Políticas
7/6/2024
Tarifazos invernales
En el momento de mayor consumo, fijan aumentos permanentes en luz y gas.
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Subas de hasta 155% en junio.
Desde este mes el gobierno de Milei avanza en la implementación de nuevos aumentos en las tarifas de gas y luz, las cuales además pasarán a ajustarse todos los meses. Un régimen de tarifazos permanentes, en momentos en los que el salario no para de perder su poder adquisitivo.
Este mes de junio, el gas y la electricidad sufrirán incrementos de hasta un 155%. El mayor impacto se sentirá en los hogares de ingresos medios, según la segmentación tarifaria. Las subas obedecen a un recorte en los subsidios fijados al precio de la energía, que es solo uno de los componentes de la boleta (el que refiere a la generación). Incluso se fijaron límites en el consumo de los sectores de bajos ingresos, a partir del cual se pagará por el excedente lo mismo que un hogar catalogado de altos ingresos.
Desde el vamos, hay que señalar que el esquema del gobierno no tiene en cuenta los costos reales de generación de energía, ni tampoco la evolución de los salarios que corren a la zaga de la inflación (eliminó el coeficiente de variación salarial como referencia). Más aún, puso arbitrariamente un precio al gas en boca de pozo para el invierno que es una cuarta parte más caro que el promedio anual. Partiendo de esa base, advierten que todavía queda un largo trecho de recorte de subsidios hacia adelante.
A eso que suma que para los otros componentes de la factura, transporte y distribución, desde julio el Ministerio de Economía establecerá aumentos mensuales de acuerdo a una estimación de la inflación del mes en cuestión, pero en la cartera que comanda Caputo no dijeron qué proyecciones se tomarán en cuenta -adelantaron que no se considerará el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central. Por lo tanto, todo quedará al arbitrio de un gobierno ajustador.
Esto cuando entre diciembre y mayo las facturas de electricidad subieron en promedio un 125% para un usuario del AMBA, y las de gas casi 900% debido a una combinación entre el aumento de tarifas y el mayor consumo que implicó la llegada del frío. Se trata de porcentajes que están muy por encima de la inflación.
Los tarifazos invernales reavivan la posibilidad de un desmadre inflacionario, sobre todo en un contexto de aumento de la brecha cambiaria. Las presiones devaluatorias son una amenaza de espiral de incrementos de tarifas y servicios, porque el precio del gas -que además es el principal insumo en la generación de electricidad- está dolarizado. Una devaluación llevaría al gobierno a redoblar las subas en las boletas, lo que repercutiría en el conjunto de los precios de la economía, si quiere evitar que se disparen los subsidios como ocurrió luego del salto cambiario de diciembre y que originó una feroz disputa con las empresas generadoras.
Las empresas privatizadas de energía suelen quejarse del atraso de las tarifas, incluso tras años de no haber invertido un solo peso en mejorar la infraestructura y el servicio en general. Los apagones durante el verano, o la reciente escasez de gas, son la radiografía de ese proceso de saqueo.
En este marco, el gobierno criminal de Milei modificó negativamente el mecanismo por el cual se garantizaba a las personas electrodependientes el acceso a la energía eléctrica a través de una fuente alternativa. Ahora, las empresas tienen más tiempo para responder ante eventuales reclamos de falta de luz por parte de los electrodependientes.
Asimismo, dejó de ser gratuita la instalación del servicio eléctrico para este sector de la población en aquellos hogares cuyos ingresos superen la canasta básica. Por otro lado, aumentó el número de rechazos de las renovaciones para el registro de electrodependientes que utilizan respiradores, “con el argumento de que estos dispositivos poseen una batería externa” (Minuto Uno, 6/6).
El gobierno está desarrollando una agresiva política de ataques contra los trabajadores. A los tarifazos se suman la rebaja de salarios y jubilaciones, la reducción de presupuestos como los de salud y educación, despidos en el sector público y el robo de los alimentos que les corresponden a los comedores populares.
Que se abran los libros de las empresas que intervienen en toda la cadena energética para evaluar los costos reales y ver qué hicieron con el dinero que vienen ganando. La inviabilidad de la gestión privada y de la gestión estatal-capitalista quedó más que demostrada. La situación amerita que los trabajadores tomen el control de la industria energética.
