Sindicales
18/8/2026
La CGT marcha por los endeudados, pero no para contra quienes los endeudaron
La conducción cegetista “visibiliza” la crisis de los hogares mientras rechaza un verdadero plan de lucha y apuesta al diálogo con el gobierno y a 2027.
Seguir
La CGT convocó a movilizar al Ministerio de Economía el jueves 20 de agosto por el endeudamiento de las familias. La iniciativa registra un drama inocultable: millones de trabajadores recurren a tarjetas, préstamos y billeteras virtuales para comprar alimentos, pagar el alquiler y afrontar las tarifas. Pero la central presenta el tema como una ampliación de su agenda “más allá de los reclamos estrictamente laborales”. Es exactamente al revés: la deuda de los hogares, es una radiografía del derrumbe salarial, los despidos, la precarización y los tarifazos.
Los datos muestran una auténtica quiebra de las familias trabajadoras. En mayo 5,8 millones de personas no pudieron pagar regularmente sus deudas y los hogares ya destinaban alrededor del 30% de sus ingresos a cuotas de créditos. Mientras los bancos remuneraban los depósitos con tasas cercanas al 20% anual cobraban un Costo Financiero Total superior al 150%, que llegaba a más del 200% en billeteras virtuales. Así, la banca embolsó más de 4 billones de pesos (unos 2.700 millones de dólares) en doce meses. No estamos ante una “irresponsabilidad” individual: existe una gigantesca transferencia de ingresos desde quienes se endeudan para comer hacia bancos, financieras y fintech.
Esta usura tiene nombres propios. Gabriel Solano denunció penalmente a Marcos Galperin porque Mercado Pago aplica un Costo Financiero Total que llega al 1.300% anual para usuarios expulsados del crédito bancario. La presentación invoca el artículo 175 bis del Código Penal y reclama determinar cuántas personas fueron afectadas y quiénes definieron esta política. “Mercado Pago convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente”, señaló Solano al denunciar también la complicidad del Estado.
Un plan para no luchar
La convocatoria de la burocracia sindical cegetista, junto a las dos CTA, no forma parte de una escalada para derrotar esta política. Cuando lanzó su supuesto “plan de lucha”, el 7 de julio, la conducción descartó el paro general porque consideró que no había “garantías de éxito”; también rechazó los paros sectoriales y rotativos. Ahora vuelve a “evaluar” una huelga mientras prepara otra marcha sin paro y un calendario que incluye la Semana Social de la Iglesia, el Día de la Industria y hasta la visita del papa.
Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, llegó a decir que convocar a un paro es “angustiante” porque los trabajadores pierden el día y el salario, y reivindicó el diálogo. El argumento invierte las cosas: la burocracia tolera que millones pierdan poder adquisitivo todos los meses, caigan en la usura o directamente pierdan el empleo, pero presenta como insoportable el costo de organizar una acción colectiva para frenar esa sangría. Su orientación no es derrotar el programa de Milei y el FMI, sino preservar la gobernabilidad, administrar el descontento con movilizaciones testimoniales y esperar una “solución política” en 2027 de la mano del peronismo.
La deuda tampoco se resuelve con “educación financiera” ni con nuevas refinanciaciones. Mucho menos reemplazando una deuda por otra, como propone el proyecto del diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, que pretende usar fondos de Anses para prestar hasta 1,5 millones de pesos y pagarles a los acreedores. Sería un rescate a los bancos con recursos de las y los jubilados.
Que paguen los bancos
En cambio el proyecto de Emergencia Financiera y Desendeudamiento presentado por el FIT-U plantea otra salida: ninguna asistencia estatal a las entidades que amasaron ganancias extraordinarias con tasas confiscatorias. Propone la condonación total de deudas onerosas para los hogares más golpeados; quita de punitorios, multas e impuestos; reducción del 50% del capital para los demás casos y cuotas fijas sin interés que no superen el 15% de los ingresos. También establece la suspensión de ejecuciones, embargos y registros en Veraz y Cendeu durante dos años, límites a las tasas futuras y una auditoría independiente de los bancos con participación de trabajadores y familias afectadas.
Estas medidas deben ir unidas a un aumento general de salarios y jubilaciones, un salario mínimo igual a la canasta familiar, la prohibición de despidos y un plan de lucha nacional. La salida de fondo exige nacionalizar el sistema financiero bajo control de los trabajadores, romper con el FMI y dejar de destinar los recursos del país al pago de la fraudulenta deuda externa.
Hay que transformar la marcha en un canal para la intervención independiente de los trabajadores, con asambleas en todos los gremios y lugares de trabajo. La respuesta a la quiebra de los hogares no es otro paseo de la burocracia: es un paro nacional activo y un plan de lucha hasta la huelga general derrotar la ofensiva de Milei, las patronales y el FMI. Que la crisis la paguen los bancos y no las familias trabajadoras.
