El gobierno de Santa Fe avanza en toda línea en un ataque contra la docencia, siguiendo al pie de la letra el plan de Milei. El mes de agosto se avecina con una ofensiva brutal, lo que plantea el desafío de impulsar un verdadero plan  de lucha para defender a las y los trabajadores de la educación, que son el corazón de la escuela pública.

1) Empezó el tratamiento de la reforma antijubilatoria 

La Cámara de Diputados de la Legislatura provincial votó la conformación de una comisión para que trate la reforma jubilatoria en Santa Fe, paso que contó con un amplio respaldo político del conjunto de los bloques presentes en pos de “revertir el millonario déficit de la Caja de Jubilaciones”.

Santa Fe es una de las 13 provincias que en los ’90 no transfirieron sus Cajas de jubilaciones a la Nación. Desde 1999 se sucedieron diversos pactos, compromisos fiscales y leyes, por los cuales Nación se comprometió a solventar los déficits de las cajas no transferidas, para generar un marco de igualdad con las provincias que sí habían transferido sus cajas a la Anses. Los aportes nacionales se fueron realizando en función de pactos entre los gobernadores y Nación, convirtiendo los fondos jubilatorios en un botín de guerra político, lo que provocó que las transferencias se hicieran con enormes atrasos y a valores no siempre actualizados, lo que motivó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de las provincias. 

En el caso de Santa Fe, la última cifra acordada de compensación nacional data de 2020 y según los cálculos de la provincia, desde entonces la deuda de Nación con Santa Fe oscila entre los 600 y 700 mil millones de pesos. Sin embargo, a fines de marzo de 2024, el gobierno de Milei firmó el Decreto 280 que de manera unilateral eliminó los artículos del Presupuesto 2023 -reconducido para 2024- que establecían los mecanismos de transferencias a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. Aunque luego Guillermo Francos anunció que iban a reponerlos tras realizar “auditorías” esto nunca ocurrió, demostrando que este tipo de planteos no pasa de una argucia de los libertarios para recortar los fondos públicos.  

Los gobernadores de la región centro dijeron que iban a impulsar el reclamo por esos fondos, pero la gestión está paralizada. Lo que sí avanza es la reforma cuyo eje es el aumento de la edad jubilatoria y el fin del régimen específico docente, que establece el 82% móvil y la posibilidad de jubilarse con 57 años para las mujeres y 60 para los varones, tras 30 años de aportes como docentes. 

El frente de gobierno de Santa Fe (UCR+PRO+Partido Socialista) descarta de plano que el déficit pueda ser solventado aumentando aportes patronales, procediendo a un blanqueo de los trabajadores precarizados –empezando por el ejército de monotributistas y “cooperativistas” del Estado- o instalar un impuesto a las grandes fortunas asentadas en la provincias, donde operan las principales aceiteras del mundo. Por el contrario, en el Congreso de la Nación la UCR y el PRO aportaron su quórum y sus votos a la sanción de la Ley Bases, que reinstala el impuesto a los salarios como fuente de financiamiento de las provincias, mientras  rebajó impuestos a los capitalistas, vía el Rigi y bienes personales. 

La Amsafe provincial que dirige Sonia Alesso y Rodrigo Alonso es parte de la comisión que está tratando esta reforma reaccionaria pero no ha dado ningún tipo de información a sus afiliadxs ni los convocó para discutir un plan de lucha que rechace esta medida que tiene un alcance estratégico para todo el gremio.

2) Paritaria de miseria y corte del Iapos

Tras el levantamiento de los paros generales de estatales de principio de año a fuerza de descuentos masivos de los días de huelga y una campaña sostenida de Pullaro desprestigiando a la docencia, que terminó con la instalación del presentismo docente en Santa Fe, la burocracia sindical  y el gobierno negociaron ir a paritarias cortas, para seguir la evolución de la inflación, mes a mes. Pero frente a la convocatoria de julio, el gobierno condiciona la recomposición salarial a la caída de la recaudación de la provincia, un ardid mientras aumentan los impuestos provinciales y municipales (API, TGI, patentes),  y hay tarifazos brutales en todos los servicios que gestionan, como la luz y el transporte. 

De acuerdo al análisis económico elaborado a pedido del sindicato de docentes privados (SADOP), en los primeros seis meses del año, el sueldo de bolsillo de un maestro que recién se inicia perdió 160 mil pesos frente a la suba de precios registrada en Santa Fe. A esto hay que sumar el corte de los servicios de la obra social de los empleados públicos (Iapos) durante casi un mes y el recorte parcial que continúa en diversos servicios ligados a tratamientos complejos e intervenciones quirúrgicas (anestesia), así como el crecimiento de los copagos, porque es una vía indirecta de recorte salarial. 

Este desplome inusitado del salario no motivó que la burocracia de Amsafe convoque a la docencia a deliberar sobre el tema, mientras que la oposición antiburocrática también atraviesa una parálisis, lo que debe ser revertido con una inmediata convocatoria a un cuerpo de delegados con mandato de escuela. 

3) “Asistencia perfecta”  y  “esencialidad educativa”

Pullaro instaló el presentismo docente con el programa “Asistencia Perfecta”, que según datos del propio gobierno alcanzó a 15 mil docentes de los 70 mil que hay en la provincia. Lo que para el gobierno es un “premio”, en realidad es un ariete contra el salario basado en la precarización laboral, que empuja a ir a trabajar enfermos, con sobrecarga laboral y en condiciones de riesgo. La muerte de dos maestras santafesinas en Arminda en la ruta 14, yendo a trabajar, no motivó ninguna reflexión del locuaz ministro de Educación, José Goity, sobre las rutas destruidas que las maestras deben transitar para acceder a las escuelas rurales, y miles que hacen dedo para llegar por la falta de transporte público. 

En esta línea y con un fuerte impulso de la UCR, el Congreso empezó a tratar, a pedido de Milei, un proyecto de ley que declara a la educación “servicio esencial”, lo que establece la anulación del derecho de huelga. La ley establece “la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días que se hayan establecido en el calendario lectivo”, esto con independencia de que haya o no paros, haya o no agua, haya o no techos o luz, haya o no balaceras en las escuelas, como ocurre en Rosario. 

Esos días “caídos” deberán recuperarse por la docencia incluyendo el receso invernal, sábados y hasta domingos, lo que incluye si la escuela cierra también por problemas de infraestructura, climáticos, de dificultades de transporte, o cualquier motivo, que es lo que afecta mayoritariamente los días de clase en todo el país, porque las escuelas que se caen a pedazos.

Estamos ante un proyecto reaccionario en toda la línea, no solamente porque quiere impedir el derecho a huelga docente, sino porque además busca profundizar la presión para que las escuelas funcionen de cualquier manera, aunque no estén dadas las condiciones mínimas de seguridad e infraestructura. El conjunto de la docencia antiburocrática, combativa y clasista del país va hacia un plan de lucha contra este proyecto violatorio de los derechos sindicales y que se integra a la ofensiva contra las libertades democráticas de Milei, que empezó contra el movimiento piquetero y ahora avanza hacia otro de los contingentes de vanguardia del movimiento obrero argentino, que es la docencia. 

4) Concurso de ascenso y reemplazos

Si bien quedan por fuera de esta nota, que sería extensísima, muchos otros agravios contra la docencia, no podemos dejar de nombrar la situación de las y los docentes reemplazantes, que en este periodo han perdido horas de trabajo y visto cómo su salario caía aún más que el del resto, producto de que se les paga a 60 días, están excluidos del plus por la asistencia perfecta en reemplazos de corta duración, sufrieron durante meses el impago del proporcional de vacaciones, entre otras cuestiones que apuntan a desalentar el ingreso a la carrera docente y se complementa con el proyecto de Milei de elevar la edad jubilatoria a los 75 años, lo que tapona la rotación entre trabajadores.

Por su parte, el concurso de ascenso para cargos directivos parte de un contenido reaccionario, que iguala al director de escuela con un CEO de una empresa y funda la capacitación para el cargo en una suerte de “coaching ontológico”, donde todo pasa por “poner al alumno primero” y “tener una actitud positiva para resolver los diferendos”. Una orientación privatizadora, que exime al Estado de su responsabilidad en garantizar los recursos para que la escuela funcione, y más de fondo, en que las condiciones sociales de vida de la juventud los lleven a querer la educación y poder acceder a ella, en el lugar del desempleo o un acceso precario al mundo del trabajo.  

Superar a la burocracia cómplice

Ante este paquete de ataques, la burocracia de Amsafe-Ctera no convocó ninguna instancia de debate. El tenor del ataque, como vimos, es brutal. La Celeste de Alesso y Alonso solo se dedica a militar el “votar bien” para las próximas elecciones para evadir su responsabilidad en la lucha que está planteada hoy. 

En contraposición a esta parálisis entreguista, la oposición docente nacional convocó a una jornada de lucha con paros, movilizaciones y actos, el día que se trate la ley de esencialidad. Denunciando la parálisis de las centrales obreras y generando un reagrupamiento alrededor de un pliego de reclamos que cobija a toda la docencia combativa del país.

Desde Tribuna Docente llamamos a todo el activismo a defender la escuela pública a partir de convocar o autoconvocar plenarios de delegadxs de la oposición mandatados, para romper con la contención de la burocracia y decir basta a tanto atropello.

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