Estados Unidos confirmó la donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna hacia Argentina, que llegarán este mismo viernes. El acuerdo se da luego de la firma de un DNU que le permite a Pfizer y demás laboratorios aterrizar en el país, a la vez que concede una lista de beneficios y disminuye considerablemente los riesgos de pérdida, ya que libera a la empresa de pagar por efectos indeseados o adversos que puedan tener las vacunas.

Esta no es la primera donación ejecutada por EE.UU. Según lo que trascendió, el gobierno de Joe Biden tiene planificado distribuir 55 millones de dosis, de las cuales 14 millones tienen como destino América Latina. Sin embargo, la donación por parte de Estados Unidos no tiene un fin altruista para el resto del mundo; caso contrario, habría habilitado mucho antes el envío de dosis de AstraZeneca que tuvo retenidas durante meses y que por contrato pertenecían a Argentina, o no habría restringido las exportaciones de vacunas y materias primas claves en la cadena de fabricación de vacunas durante gran parte del 2021. De hecho, Argentina fue incluida en el esquema de repartición recién cuando cedió a las presiones de modificación de la Ley de Vacunas, en un intento del gobierno nacional de congraciarse con el imperialismo yankee en el marco de la guerra comercial y la competencia entre potencias por el mercado de vacunas.

En realidad, Estados Unidos ha estado utilizando las donaciones como una herramienta para lograr la inserción de sus laboratorios (Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson) en distintos mercados, particularmente en aquellos donde Rusia y China lograron comercializar con éxito, y sobre todo desde que se empezó a especular con la posibilidad de que la vacunación sea un evento anual. Esto último ha convertido al mercado de vacunas en uno fijo y aún más rentable, por lo que la competencia internacional es feroz.

La donación hacia Argentina tiene elementos particulares. Por un lado, es el resultado de un acuerdo bilateral entre ambos países, y no una donación a través del mecanismo Covax de la OMS. Por el otro, es el envío más grande que Estados Unidos hace a un país latinoamericano: 3,5 millones. A Brasil, por ejemplo, le donó 3 millones, aún teniendo casi 5 veces la población de Argentina. De conjunto, el envío demuestra un avance en las relaciones entre el gobierno yankee y el gobierno de Alberto Fernández, ya que las negociaciones se dieron entre la Casa Blanca y la propia ministra de Salud Carla Vizzotti, donde también jugó un importante rol Cecilia Nicolini, asesora presidencial.

Mientras las funcionarias ultimaban los detalles de la donación, se reunían con distintos ministros de Reino Unido y empresarios de AstraZeneca. En palabras de Vizzotti, el objetivo del viaje es “profundizar la relación bilateral” y comenzar a producir la totalidad de la vacuna en el país. En otras palabras, facilitar la negociación entre laboratorios privados, una que no garantizará vacunas para Argentina y que, de hecho, se caracteriza por un profundo retraso en la llegada de las dosis, ya que AstraZeneca solo entregó el 35% de las 22,4 millones acordadas para el primer semestre del año.

Otro motivo del viaje es el intercambio de estrategias sanitarias, ya que al igual que Reino Unido el Ministerio de Salud de la Nación decidió priorizar la administración de las primeras dosis por sobre las segundas, consideradas hoy prioridad en el resto del mundo por el avance de la variante Delta. En nuestro país ya se detectaron 15 casos y, aunque todavía no hay circulación comunitaria, las medidas del gobierno fueron inocuas para detener su entrada. Tampoco está reforzando el sistema sanitario, que después de un año y medio de pandemia regida por el ajuste muestra importantes signos de agotamiento.

Estos hechos son solo una muestra de la política sanitaria del gobierno para combatir el coronavirus, sobre todo en torno a la adquisición de vacunas, para la cual ha encarado negociaciones con laboratorios sobre la base del secretismo en los contratos y la defensa de las patentes. Es por eso que durante la primera parte del año le permitió a las farmacéuticas modificar los cronogramas y manejar las entregas a piacere a costa de atravesar la segunda ola con un pequeño porcentaje de la población vacunada, lo que hoy se expresa en las más de 100 mil muertes. Es una política muy distinta a la que tuvo para los institutos de investigación públicos, donde los profesionales que se encuentran desarrollando vacunas nacionales se ven obligados a trabajar bajo contratos con empresas privadas debido a la profunda desfinanciación de la ciencia y técnica. O para los profesionales de la salud, quienes han recargado sobre sus espaldas el peso de la pandemia con un proceso de vaciamiento y privatización del sistema sanitario de por medio.

Lo que se necesita para enfrentar la pandemia es un cambio en las prioridades. En primer lugar, aumento presupuestario para el sistema de salud y una gran inversión en ciencia y técnica, que permita el desarrollo y producción de vacunas locales. Junto con esto, terminar con el régimen de patentes que beneficia a los monopolios farmacéuticos y garantizar la tecnología necesaria para producir a gran escala las vacunas en las plantas con capacidad, ya sean públicas o privadas, avanzando también en la centralización del conjunto del sistema sanitario.

 

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