El gobierno oficializó, mediante el Decreto 426/2022, la prohibición de contratar a nuevos empleados del Estado hasta fines de 2023. La medida se encuentra comprendida en el paquete que anunció Batakis para recortar al máximo el gasto público, en función de cumplir con la meta del déficit fiscal que impone el FMI. El decreto termina de legitimar el trabajo en negro, que ya dentro del Estado es moneda corriente, obstaculizando el pase a planta de miles de precarizados, un ajuste brutal hacia los trabajadores estatales.

Esta medida impide también que se concrete el “Plan de Regularización del Empleo Público”, que consiste en el pase a planta permanente de 30.000 trabajadores del Estado nacional que trabajan bajo contrato desde hace 10, 15 y 20 años. Estos números dejan claro que el sector público es una fuente preponderante de trabajo en negro, cuyos trabajadores mantienen contratos por monotributo y por fuera de cualquier convenio colectivo. Esto los exime de cualquier tipo de derecho laboral, como son las vacaciones pagas, el convenio colectivo, las paritarias, la percepción de los bonos y los aportes patronales, a la vez que configuran un plantel enorme de mano de obra barata. Además, los contratos deben ser renovados en forma permanente, con la posibilidad de ser rescindidos en cualquier momento y sin consignar ningún tipo de indemnización por despido.

Tanto el Inti como el Conicet protagonizaron luchas y movilizaciones por el pase a planta, en ambos casos la lucha contra los despidos durante el macrismo incluyeron las ocupaciones de los lugares de trabajo, y esa lucha tuvo continuidad en el Inti por la reincorporación de los despedidos, y luego por el pase planta. El decreto del gobierno, que exceptúa a los organismos de ciencia técnica, son una respuesta a esa lucha, y una confesión del vaciamiento del sector.

Queda claro que el Estado es el primer negrero, y por este motivo es que la informalidad del empleo no se reduce solamente a la esfera pública del mercado laboral, sino que conforma una política de Estado. Según el último informe del Ministerio de Trabajo, el “trabajo independiente” en su conjunto se expandió un 11% (+267 mil trabajadores) en la comparación interanual. El número de trabajadoras y trabajadores encuadrados en el monotributo social y monotributo mostró un crecimiento significativo (+20,7% y +10,4% respectivamente), mientras que la cantidad de aportantes al régimen de autónomos presentó un crecimiento de 4,6%.

Mientras se acrecienta la masa de trabajadores en el país que ingresa al mercado de empleo informal, la medida anunciada por Batakis es un paso más en la reforma laboral antiobrera que busca formalizar este tipo de contratación, por exigencia del FMI, para patear las condiciones laborales y los derechos conquistados por los trabajadores. Prueba de esto también es la eliminación de la doble indemnización por despido, que le otorga vía libre a las patronales para impulsar despidos sin causa y recortes de personal a su conveniencia. Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner fueron en la misma sintonía, exigiendo salarios con sumas fijas y sin paritarias, alegando niveles normales de desempleo (cifra que no contempla trabajadores en negro ni a aquellos desocupados que perciben planes sociales).

A su vez, el ajuste en los gastos del Estado continúa recayendo sobre las espaldas de los trabajadores, en este caso particularmente de los estatales, mientras a los pulpos del agro no se les aumentan las retenciones y se financia la corrida de los especuladores. En tanto, el salario mínimo se desploma entre la línea de indigencia y el trabajo precarizado ofrece salarios en la misma sintonía. La CGT, mientras tanto, convoca a una movilización ¡a favor del gobierno!, sin escenario y sin oradores, por miedo a que sus propias bases le exijan un paro general que constituya una respuesta obrera a este régimen de superexplotación laboral que afecta a quienes viven de su trabajo. La burocracia de ATE y UPCN, por su parte, continúan negociando paritarias a la baja, refrendando su apoyo a la CGT y al gobierno de Alberto Fernández.

Las políticas que exige el FMI tienden a homogeneizar estas condiciones laborales para el conjunto de la masa obrera del país, en pos de garantizar mano de obra barata. Por ello es que, más que nunca, se torna urgente darle un fuerte impulso a la campaña que estamos llevando adelante por un paro nacional para derrotar esta ofensiva ajustadora.