Se firmó la paritaria de los estatales nacionales con el acuerdo (inédito en los últimos años) de las conducciones de ATE y UPCN. La pauta salarial ofrecida por el gobierno de Alberto Fernández, y aceptada por las direcciones de ambos sindicatos, deja a las y los estatales como el sector que mayor retraso salarial sufrió en todo el movimiento obrero de 2016 a la fecha.

Al 7% otorgado a partir de octubre para todo 2020 se agregan tres cuotas a cobrar en marzo (4%), abril (6%) y junio (8%) de 2021, totalizando un aumento punta a punta para el período junio 2020 – mayo 2021 de 25%. Anualizado, por la distribución de las cuotas, el aumento real (año contra año) es de tan solo un 7,8%. Ruinoso.

El acuerdo incluye un bono extraordinario de $4.000 brutos por única vez para sueldos de hasta $60.000 brutos ($49.000 en mano), es decir sólo para salarios por debajo de la línea de pobreza. También la continuidad de la suma otorgada en febrero de 2020 ($4.000 brutos) para esos mismos salarios.

Con un 30,9% de inflación acumulada a octubre de 2020, y la interanual en el 35,8%, el 7% sumado a los $3.200 en mano que cobran quienes se encuentran por debajo de la canasta de pobreza constituye una pérdida salarial de casi 30 puntos. Es llamativo que la Verde y la Verde y Blanca de ATE consideren a esto como “un primer paso” en la recomposición del poder adquisitivo de los estatales. ATE nacional había rechazado el acuerdo en octubre poniendo en actas que el aumento debía ser del 40% (aunque no convocó a ninguna acción de lucha para conquistarlo), por lo que estamos ante una escandalosa retirada del cachorrismo.

A su vez, el 18% para el primer semestre de 2021, sin cláusulas de revisión (aunque el gobierno haya ignorado las de noviembre de 2019 y marzo de 2020), cuando la inflación proyectada para 2021 es del 50% con liberación de tarifas y la amenaza de devaluación, indica que la orientación oficial es la continuidad del ajuste sobre los salarios estatales, condición que exige el pacto con el FMI.

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Pases a planta… con concursos y con los despedidos afuera

El día previo al anuncio del acuerdo salarial se realizó una reunión en la Casa Rosada Retratando el más alto nivel de integración de los sindicatos estatales a un gobierno: Andrés Rodríguez (secretario general de UPCN), “Cachorro” Godoy (secretario general de ATE nacional) y Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital) coincidieron en destacar el compromiso oficial de pasar a planta permanente a 29.000 trabajadores en los próximos tres años… a través de concursos, es decir desconociendo que se trata de puestos que ya son ocupados desde hace años y abriendo un margen de arbitrariedad y dilaciones.

En dicha cita no se anunció la reincorporación de los 60.000 despedidos bajo el gobierno de Macri, ni mucho menos de los despedidos de la gestión actual (como en YCRT, PAMI y ahora en la AFIP). En realidad, hay que recordar que la precarización laboral en la que se apoyó el macrismo para despedir fue heredada del gobierno kirchnerista; la memoria es selectiva para dejar afuera a los despedidos de Casa de Moneda, Enacom, Mecon, Agroindustria, CCK y decenas de organismos.

Plenarios de delegados, paro nacional y plan de lucha

La aceptación de la propuesta por parte de ATE expresa el grado más alto de estatización de los sindicatos. Mientras firmaban la entrega del salario, en el Hospital Garrahan se preparaba el paro más importante del último período en rechazo a la pauta salarial del gobierno y para reclamar por un salario equivalente al costo de la canasta familiar. La acción no contó con el apoyo de ninguna de direcciones de ATE: ni la Verde ni la Verde y Blanca se acercaron al hospital para saludar la lucha.

El reagrupamiento de juntas internas que realizó la autoconvocatoria el 29 de septiembre fue un factor para que se convocara al paro del 6 de octubre -en el que la Multicolor intervino con una columna independiente reclamando un plan de lucha- y que luego el 3 de diciembre se realizara un acto frente a Gestión Pública, pero no pudo estructurar una acción de lucha por los límites que aún enfrenta. La negativa a confrontar abiertamente con el gobierno y la burocracia sindical exigiendo un plan de lucha y plenarios de delegados, para no caer en lo que algunos denominan el “delimitacionismo” (de la izquierda clasista), es el principal factor de freno para avanzar en un mayor reagrupamiento de lucha frente a la integración de todas la variantes de la burocracia al gobierno. La independencia de las organizaciones obreras y el rechazo al pacto social son banderas fundamentales en esta etapa.

La movilización unitaria de ocupados y desocupados votada en el plenario convocado por el Sutna, a la que adhieren las juntas internas del Hospital Garrahan, el INTI y de Educación Sede de La Plata, es una oportunidad para colocar el reclamo por un 40% de aumento para el 2020, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar (en $75.000 de acuerdo a ATE Indec), la eliminación del impuesto al salario, el rechazo a la nueva movilidad jubilatoria, el pase a planta de todos los precarizados y la reincorporación de todos los despedidos.

Es imprescindible impulsar asambleas en todas las dependencias, incluso autoconvocadas, para rechazar el acuerdo y exigir la convocatoria a plenarios de delegados en todo el país para votar un paro y un plan de lucha, para rodear y llevar al triunfo la lucha del Hospital Garrahan y la de todos los trabajadores de las salud, y para que ATE y UPCN rompan con el gobierno que pacta con el FMI.

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