Las recientes declaraciones de Victoria Tolosa Paz sobre que habría que aplicar una “presión más fuerte sobre las grandes empresas” despertó la indignación de varios integrantes de la oposición derechista, quienes asociaron la fuga de algunas multinacionales del país a una supuesta sobrecarga impositiva. No obstante, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos se desdijo rápidamente alegando que la habían “sacado de contexto”, dando muestras de su naturaleza profundamente propatronal. Ahora bien, ¿es cierto que el grueso del peso impositivo de Argentina recae sobre las espaldas de los capitalistas?

Si bien candidatos como Ricardo López Murphy y Martín Tetaz de Juntos por el Cambio o José Luis Espert le adjudican a la gestión presidencial de Alberto Fernández haber aumentado los impuestos que pagan los empresarios, lo cierto es que en la recaudación impositiva del país está compuesta en mayor medida por gravámenes al consumo como el IVA, afectando particularmente al bolsillo popular.

De todas formas, es preciso mencionar que la oposición patronal, que puso el grito en el cielo con los dichos de Tolosa Paz, votó junto al oficialismo el descongelamiento de Ingresos Brutos, impuesto que cobran las provincias, porque son conscientes que esta suba no afectará un ápice a las patronales, las cuales rápidamente trasladarán el aumento al precio final, perjudicando a los consumidores.

Como señalamos, Fernández comenzó su mandato reponiendo el IVA sobre los productos de la canasta básica de alimentos. De este modo, tanto un multimillonario como un trabajador desocupado pagan un adicional del 10,5% o el 21% por cada artículo que compran, lo cual da cuenta del carácter absolutamente regresivo del impuesto. Debido al alza inflacionaria, la recaudación del Estado nacional por medio del IVA tuvo un incremento del 96% interanual, representando el 19% de los ingresos tributarios del mes de junio.

No ocurre lo mismo con los impuestos a los capitalistas. El ingreso de dinero a través de los derechos a la exportación (retenciones) representa el 13% de la percepción impositiva de junio y lo recaudado por Bienes Personales apenas el 2,6%.

En definitiva, en todo este período el gobierno no ha hecho otra cosa que velar por los intereses de la burguesía. Sin ir más lejos, la Ley de Solidaridad ha congelado la alícuota de las contribuciones patronales; a su vez, las exenciones rigen para múltiples sectores como la medicina privada y están previstas en los nuevos planes de empleo tales como “Te Sumo”. Esto sin mencionar la connivencia gubernamental con el trabajo informal, donde los aportes patronales no existen, vaciando así la caja jubilatoria y las obras sociales.

Otro ejemplo de lo regresivo de la estructura impositiva del país es el hecho que más de 730.000 trabajadores se vean en la obligación de tributar Ganancias, con una escala que grava desde el 5% al 35% del salario a partir del mínimo no imponible de $150.000. Mientras tanto, las alícuotas del Impuesto a Bienes Personales tienen un tope del 1,25%, beneficiando así a quienes cuentan con un patrimonio mayor.

Las prebendas al gran capital han sido la norma. Para empezar, las retenciones a la soja y otros productos se redujeron el año pasado un 3% en octubre, 2% en noviembre y 1% en diciembre. Evidentemente congraciarse con los sectores exportadores es una cuestión de primer orden para el gobierno en su búsqueda de recolectar divisas para destinarlas al pago de la deuda. En el caso de las petroleras las concesiones han sido mayúsculas: en mayo del 2020, mediante un decreto presidencial, se las eximía del pago de derechos a la exportación en caso que el precio internacional de petróleo estuviera por debajo de los 45 dólares. A su vez, las retenciones a las mineras bajaron del 12% al 8%.

Por otro lado, la nueva ley de Biocombustibles preserva múltiples exenciones impositivas para la agroindustria, la cual no tributa ni el impuesto a los Combustibles Líquidos ni el impuesto al Dióxido de Carbono; y, a su vez, la legislación les concede la devolución del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias.

El reclamo de una reforma que libere de impuestos al capital con la promesa de atraer inversiones es en definitiva el libreto del FMI, que Alberto Fernández toma para ramas clave, como hidrocarburos, agroindustria y automotrices.

La propiedad terrateniente es otra de las grandes beneficiadas por la política tributaria de los sucesivos gobiernos. Sucede que el Impuesto Inmobiliario Rural está atado al valor fiscal de la tierra, el cual mucho menor al valor de mercado, por lo tanto, estamos hablando de una carga impositiva ínfima. En comparación paga más impuestos una familia de clase media que es propietaria de una vivienda urbana, que un terrateniente con miles de hectáreas.

Por otro lado, las tímidas declaraciones del Frente de Todos acerca de los “impuestos a los ricos” no pasan de la demagogia. En primer lugar, vale recordar que lo recaudado con el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas -por única vez- fue en un 75% a subsidiar a las patronales, entre ellas los pulpos petroleros. A su vez, la suba de algunos impuestos durante el gobierno actual y la aplicación de otros, como por ejemplo, el del 30% a la compra de moneda extranjera, no tuvieron como objetivo atender las demandas sociales, por el contrario, obedecieron a las exigencias del FMI sobre reducir el déficit fiscal, y, en el caso del Impuesto País, desalentar la compra de dólares. Es decir, en estos casos también la prioridad oficial estuvo puesta en el rescate de una deuda usuraria y complacer a los capitalistas.

Como hemos visto, las empresas son las grandes ganadoras de la política fiscal del gobierno, sin embargo, eso no les impide avanzar en despedidos, topes salariales y mayor precarización laboral. Por lo tanto, debemos dar lugar a un planteo que priorice los intereses de los trabajadores para que deje de recaer sobre ellos la mayor parte del peso impositivo del país.

Es necesario, entonces, abolir los impuestos al consumo como el IVA y a la vivienda única. Anulación del impuesto al salario. Reposición de los aportes patronales. Por un impuesto permanente y progresivo a la propiedad terrateniente, a las petroleras, las mineras, al capital agrario, la renta financiera y al gran capital en su conjunto. Los recursos nacionales deben tener como destino la satisfacción de las necesidades populares y el desarrollo nacional. La ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda se inscriben en este programa de salida a la crisis en favor de las mayorías.

 

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