De los discursos presidenciales de Alberto Fernández a la carta pública de Cristina Kirchner, el gobierno busca despejar todas las dudas respecto de la orientación de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué apuro tiene? Se aproxima un verano en el que los vencimientos de deuda rondan los 9.000 millones de dólares, con un Banco Central que llega prácticamente sin reservas internacionales propias.

Solo con el FMI, los compromisos financieros entre el 22 de diciembre y el 31 de marzo escalan a 5.800 millones de dólares, contando tanto intereses como pagos de capital. A ello hay que sumar que el primer mes de 2022 debe cancelar casi 700 millones por un cupón de intereses a los bonistas que ingresaron al canje el año pasado, y que entre febrero y marzo se agota el plazo extendido con el Club de París por unos 2.100 millones de dólares que debían pagarse en mayo pasado. La totalidad de los vencimientos de deuda sería superior a los 8.700 millones de dólares (Clarín, 28/11).

La reservas del Banco Central son raquíticas. Según las diferentes estimaciones de los economistas, ni contando las tenencias de oro y lo que queda de los DEG (Derechos Especiales de Giro repartidos por el Fondo) alcanza para responder ante la totalidad de semejante carga financiera. La consultora GRA releva que excluyendo los DEG las reservas netas líquidas muestran un rojo de 1.500 millones de dólares, y que cerrarían el 2021 en -2.500 millones.

Eso equivale a decir que el gobierno está metiendo mano en los dólares de los ahorristas, porque estaría recurriendo a los encajes bancarios (que ofician como garantía para los depositantes). Si se perpetúa esta práctica se estarán completando las condiciones para que la corrida contra el peso, que en las últimas semanas se expresó en el desplome de bonos y acciones argentinas y en un nuevo salto del riesgo país, devenga en una corrida bancaria. Por eso se suceden medidas improvisadas de reforzamiento del cepo y los voceros oficiales especulan con diferentes artilugios que brinden algo de margen.

El impedimento fijado a la financiación en cuotas para la compra de pasajes, alojamiento y servicios turísticos en el exterior evidencia la desesperación por cerrar el grifo al drenaje de divisas -claro, afectando a la clase media y dejando solo la posibilidad de viajar a quienes tienen los dólares en el bolsillo. Ya se venía de nuevas restricciones para cesar la compraventa de bonos con la que se contenía la cotización del contado con liqui, luego de haber dilapidado con estas operaciones más de 2.700 millones de dólares en el año. Las vueltas de tuerca en el torniquete cambiario son el reflejo de que del récord exportador al país no le quedó nada.

El superávit comercial se encamina a cerrar el año en torno a los 16.000 millones de dólares. Lejos de una “restricción externa”, la escasez de divisas se da a pesar de un viento favorable en el escenario internacional: entre la mejora en los términos de intercambio (por el boom del precio de la soja y demás commodities) y los DEG que giró el FMI, al gobierno le cayeron de arriba más de 9.500 millones de dólares. Todo se esfumó en pagos de deuda y la persistencia de la fuga de capitales -con supercepo y todo, según el Indec los activos colocados por la burguesía argentina en el extranjero crecieron en el primer semestre 5.825 millones de dólares.

Con este panorama veraniego el presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, insistió en el pedido para que el directorio del FMI avale la cesión bilateral de los DEG que “le sobran” a otros países o que emita una nueva tanda como la de mediados de año, e incluso que se pueda pagar vencimientos con swaps, lo que revela el deseo de que acudan otros países en rescate del gobierno, como China y Rusia, o incluso España, Francia o Portugal. Parece una fantasía, cuando todos han suspendido hasta los créditos vigentes para presionar por un pronto arreglo con el Fondo Monetario (como sucede con la paralización de la construcción de las represas en Santa Cruz por compañías chinas).

Horacio Verbitsky especula en su portal que para cuando comenzarían los pagos tras una renegociación con el Fondo, luego de un período de gracia de tres años, el Estado contaría entonces con una “asistencia crediticia por 26.000 millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina” (El Cohete a la Luna, 28/11). Es curioso, porque lejos de ofrecer independencia ello refuerza la injerencia del imperialismo norteamericano, como sucede explícitamente con el titular del BID, el trumpista Mauricio Claver-Carone.

La otra posibilidad que se baraja, más realista, sería que el acuerdo a firmar con el Fondo contemple la devolución de los pagos de capital (de septiembre pasado y el próximo diciembre), lo que funcionaría como un nuevo desembolso y dejaría la hipoteca de nuevo en 45.000 millones de dólares, después de haber pagado en tres años más de 4.000 millones en intereses. Todos estos callejones sin salida prueban que el camino de negociar un nuevo programa fondomonetarista, en función del repago de una deuda impagable, perpetuará por décadas la tutela sobre la economía argentina. En efecto, toda la estrategia de avanzar en esta dirección apunta a… reabrir un ciclo de endeudamiento en el mercado de crédito internacional.

Así las cosas, la única garantía firme que ofrece el gobierno del Frente de Todos es un mayor ajuste sobre la población trabajadora. Lo muestra tanto el sobrecumplimiento en la reducción del déficit fiscal (de 1,8% del PBI cuando el Presupuesto 2021 estimaba 4,5%), en cuanto a las cuentas públicas, como la bendición presidencial a la reforma laboral pactada entre el Smata y Toyota, en relación al ámbito privado. La redoblada presión devaluatoria reafirma a su vez la perspectiva de un ajuste perpetuo, con mayor inflación y tarifazos.

Contra este sendero de ataques a los trabajadores, en función de una política que condena al país a la quiebra y la fuga de sus riquezas, emerge el reagrupamiento de las organizaciones de lucha que, a iniciativa del Frente de Izquierda Unidad, resolvió en un plenario abierto convocar a copar la Plaza de Mayo el 11 de diciembre. Es el punto de partida para una pelea hasta las últimas consecuencias por derrotar esta nueva entrega nacional.

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