En las últimas semanas, algunos procesos de lucha de los trabajadores han puesto de manifiesto el deterioro de los sistemas sanitarios, como consecuencia del ajuste de los gobiernos capitalistas.

En la ciudad de Buenos Aires, los residentes y concurrentes protagonizaron una histórica lucha de nueve semanas por una recomposición salarial contra el gobierno local de Horacio Rodríguez Larreta (PRO-Juntos por el Cambio). Es el sector más precarizado, y el que en buena medida sostiene los hospitales. El movimiento se extendió a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof (Frente de Todos), donde se manifestaron más 600 residentes. En Córdoba, a su vez, habrá un paro con movilización el 16. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales ejecutan políticas de ajuste sobre el sector sanitario, en función del pacto con el FMI.

En la capital española, cientos de miles de personas marcharon el domingo 13 en defensa de la salud pública, frente a un plan de la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), que reabre los centros de urgencia extrahospitalaria de la región (cerrados durante la pandemia) con menos personal. Apunta a que decenas de ellos funcionen directamente sin médicos, que pasarían a atender las consultas en forma remota. Desde la semana pasada, el sindicato médico Amyts está en huelga general y para el 21 arrancaría una medida de fuerza indefinida de médicos de familia y pediatras. “Está llegando a los centros de salud una cascada de pacientes que no están pudiendo ser atendidos correctamente ante la falta de tiempo en las consultas. Asimismo, por desgracia, ya se ha normalizado que un médico de Atención Primaria vea más de 50 o 60 pacientes en su jornada laboral”, sostiene ese sindicato en un comunicado (14/11).

En la región de Cantabria (gobernada por el Partido Regionalista, con el apoyo del Psoe), el Sindicato Médico lanzó una huelga en reclamo de un máximo de 35 pacientes diarios (Antena 3, 13/11) y mayor seguridad para el personal frente a agresiones sufridas en horario de trabajo. La conducción alcanzó un preacuerdo a principios de la semana, pero una asamblea obrera lo rechazó, exigiendo mayores garantías. Una nueva asamblea tendrá lugar el miércoles 16.

Otro hecho de importancia es el anuncio de una medida de fuerza antes de fin de año por parte del sindicato de enfermeras del Reino Unido (el Royal College of Nursing, RCN). Según la revista norteamericana Time (14/11), sería el primer paro en 106 años. Demandan un aumento 5% superior a la inflación, siguiendo el camino de los ferroviarios y otros muchos sectores que han adoptado ceses de tareas.

En otras latitudes también hay medidas de fuerza sintomáticas. En Minneapolis y St. Paul, Minnesota, 15 mil enfermeras desarrollaron un paro de 72 horas con piquetes en 15 hospitales, a mediados de septiembre. Reclaman mejoras salariales y denuncian que la escasez de personal no se debe a la falta de profesionales sino a las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios, según la revista sindical National Nurses Magazine (julio-agosto-septiembre 2022).

En Nueva Delhi, la capital de la India, los trabajadores de uno de los principales hospitales públicos de la ciudad pararon 48 horas ante la agresión del personal por parte de pacientes (Indian Express, 15/11). En Wellington, capital de Nueva Zelanda, enfermeras de tres clínicas pararon en octubre para reclamar un aumento salarial. Y en Chile, la Confusam (Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada) inició un paro nacional el 15 en rechazo a un aumento del presupuesto de atención primaria de apenas el 1%.

Deterioro

El deterioro de los sistemas de salud atraviesa tanto a los países periféricos como al llamado mundo desarrollado, al calor de la crisis capitalista. Según la Organización Panamericana de la Salud (26/9), “la escasez crónica de inversiones y la constante fragmentación de los sistemas de salud en la Región de las Américas han llevado a un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores de salud, un problema que se agravó con la pandemia de COVID-19”.

En el caso de Estados Unidos, la mayor parte de la salud se encuentra directamente privatizada. Una realidad que ha tenido consecuencias dramáticas. Manejadas en un sentido capitalista, las clínicas privadas redujeron las camas disponibles para incrementar la rentabilidad, elevando la proporción de camas ocupadas. Esto hizo que al estallar la pandemia, faltaran recursos para enfrentar la enfermedad.

Además, según un informe de la fundación privada Commonwealth Fund, casi 30 millones de personas no tiene seguro médico y 40 millones disponen de un plan de baja cobertura. Los más afectados son negros e hispanos, comunidades en que más del 20% de la población no cuenta con cobertura alguna (El Tiempo Latino, 7/4). “Muchas personas no quieren ir al médico porque le tienen pavor a las cuentas médicas. Esto retarda la atención, el tratamiento y las enfermedades van a empeorar”, indica una de las fuentes del artículo.

Esta misma situación de endeudamiento comienza a darse en el Reino Unido, donde, debido a la larga lista de espera en el sistema público (NHS), muchos pacientes recurren a préstamos bancarios para financiar operaciones (Télam, 22/7). El NHS, otrora orgullo nacional, se ha ido deteriorando al calor de los recortes presupuestarios posteriores a la crisis de 2008. Hay demoras en la atención, falta de personal y privatización de algunas de sus áreas.

No es un problema estrictamente británico sino de todo el viejo continente. Ya hemos visto el caso de España.

En Francia, los trabajadores de la salud organizaron protestas en junio ante condiciones laborales “extremadamente degradadas” y la falta de personal, que empujó al cierre de servicios. “El hospital público se muere por falta de medios”, alertó un referente sindical galo (France 24, 7/6).

Italia instrumentó recortes presupuestarios por alrededor de 35 mil millones de euros en la década previa a la pandemia, lo que agravó dramáticamente el impacto del Covid (2/1/21).

Y en Alemania, donde los hospitales estuvieron al límite repetidas veces a lo largo de la pandemia, un informe del Instituto de la Economía teutón asegura que “en 2035 podrían faltar unos 307.000 enfermeras y enfermeros en la atención hospitalaria. La situación no deja de agravarse desde hace años. El personal de enfermería sufre de estrés, de sobrecarga física y mental, hace horas extra por la falta de personal, y todo esto por un salario bajo” (DW, 12/7).

La pandemia tomó desprevenidos, y bajo el azote de medidas de ajuste, a los sistemas de salud públicos del mundo. Junto a la falta de coordinación global y de aplicación de las medidas de aislamiento necesarias, o directamente de un laissez faire (las terapias de “inmunidad de grupo”, al estilo de Bolsonaro en Brasil), los contagios se potenciaron y se diseminó la enfermedad.

Los gobiernos siguen aún hoy felicitando en sus discursos a la “primera línea” de trabajadores sanitarios frente al Covid-19, como en el discurso del canciller argentino Santiago Cafiero en el G20. Pero, mientras tanto, persisten en las mismas políticas que han desguarnecido los hospitales y han reforzado el negocio de la salud privada.

La centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores, el aumento presupuestario, la nacionalización de los pulpos farmacéuticos, son consignas para ayudar a orientar las luchas de los trabajadores que irrumpen a lo largo y ancho del mundo.