En los próximos días, con el apoyo explícito de Milei, macristas, radicales, la Coalición Cívica y peronistas de distinto palo (como Miguel Pichetto), y gracias a la pasividad de Ctera y de los gremios docentes de la CGT, se tratará el dictamen de mayoría para convertir a la educación en “servicio esencial”, es decir, para eliminar el derecho de huelga de las y los trabajadores de la educación. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) presentó un dictamen de minoría elaborado por Romina Del Plá.

La excusa de Milei y la oposición colaboracionista es que por culpa de los paros docentes los niños no se pueden educar. Y pierden jornadas escolares.

El dictamen de mayoría está firmado por el exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, que terminó su gestión con los peores índices educativos de la historia hasta ese momento, y por la exgobernadora María Eugenia Vidal, responsable política del crimen laboral de Sandra y Rubén, los docentes de Moreno que murieron cuando su escuela voló por el aire por pérdidas de gas que jamás arreglaron. Los asesinatos laborales de Sandra y Rubén expusieron la realidad de escuelas en condiciones de riesgo para la vida de alumnes, docentes y auxiliares, que condujo al cierre de centenares de escuelas en la provincia de Buenos Aires durante meses por presión de los padres, que exigían controles y arreglos antes de enviar a sus hijas e hijos a las escuelas.

Sandra y Rubén no pararon ni faltaron ese día (como tampoco dejaron de hacer ninguna huelga, en las que siempre se reclamó más presupuesto y escuelas seguras), pusieron el cuerpo para asegurar el ámbito escolar de sus alumnes antes del ingreso, ante el escape de gas que jamás le arreglaron, y murieron, salvando así la vida de decenas de niñas y niños.

Los responsables políticos de aquel crimen laboral, impunes, ahora señalan en su propuesta de ley que la misma es en función de “la especial protección destinada a niñas, niños y adolescentes conforme los artículos 3, 27, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño” ( Artículo 1 del proyecto de Ley).

No pueden ser más hipócritas, cuando 7 de cada 10 niños y adolescentes son pobres en la Argentina.

Escuelas derruidas: la principal causa de pérdida de clases

La burguesía y sus partidos –incluyendo al peronismo- sostienen que las y los docentes son los responsables del derrumbe educativo y así esconden su absoluta responsabilidad. Un informe elaborado en su momento por el “observatorio” Argentinos por la Educación, sostenedor de esta ley nefasta, publicado por Clarín, señalaba que tres de cada diez alumnos de la educación estatal estaban en “riesgo educativo” por la pérdida de días de clase. Pero a la hora de establecer los motivos de esos días perdidos, el 70 % eran por causas ajenas a medidas de fuerza, siendo la mayoría de ellas por el derrumbe de la infraestructura, problemas climáticos y de transporte (Clarín, 15/9/22).

Esta situación de las escuelas ahora se potencia con la política del gobierno de Milei, que desfinancia la educación quitando decenas de partidas. Hoy, 28 escuelas de la provincia de Neuquén están cerradas por falta de infraestructura para soportar los fríos agudos, y, hace dos semanas, en el otro extremo del país, en Salta, un niño de 11 años, abanderado de su escuela, murió en medio del patio de juegos al caerse a un pozo ciego.

Contra todos los derechos docentes

La ley propuesta es ilegal e inconstitucional. Va en contra de toda la legislación internacional, como la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia Argentina y de la propia OIT, cada vez que se buscó ilegalizar el derecho de huelga en la educación.

El proyecto plantea que, en caso de medidas de paro, debe cubrirse obligatoriamente entre el 30% y el 50% de la plantilla de docentes, directivos y auxiliares de cada escuela, y que en el comienzo del ciclo lectivo las autoridades escolares deben indicar quiénes quedarán afectados para tal fin, algo que está prohibido en la Constitución que establece el derecho de huelga, y que está por encima del engendro de Milei, Finocchiaro, Vidal y sus cómplices.

Por eso se establece que si el personal arbitrariamente asignado no concurre en medio de una huelga a prestar servicio tendrá falta injustificada. Una completa aberración que, sin embargo, ya es aplicada por el gobernador Kicillof en Buenos Aires, cuando los docentes le hacen huelga.

Pero además, el proyecto de ley señala en el punto d del artículo III que es obligatorio “el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase”, a secas, más allá de la apertura de las escuelas los días de huelga. Es decir, se pretende que la docencia o bien imparta clases a pesar de que las escuelas no estén en condiciones o que recupere por fuera del ciclo lectivo días perdidos por el abandono escolar de parte de los gobiernos ajustadores.

Recurso preventivo contra las luchas docentes

Frente a la mayor ofensiva antieducativa de los últimos 40 años, la Ctera no ha realizado ningún plan de lucha, fuera de dos paros aislados y sin preparación. La anulación del derecho de huelga no apunta a las burocracias de los sindicatos, sino a la base docente que, como en Misiones, pasó por encima de los sindicatos burocráticos que acordaron con el gobernador Passalacqua y conquistó sus reclamos luchando. Es un protocolo para tratar de disolver la lucha que inevitablemente se viene en defensa de la educación, en medio de la ofensiva de Milei y la motosierra de todos los gobernadores.

Un objetivo de todos los partidos de gobierno

Tanto los “derechistas” como los “populistas” de Argentina aprendieron del nac&pop de Ecuador, Rafael Correa, que enfrentó a los docentes que en su momento lo apoyaron para que llegara a la presidencia; sostuvo el ajuste enorme contra la educación de los gobiernos neoliberales que lo precedieron y para atacar a los docentes en 2008 declaró esencial la educación ecuatoriana.

Correa acusó a la docencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de desarrollar un conflicto salvaje, lo cual no fue así, como lo demuestra que desde el 2003 hasta el 2008 no hubo paros docentes, los que comenzaron a partir de los ataques establecidos después de la declaración de la esencialidad ecuatoriana (Edgard Isch, Revista La Tendencia, febrero 2010).

En 2018, en la primera presentación de Ecuador en las pruebas Pisa, el 70,9% de los estudiantes no alcanzó en Matemáticas el desempeño básico. Ante el fracaso, se retiró de las evaluaciones. No eran las huelgas. Como hoy, el problema es el vaciamiento de la educación pública de parte de todos los gobiernos

Ivan Petrella, exfuncionario del Ministerio de Cultura de Macri y exlegislador del PRO, escribió alguna vez: “Ecuador nos enseña cómo enfrentar a los sindicatos docentes” y Correa es “un presidente con quien no puedo sentirme más distante, pero en el terreno educativo es digno del mayor de los elogios” (La Nación, 18/4/2017).

El amor por Correa de parte de la derecha criolla apareció porque Ecuador reformó su Constitución Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo por ende su paralización. Pero el derechista Petrella agregó más, al recordar que “en 2014, al enfrentar el gobierno de Daniel Scioli una secuencia de paros similares, el vicegobernador Gabriel Mariotto (puesto allí por Cristina Kirchner) planteó la misma idea”. En sus propias palabras, de aquel texto que elaboró en ese entonces: “La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado del bienestar. Por ello debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio a huelga en dicho sector” (La Nación, ídem). Recientemente, la mentora de Mariotto, Cristina Fernández de Kirchner, se definió nuevamente a favor de terminar con la conflictividad docente.

Parar y movilizarse cuando se trate

Ctera no ha dicho una sola palabra de salir a la lucha contra la conversión de la educación en un servicio esencial. Va de la mano del borre total de la CTA yaskysta en la discusión de la Ley Bases que acaba de aprobarse con la reintroducción del impuesto al salario que pasó con votos de legisladores de todos los partidos de gobierno, incluyendo el peronismo. Ctera se limitó a sacar un comunicado en el que dice que seguirá “resistiendo”, no se sabe qué, porque no convocó a ningún plan de lucha ni contra la Ley de Bases ni contra la intentona de imponer la esencialidad educativa.

Resistir es luchar, no bajar la cabeza y aguantar

En Buenos Aires, en las reuniones de delegados, la Celeste evitó cualquier iniciativa, lo que generó incluso rechazo dentro de sus propias filas. Los Sutebas multicolores, en contrapartida, deliberaron y resolvieron exigir el paro y un plan de lucha para cuando se discutiera el proyecto de ley de esencialidad, y el Suteba de Marcos Paz resolvió, además, proponer una medida de fuerza unitaria de todos los Sutebas multicolores si la burocracia de Baradel se niega a salir a enfrentar este ataque histórico. Hay un conflicto creciente en Córdona, con la Uepc-Capital multicolor a la cabeza de un paro arrancado desde abajo a la burocracia celeste; un proceso de lucha en Neuquén, con las seccionales multicolores de Capital y Plottier a la cabeza de la lucha contra la intención del gobierno de Figueroa de imponer un presentismo esclavista; y procesos de reclamos en todo el país. Ademys, de CABA, llama a parar y movilizarse cuando se trate la ley.

Reclamamos a Ctera la convocatoria al paro y la movilización, y promovemos poner en pie una jornada nacional de lucha de toda la oposición docente antiburocrática el día que se discuta en Diputados, con paros, movilizaciones y planes de lucha.

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