Como la reforma laboral incluida en la nueva ley ómnibus pasó de 60 artículos a 23, se ha montado una interesada campaña para llamarla light o “lamentablemente degradada” como la calificó Marcelo Longobardi, campaña que alimenta a través de “voceros”, la propia CGT. Varios compañeros del movimiento obrero en simultáneo recordamos la vieja estratagema de la burocracia sindical que “logra” reincorporar 40 de un total de 60 despidos, por ejemplo, quedando en la calle exactamente los que quería la patronal, a menudo activistas que defienden los derechos obreros.

En este caso los artículos que quedaron constituyen el mayor ataque legal a los trabajadores (si excluimos la dictadura) que la memoria histórica registra. Muy superior a la ofensiva de Menem en la década de los ‘90. El capítulo central de los temas laborales fue bautizado como “modernización laboral”, una notable coincidencia semántica entre Cristina Kirchner, la CGT y LLA, el PRO y los bloques colaboracionistas. En fin, de todos, a excepción del Frente de Izquierda, quienes lo consideramos retrógrado por completo.

Profusamente los medios le atribuyen tres ejes a la reforma: el reemplazo de la indemnización por un fondo de cese laboral tipo Uocra a incorporar en los convenios colectivos, el fin de las multas por empleo no registrado y la extensión del período de prueba a seis meses y hasta un año en las Pymes si se pacta en convenio.

Es cierto todo esto pero hay mucho más y tal vez peor que lo anterior: la figura del “independiente” que puede emplear a otros cinco “independientes” carentes de todo derecho, la no reinstalación por despido discriminatorio que incluye a delegados y activistas sindicales, la legalidad del despido de estatales de planta permanente de organismos que cierren, se reestructuren o simplemente por “exceso de personal” dictado por la jerarquía del área y la desafectación de la empresa principal en las tercerizadas.

En otro articulado se deroga la última moratoria jubilatoria lo que hará que para nueve de cada diez mujeres no será posible jubilarse y a las cuales se les eleva la edad a 65 años. Para ellas solo habrá una prestación de tipo asistencial que carece del monto y los derechos jubilatorios mínimos. Esto también es reforma laboral aunque sea en el rubro previsional. Ambas reformas, la laboral y la previsional se cruzan y se asocian por diferentes vías.

Un adecuado desarrollo de todos estos puntos requeriría un trabajo más amplio que estas líneas, algo que sin duda encararemos si este nefasto instrumento llega a ser ley. Estos capítulos de reforma laboral, por otra parte, están acompañados de delegación de facultades al presidente en materia económica, administrativa, financiera y energética que bien pueden significar nuevos golpes.

Un salto histórico en la precarización laboral

El nacimiento de esta nueva figura del “colaborador” sin relación de dependencia en emprendimientos de hasta cinco personas más el empleador, llamado también “independiente”, esperará una reglamentación que con toda seguridad apuntará a quitar derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias de cualquier orden e indemnización, es decir, de las condiciones básicas de la ley de contrato laboral. Una enorme masa de trabajadores del comercio y otras ramas pueden pasar a este régimen de esclavitud anterior al siglo XX, porque además de las unidades productivas de este número de trabajadores pueden entrar miles de tercerizadas que violen así los convenios colectivos de las actividades centrales. Complementariamente, se quita a la empresa principal toda responsabilidad solidaria sobre la contratada (art 87).

Las disposiciones de extensión del período de prueba a seis meses y hasta un año según los casos no tienen objeto alguno que no sea quitarles estabilidad y explotar esa condición para mejor someterlos. Por otro lado, el tramo llamado contra “la industria del juicio” elimina las multas por empleo no registrado, lo cual es una invitación a prolongar y agravar el porcentaje de empleo informal que hoy orilla el 40% de los trabajadores, sin considerar las formas encubiertas de fraude laboral. Esto no es un golpe al “negocio” de los abogados laboralistas como lo presentan los facholibertarios y elementos patronales de todo orden, sino un golpe a la mínima protección jurídica del más desprotegido de los trabajadores que es el informal. Se premia la forma más aguda de la superexplotación actual.

No atacan a la “casta sindical” sino al activista fabril

En el artículo 93, convenientemente disimulado, se establece un “agravamiento” indemnizatorio del despido discriminatorio por raza, etnia, religión, ideología, opinión política o gremial, sexualidad o condición económica, que puede ser del 50 o 100% según los casos, que se define “no acumulable con regímenes especiales”, pero lo más importante es que la desvinculación es definitiva y no admite reclamo alguno.

Es para terminar con las reinstalaciones judiciales que muchas veces, aunque sea años después, han vuelto a sus puestos de trabajo a los compañeros perseguidos. Esto no sería posible porque contradice la ley 23.592 que copia el convenio 111 de la OIT y tiene jerarquía constitucional, pero sabemos lo que son los jueces y la Corte en esta materia. Van donde calienta el sol de la burguesía.

Esto es un ataque vertebral a la organización sindical de los trabajadores. En absoluto afecta a las cúpulas de la burocracia sindical enquistada en tantos sindicatos argentinos, sino a la base de la organización, sus delegados fabriles y de lugares de trabajo, a sus activistas, a quienes se presentan en muchos casos para desafiar al candidato de la burocracia o la patronal y es despedido, una práctica permanente que es el principal obstáculo para el avance del clasismo, especialmente en el movimiento obrero industrial, pero en todas las ramas y lo será si es ley también en el Estado a partir del ataque a la estabilidad del empleado público.

Este es un aspecto brutal de la reforma. No tiene relevancia, al lado de semejante ataque, que haya quedado afuera la prohibición de las cuotas “solidarias” compulsivas de las que se vale la burocracia para financiarse en lugar de afiliar masivamente. Los radicales disfrazan el ataque usando el estandarte de la cuota compulsiva y van por más, que las patronales no sean agentes de retención. Quedará para futuros envistes en este plano, como el fin de la ultraactividad de los convenios que quedó en la gatera o la penalización de los bloqueos y acciones propias de una huelga obrera.

El ataque a la indemnización es más que económico

La constitución de un “fondo de cese laboral” en lugar de la indemnización mediante un aporte mensual del 8% es un golpe demoledor. Está sujeta a incorporación a los convenios, pero ya Cavallieri dio su ok, lo mismo que Barrionuevo y el propio moyanismo dejó trascender que podría ser válida para la rama recolección (no sabemos por qué, excepto que sea en función de las empresas del sector ligadas al sindicato).

El aporte en estas condiciones elimina el vestigio de estabilidad laboral que significa la indemnización. Estos fondos serán motivo de negociados financieros a los que tal vez se asocie la burocracia sindical como ocurrió con las AFJPs en su momento. La patronal lo irá incorporando como parte de la “masa salarial” y será el propio trabajador el que lo financia con la rebaja salarial del mercado.

Es un sistema por el cual la patronal no tiene obstáculo para despedir y la amenaza de despido directo se transforma en el arma de imposición de las condiciones laborales de manera despótica por la parte patronal. Perder el derecho indemnizatorio es mucho más que una cuestión económica, que también lo es. El abaratamiento del despido promoverá más despidos, no más puestos de trabajo como venden los economistas del sistema.

Paro activo ya y plan de lucha, que la reforma no pase

Como hemos señalado, la cuestión previsional se asocia a la laboral y en esta ley se deroga la última moratoria, condenando a nueve de cada diez mujeres y a centenares de miles de varones que no tengan los 30 años de aportes a perder la jubilación y tener que acogerse a una especie de pensión asistencial de monto reducido como la Puam, sin derecho a pensión, que es menos que una asignación de indigencia.

En otro orden, asociada a esta ley bases II, se ha presentado a votación el paquete fiscal que vuelve con el impuesto al salario para aquellos trabajadores que alcancen un ingreso bruto de $1,8 millón para solteros y $2,2 millones para casados, de ahí los descuentos, pero con inclusión de extras y viáticos y todo importe en blanco. O sea, la confiscación de quienes alcancen una verdadera canasta familiar. Esto mientras se rebaja el impuesto a los bienes personales, llamado impuesto a los ricos, todo en el mismo descarado paquete fiscal.

Se anunció un paro de tres horas de los gremios del transporte de la CATT por el tema del impuesto al salario y el Sindicato Aceiteros declaró la huelga por el tema, pero esto perjudicará también a los petroleros y a su turno a muchos otros gremios como el Sutna que ha sido pionero en la lucha contra la cuarta categoría de Ganancias.

Son luchas válidas. Pero este paquete, esta reforma laboral y previsional con impuestazo, en el contexto de centenares de miles de despidos privados y estatales, de la licuadora descomunal sobre todos los ingresos de los trabajadores, activos y jubilados, de vaciamiento de los comedores comunitarios y de congelamiento de los planes sociales lo tenemos que enfrentar como el recorte a las universidades, masivamente y en las calles. Para eso las centrales obreras en lugar de sentarse a negociar con Pichetto una falsa reforma laboral light tienen que convocar de urgencia un paro activo y un plan de lucha, que preparen la huelga general. Otra conducta es una entregada histórica. Por eso estaremos ante el Congreso movilizados y con estas banderas haremos columna independiente y acto el 1º de Mayo. Vamos por la derrota de todo el plan Milei.

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