Mientras decenas de docentes se manifestaban frente a la Legislatura durante el inicio de sesiones, dentro de la unicameral el gobernador Martín Llaryora ratificaba su plan de guerra contra la docencia y los trabajadores estatales. El descomunal operativo policial con que se custodiaba la Legislatura revela el carácter antiobrero de los anuncios del gobernador.

A pesar de proclamar la educación como una prioridad de su gobierno, lo cierto es que a días de su asunción comenzaron los ataques. Al recorte del presupuesto educativo (que viene decreciendo desde 2017), se sumó el desconocimiento de la paritaria 2023, el incremento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross, y recientemente la modificación en los reajustes por movilidad jubilatoria.

En un nuevo capítulo de ataque a las jubilaciones, esta última disposición implica que se aplicará el diferimiento de un mes para los jubilados que hayan cobrado entre $470.000 y $700.000 de bruto en diciembre 2023. Y para los que cobren arriba de los $700.000 se les aplicará el diferimiento de tres meses.

Ajuste y reforma laboral

El desconocimiento de la paritaria 2023 fue el primer paso de un plan integral para liquidar el salario docente, imponer una reforma laboral encubierta, y atacar la educación de conjunto.

Vale recordar que la paritaria docente 2023 preveía el pago de la inflación mensual, es así que en diciembre los docentes debían percibir un aumento del 12,9% (inflación de noviembre); y en enero un 24,19% (inflación de diciembre). La lucha hizo retroceder parcialmente al gobierno, quién finalmente debió reconocer el 12,9% en diciembre, pero al imponer un incremento de 4 puntos en los descuentos (2 para la Caja y 2 para el Apross), el aumento salarial real quedó reducido a un 8,9%.

Para el mes de enero, en lugar del 24,19%, el gobierno liquidó un 10% y el proporcional a un bono de $40.000 en negro ($15.000 para los jubilados), imponiendo unilateralmente el aumento correspondiente a la reciente paritaria cerrada con el SEP (sindicato de empleados públicos), que fue rechazada por la docencia. Esto incluyó la incorporación de nuevos ítems en el recibo de sueldo como el de “profesionalidad docente” que sienta las bases para avanzar en el presentismo.

Cerrando toda mesa de negociación con el sindicato docente, el gobierno presiona por la aceptación de un acuerdo que, además del recorte precedente, implicaría la pérdida del 50% de la inflación en los meses de febrero y marzo, aumentando la presión sobre salarios extremadamente empobrecidos.

El ajuste vía inflación se combina con una reforma laboral encubierta tendiente a extender la jornada laboral docente. Con el reciente Decreto Nº 43, que habilita a las maestras de inicial y primario a acumular hasta dos cargos docentes, se busca equiparar un cargo docente a un trabajo “part time”. Es decir, que para completar una jornada laboral la maestra deberá trabajar dos cargos.

Esto destruye el cargo testigo, equivalente al salario inicial de una maestra de grado, y apunta a un nuevo ajuste salarial, donde el docente deberá aumentar su explotación laboral para completar el mismo ingreso que antes obtenía con un cargo, o el equivalente a 31 horas cátedras.

El ataque al salario va en sintonía con el ajuste generalizado en educación, que golpea con especial dureza en infraestructura. En esta área, no sólo se han reducido en un 50% los planes de obra en ejecución, sino que existe absolutamente ningún plan para preservar y reparar los 470 edificios escolares que sufrieron robos y/o vandalismo en 2023.

El destrato a la docencia contrasta con la férrea defensa del empresariado que opera en Córdoba por parte de Martín Llaryora, quien emprendió una cruzada contra el gobierno nacional por la suba de retenciones, las modificaciones en la ley de biocombustible, y el recorte a los subsidios en determinadas áreas de la producción.

La austeridad que se le reclama a la docencia, al igual que el ajuste de Milei, va destinada a financiar la ganancia empresaria y los negociados con la obra pública. No sorprende entonces que mientras el gobierno desconoce el acuerdo paritario docente y recorta el presupuesto en infraestructura educativa, se jacte de cumplir sus compromisos con los acreedores internacionales desembolsando más de 27 millones de dólares para el pago de intereses y amortización de deuda.

La docencia en pie de lucha

Con un ataque de tal magnitud el gobierno hace peligrar el inicio de clases, frente a una docencia que no está dispuesta a dejar pasar la destrucción de la educación pública.

La movilización del pasado jueves 1 de febrero, impuesta al calor de un plan lucha sostenido por UEPC Capital con plenarios y movilizaciones durante todo el mes de enero, es la expresión de una disposición creciente de la docencia que se plasmó en la enorme columna docente en las movilización del 20 y el 27 de diciembre, el gran paro docente del 28 de diciembre, y la participación en el paro general del 24 de enero, y numerosas acciones de lucha.

Este debe ser el puntapié inicial de un plan de acción del conjunto de la docencia provincial. Es en ese sentido que desde la delegación Capital se viene reclamando ante la conducción celeste la convocatoria a asambleas de escolares, de delegados y departamental, para unificar un plan de lucha. Sin embargo, mientras la tendencia de la docencia es a la lucha y al no inicio, la conducción provincial se esfuerza por poner paños fríos, promoviendo acciones aisladas y sin continuidad que pavimentarán en camino de la derrota.

Ante las dilaciones de la conducción provincial, desde UEPC Capital se está convocando a un plenario de delegados para este lunes 5 de febrero, asambleas escolares el 6 y 7, y asamblea de delegados el 8, para resolver un plan de lucha por el salario, que debe comenzar preparando las jornadas del 15 y 16 de febrero.

Es necesario integrar al conjunto de la comunidad educativa a esta lucha. Poniendo de relieve que lo que está en juego es el derecho a la educación, debemos convocar a los estudiantes y sus familias a llenar de solidaridad la lucha docente, y a organizarse por sus reclamos.

Asimismo es necesario fortalecer el frente único con los sindicatos combativos y las organizaciones de lucha, construyendo la unidad con las y los trabajadores de salud, replicando la gran experiencia de 2023 que rompió el techo salarial e hizo retroceder al gobierno.

Preparemos las asambleas escolares, y fortalezcamos a unidad con los luchadores. Sólo con el método del frente único y la movilización es posible enfrentar este plan de guerra contra los trabajadores.

 

https://prensaobrera.com/sindicales/milei-y-los-gobernadores-atacan-los-salarios-docentes