En la provincia de Buenos Aires, donde la ocupación de camas de terapia intensiva alcanza el 67% y se vive una situación de colapso en localidades del interior como Junín y Tres Arroyos, clínicas y hospitales se encuentran abandonados y en desuso.

Es el caso del Hospital Presidente Néstor Kirchner en La Matanza, cuyas obras comenzaron en 2015 y aún no se ha inaugurado. Allí hay disponibles 180 camas -30% UTI-, las cuales se encuentran inutilizadas. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, no da ninguna respuesta acerca de cuándo estará listo el proyecto.

En el distrito de Escobar, uno de los más afectados por el nivel de ocupación de camas, se hallan las obras sin terminar del Hospital del Bicentenario, las cuales fueron paralizadas en 2016 cuando la construcción estaba al 80%, y, hasta el momento, no se han reactivado. Este centro de salud podría aportar 150 camas al sistema sanitario, sin embargo, se encuentra abandonado.

El oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio comparten responsabilidades en torno a este vaciamiento. Estos últimos frenaron las obras durante su gestión, y, a su vez, el gobierno actual no destina los fondos para finalizarlas, aún en el contexto epidemiológico excepcional que estamos atravesando.

Capítulo aparte merecen las clínicas privadas que han cerrado sus puertas en el transcurso de las pandemia, empujando a sus trabajadores a la calle y dejando al sistema de salud en su conjunto con menos recursos para enfrentar la pandemia. En el territorio bonaerense cerraron al menos nueve clínicas: el Sanatorio Mariano Pelliza y el Centro de Salud Norte en Vicente López -este último fue clausurado-; la Clínica San Andrés en Tres de Febrero; el Sanatorio Plaza y la Clínica San Carlos en Escobar; la Clínica Sagrado Corazón en Hurlingham; la Nueva Comahue en Temperley; la Clínica Brandsen en Quilmes y la Clínica Los Almendros de Don Torcuato. En ocho de estos casos, ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni las autoridades de PAMI, ni los gobiernos municipales se hicieron cargo de los establecimientos a fin de garantizar que continúen funcionando.

En el caso de la Clínica San Andrés, cuyos trabajadores siguen luchando por la estatización y reapertura del centro de salud, hay 12 camas de terapia intensiva con respiradores disponibles, área restringida de Covid, noventa camas en piso y un tomógrafo que podrían estar siendo utilizados para atender pacientes de coronavirus y que el Estado elige desperdiciar. Algo similar ocurre en la Clínica Sagrado Corazón, la cual posee 90 camas en piso y 10 aproximadamente para cuidados intensivos. El Sanatorio Plaza, a su turno, contaba con 48 camas, de las cuales ocho eran de terapia intensiva. Como se ve, recursos fundamentales completamente desaprovechados.

La única resolución que tomó Axel Kicillof en pos de evitar un colapso de las UTIs es la implementación de un Sistema de Gestión de Camas, destinado a pedir informes sobre el nivel de ocupación en el sistema público y privado. No está en su horizonte la puesta en funcionamiento de más unidades de terapia intensiva inaugurando y reabriendo los centros que se encuentran cerrados en la provincia donde él mismo gobierna.

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encendió las alarmas en sus declaraciones públicas anunciando un empeoramiento del cuadro sanitario con la llegada del invierno, pero no dijo nada acerca de qué medidas va a tomar para robustecer el sistema de salud. Incluso, omite que existen recursos sanitarios a disposición, como los mencionados anteriormente, que están siendo inutilizados.

Lo que hay detrás de esta política irracional es la orientación de ajuste del gobierno de Alberto Fernández que ha hecho suyas las tijeras del FMI en función de cerrar un acuerdo. Sin ir más lejos, el presupuesto destinado a salud sufrió un recorte del 9% en términos reales para este año. Por lo tanto, la finalización de los hospitales y la contratación de personal, junto con la reapertura de las clínicas a cargo del Estado no forman parte de las prioridades de las fuerzas políticas del régimen que votaron esta reducción presupuestaria. De esta manera, quienes nos gobiernan pavimentan el camino para que se produzca un desborde de las camas y un aumento de la mortalidad.

Exigimos la finalización de las obras y puesta en funcionamiento del Hospital Presidente Néstor Kirchner y Hospital del Bicentenario, así como también, la estatización bajo control de los trabajadores y reapertura de las clínicas cerradas. Es necesaria la triplicación del presupuesto de salud, la ampliación de camas y respiradores y la recomposición salarial del personal de salud. La creación de un sistema único, centralizado por el Estado y gestionado por los trabajadores, que reúna todos los recursos sanitarios del país se convierte en un reclamo de primer orden para enfrentar la segunda ola de Covid-19. A su vez, este plan debe financiarse rompiendo con el FMI, repudiando la deuda usuraria y aplicando un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

 

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