagios no haga detonar el sistema sanitario y disparar la tasa de mortalidad por nubes. La insistencia en la “responsabilidad individual” no lo exime de esta responsabilidad social, de clase, impulsada por la presión de las patronales para avanzar hacia una “nueva normalidad”.

La deliberación de los trabajadores debe servir para conformar comités de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo, que discutan y aprueben los protocolos sanitarios para cada actividad y tengan poder de paralizar la producción allí donde estos se vulneren. Los procesos productivos y económicos no pueden ser colocados por delante de la salud del pueblo trabajador. La crisis actual expresa la orientación social de fondo de un gobierno cuya agenda la marcan las patronales y el FMI.

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