“No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan”, dijo Alberto Fernández en el acto de asunción de los nuevos ministros. Fue una alusión directa a la oposición que en el último tramo de la campaña logró instalar el debate sobre la eliminación del régimen de indemnizaciones. La cuestión de la reforma laboral fue instalada también por la UIA y fue eje de Randazzo, de los Espert y los Milei.

Pero el gabinete al que le estaba tomando juramento, indica todo lo contrario. Ante todo por el lugar central que ocupa Juan Manzur. Ya mucho se ha dicho y escrito sobre su militancia antiabortista y su cruzada contra los derechos de las mujeres.

También fue uno de los gobernadores con mejor diálogo con el macrismo. Su mano derecha, Pablo Yedlin, fue el gran operador entre los diputados pejotistas de la firma del Pacto Fiscal que habilitó la reforma previsional que venía atada a otra de reforma laboral. Luego Manzur colaboró en la aprobación de la ley contra los jubilados interviniendo ante los diputados del interbloque de los gobernadores (canjeó esa gestión por la anulación del aumento del impuesto interno a bebidas azucaradas).

Solo la resistencia popular obligó a cajonear el proyecto de reforma laboral, que venía en el paquete, con el que Manzur se involucró personalmente, a partir de sus estrechos lazos con todas las fracciones de la burocracia sindical, desde Hugo Moyano a Sergio Palazzo, y, sobre todo, Héctor Daer.

“Un proyecto complejo de más de 130 artículos que incluye un blanqueo laboral, pasantías y un fondo para retiro de trabajadores que baja las indemnizaciones”, explicaba Yedlin en un entrevista. Como se ve, nada muy diferente a lo que ahora proponen Rodríguez Larreta o Martin Lousteau.

La incorporación de Manzur al gobierno lejos de blindar “los derechos de los que trabajan” es un reforzamiento de la línea de destrucción de los convenios colectivos y por eso fue saludada por un amplio arco político patronal: “aporta volumen político”… para llevar adelante el programa del FMI en las nuevas condiciones generadas por la derrota oficial.

Igual, apuntemos que aunque el peronismo y la burocracia sindical han rechazado “de palabra” la reforma laboral, en los hechos son quienes la ejecutan. Las “mesas sectoriales”, de las que participan las cámaras empresarias, los sindicatos y el Ministerio de Producción, vienen trabajando en la elaboración de planes que incluyen, invariablemente, la flexibilización de los convenios de trabajo. De esto se habló en el llamado el Congreso de la Productividad que se realizó recientemente.

Los programas de empleo joven y reconversión de planes sociales, parte del paquete de medidas económicas de relanzamiento del gobierno, tienen como pilar la incorporación de mano de obra precarizada. Y, como se sabe, las “reformas estructurales” son un capitulo clave del acuerdo con el FMI, que este nuevo gabinete viene a concretar.

En el mismo momento que Manzur asumía, frente a los tribunales de Comodoro Py, un enorme acto exigía la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, procesados por aquellas históricas jornadas de 2017, que Manzur condenó “enérgicamente”.

Dos líneas de conducta contrapuestas, coherentes con los intereses que cada uno defiende: los luchadores obreros Arakaki y Ruiz y el “antiderechos” Juan Manzur. Como rezaba un viejo slogan electoral: en la vida hay que elegir.

24 horas después, una multitud convocada por la Unidad Piquetera, apoyada por el Plenario del Sindicalismo Combativo y la izquierda, llenaba la Plaza de Mayo por un salario equivalente a la canasta básica, contra el ajuste y el FMI, denunciando el gabinete derechista. Esto recién empieza.

 

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