Tanto el pasado jueves, como en el día de hoy, los choferes de la Unión Tranviarios Automotor han protagonizado distintas acciones, con una movilización al Ministerio de Salud, de Carla Vizzotti, donde presentaron un pedido formal para que se los incluya entre las prioridades de vacunación, y con cortes en distintos accesos de CABA para el día de hoy. También reclaman por la paritaria de la actividad y por un básico de $100.000.

El reclamo se asemeja a lo que han conquistado las organizaciones piqueteras, con el compromiso del gobierno de destinar 70.000 vacunas para inocular a los y las trabajadoras esenciales de los comedores populares, en todo el país. Lo cual también ameritó una serie de acciones y piquetes, defenestrados por el gobierno y atacados por los medios de comunicación de la burguesía.

A estos, se han sumado los reclamos de otros trabajadores del transporte público, como los ferroviarios y trabajadores del subte, así como los empleados de comercio, quienes cuentan con una alta exposición a la circulación.

Incluso se agregó un pedido de la Cámara Nacional Electoral, en vistas a la realización de las Paso y al cronograma electoral, para lo cual no existe claridad de bajo qué condiciones se montaría el esquema de votación y fiscalización, que demanda la participación de cientos de miles de personas y la movilización de millones de votantes.

Para el crítico sector de la salud, Alberto Fernández acaba de señalar en su conferencia matutina de este viernes que al 95% del personal se la habría aplicado al menos una dosis. Las cifras contrastan con lo que declaran algunas instituciones, como el Ioma (obra social del personal público de PBA), desde donde informan que el 40% de sus trabajadores no ha sido vacunado. Además de soslayar cuándo se aplicarían las segundas dosis.

El reclamo de los trabajadores se trata de una reivindicación más que justa, ya que es el propio gobierno, y su presidente Alberto Fernández, el que no ha perdido oportunidad de resaltar la importancia del sostén de la actividad esencial en tiempos actuales. Aunque hoy sea muy difícil de precisar qué es esencial y qué no para el gobierno con casi la totalidad de la actividad económica funcionando.

La escasa llegada de vacunas al país, a cuentagotas, aumenta la presión de distintos sectores expuestos a los contagios, debido a las medidas antisanitarias del gobierno y a la falta de protocolos sanitarios integrales en los lugares de trabajo.

 

#AHORA Choferes de colectivo cortan la entrada al #PuentePueyrredon exigiendo que se cierre la paritaria, un plan de vacunación y protocolos sanitarios, por la alta exposición en los transportes públicos . Nos cuenta desde el corte Santiago, delegado de la Línea 60 pic.twitter.com/IbLr81a4b9

— Prensa Obrera (@prensaobrera) April 30, 2021

 

Como si se tratara de la metáfora de la gallina y el huevo, el gobierno ha fijado parte de su discurso “contra la pandemia” en los piquetes obreros que, justamente, reclaman vacunas y medidas sanitarias contra el Covid-19. Salvo que en este caso no se trataría de una paradoja circular, sino que el gobierno intenta transferir la responsabilidad de los contagios a la población, mientras cubre su parálisis ante el avance de la pandemia y su fracaso en el cumplimiento de los compromisos de vacunación.

El reforzamiento de este discurso represivo y antipiquetes se da de la mano de un crecimiento de las manifestaciones de trabajadores esenciales, con el reclamo de ser incluidos entre las prioridades del cronograma de vacunación.

El gobierno es el principal responsable de este desmadre, ya que no hecho valer ninguno de los compromisos de arribo de vacunas anunciados. Las diez millones que habrían llegado al país implican solo el 15% de lo que el gobierno habría adquirido, lo que delata la magnitud de la crisis.

Ante esta situación sería más propio dirigir las denuncias  a los laboratorios y no a los trabajadores, quienes reclaman lo que por derecho les corresponde.

La primera medida debe ser la confiscación de la producción del laboratorio mABxience, de Hugo Sigman, para garantizar la provisión comprometida con la Argentina y Latinoamérica. Junto con la satisfacción de los reclamos obreros y populares, vinculados a medidas de emergencia (alimentos, seguro al desocupado, protocolos sanitarios y tareas exclusivamente esenciales) reclamados por la clase trabajadora en sus acciones de lucha.

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