Sindicales
6/5/2025
Una posición clasista sobre la cuestión de los aportes compulsivos
Debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.
CGT.
La semana pasada se realizó la tercera reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos de ley relacionados con las llamadas “cuotas solidarias” o “aportes compulsivos” que los sindicatos cobran a los trabajadores no afiliados.
El oficialismo, sus socios políticos y varios sectores patronales –cuyo principal vocero fue el impresentable Gerardo Milman– colocaron el eje de su rechazo al aporte obligatorio en una supuesta defensa de la libertad sindical.
En otro lado se ubicó la burocracia sindical, representada por el triunvirato de la CGT (que participó de manera virtual) y Ricardo Peidró de la CTA Autónoma más algunos diputados de extracción gremial, como Sergio Palazzo, Paco Manrique y Hugo Yasky. Sus alegatos en favor del aporte se centraron en la necesidad de financiamiento de las organizaciones sindicales y en resaltar su consistencia constitucional.
Una tercera posición fue sostenida por la izquierda que, con matices entre los distintos expositores, rechazó tanto los proyectos en debate como el carácter compulsivo de los aportes pactados entre las direcciones sindicales y las patronales.
La CGT y la CTA, de terror
Tanto el triunvirato cegetista como las CTA expresaron, como se dijo, su repudio a los proyectos y la importancia de los descuentos a los trabajadores no afiliados para mantener la caja sindical; en el camino dejaron algunas definiciones conceptuales de fondo.
Daer, cosecretario general de la CGT, hizo un extenso discurso referido a todo el paquete de iniciativas legislativas (fuera del temario de la sesión, como la limitación de los mandatos de los dirigentes); afirmó que el parlamento “se equivocó” con la Ley Bases, escondiendo en esa responsabilidad general la que le cabe en particular al peronismo, que aportó votos claves para su sanción, y, sobre todo, la borrada de la CGT que se retiró de las calles y desactivó todo atisbo de lucha, allanando el camino ala aprobación de la ley.
Además, dejó en claro cuál es el rol que le asigna a los sindicatos: “equilibrar la contradicción de intereses” entre trabajadores y empresarios; o sea que su función no sería representar los reclamos obreros –luchar por los salarios, puestos de trabajo y las condiciones laborales avasalladas por las patronales y los gobiernos– sino adaptar esos reclamos a los ritmos de la crisis capitalista buscando armonizar intereses antagónicos. Una orientación que coloca a la CGT por detrás de cualquier sindicato reformista.
Otra perlita de Daer fue su reivindicación de la Corte Suprema por “darle la espalda al DNU 70/23”, cuando en realidad la Corte, tal como lo marcamos en nuestra intervención, no cuestionó el contenido del decreto sino la forma: pidió que la reforma pase por el parlamento. Es la misma Corte que acaba de dictaminar contra el cobro privilegiado de las indemnizaciones en los casos de empresas quebradas y ostenta una larga lista de fallos antisindicales.
Yasky, diputado y secretario general de la CTA, tras describir el cuadro de despidos masivos, precarización laboral y salarios de pobreza (él, igual que Daer, sin hacer la menor referencia al papel de las centrales), lanzó una advertencia: en caso de aprobarse las reformas, “lo que va a pasar después es la judicialización” ya que se encuentran en claro conflicto con la Constitución. “Si quieren avanzar con estas modificaciones van a tener que hacer una reforma constitucional”, dijo en un tono que más que una amenaza sonó a una recomendación; sobre todo cuando omitió toda mención a una medida de acción. Reconocer que la Constitución puede ser una protección de los derechos de los trabajadores es ignorar que hasta las dictaduras militares la han invocado para justificar sus barbaridades. Yasky cerró su intervención recomendando la lectura de las encíclicas del Papa Francisco. Tetaz, presidente de la comisión y uno de los principales “cruzados” contra las organizaciones sindicales, lo chicaneó recordando que la iglesia no debe mezclarse con los asuntos de Estado.
Abogados para todos
La mayoría de los expositores pertenecían a asociaciones de abogados, tanto sindicales como patronales.
Entre otros, el representante de los abogados laboralistas platenses llamó a defender a los sindicatos porque “son el canal civilizado donde se resuelven los conflictos laborales y evitan los desbordes”. Gustavo Ciampa, de la corriente de laboralistas filo k “Agrupación 7 de Julio”, desarrolló en términos rigurosos la pertinencia legal de los descuentos generalizados obligatorios, y, en sentido inverso, explicó que los proyectos que buscan debilitar a las organizaciones sindicales violan tratados internacionales de rango constitucional.
Una exposición sin desperdicios fue la del asesor de la Cámara Argentino-Armenia, que dijo haber trabajado con el exministro de Trabajo de Macri, Dante Sica, en varios proyectos. Con modos afables, desenvolvió una repugnante apología de todos los abusos capitalistas, incluido el trabajo en negro. También se refirió al reciente decreto que elimina el aporte obligatorio de las empresas a las cámaras patronales, reclamando un trato similar para los gremios. Es decir, confirmó la alarma que se prendió en la CGT cuando se dio a conocer esa resolución y que fue uno de los detonantes del paro del 10 de abril y del giro “beligerante” de la burocracia.
El abogado aclaró que todas estas medidas infames que promueve no contradicen su prédica a favor de “sindicatos fuertes”.
Compañeros del PTS, ojo con la burocracia
El PTS intervino por medio de un abogado del Ceprodh y de dos trabajadores despedidos (de Fate y de Shell). Se manifestó en contra del aporte y a favor de que la discusión pueda darse en los ámbitos obreros. Y, al mismo tiempo, reconoció que las contribuciones solidarias “se estipulan libremente” en las negociaciones colectivas, aunque el problema sería el “uso y abuso” del mecanismo por parte de las direcciones sindicales.
Se trata de un enfoque que lo acerca a las posiciones de la burocracia sindical ya que la supuesta “libertad” en la negociación es el mismo argumento en que se funda la defensa de las contribuciones “solidarias” por parte de la OIT. Esta aseveración desautoriza la denuncia permanente del clasismo sobre la nula consulta a las bases en las negociaciones colectivas. Nuestro planteo es que los paritarios deben ser electos en asambleas y rendir cuentas a ellas.
Rechazamos los proyectos patronales y rechazamos el aporte compulsivo
La posición la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, expresada por Sebastián Rodríguez, secretario general de Morvillo, partió de reivindicar –en las barbas de la burocracia y los representantes patronales– la ocupación de la planta como respuesta al cierre patronal.
En segundo lugar, caracterizamos el proyecto de eliminación de aportes compulsivos como parte de una ofensiva integral contra el movimiento obrero, encabezada por el gobierno de Milei y los gobernadores. Una ofensiva que busca limitar el derecho de huelga y organización; que reprime toda manifestación, como ocurre sistemáticamente con los jubilados; que persigue judicial y políticamente a los luchadores, como hace con el movimiento piquetero, y, en especial, con el Polo Obrero. Denunciamos, además, que esa ofensiva cuenta con la complicidad o la colaboración directa de las centrales obreras y de la Justicia.
En este contexto se puede analizar más específicamente el tema de los aportes compulsivos, en sus dos aspectos: el económico y el político. Por un lado, la recaudación de las organizaciones gremiales cae como resultado de los salarios de pobreza que año tras año firman las direcciones sindicales a espaldas de los trabajadores. A esto se agrega la enorme cantidad de despidos que pasan sin que haya una resistencia organizada por parte esas mismas direcciones.
Las contribuciones generalizadas obligatorias garantizan entonces una entrada económica al mismo tiempo que limitan la participación en la vida sindical de vastos sectores de trabajadores descontentos que aun siendo aportantes carecen de muchos derechos, como ser candidatos de listas opositoras o asistir a asambleas de afiliados.
Esto beneficia sobre todo a las patronales, que mantienen el colectivo obrero sin organización de base. La libertad sindical que invocan no se respeta en los lugares de trabajo, donde rigen verdaderas dictaduras patronales que pasan por arriba de la ley sin el menor empacho y persiguen la actividad sindical apelando a despidos y sanciones.
Rechazamos enfáticamente que la superación de esta situación pueda provenir de la mano de una reforma laboral auspiciada por el FMI, y repudiamos que la misma pretenda ser traficada en nombre de la “libertad sindical” a través de la acción de un parlamento mayoritariamente pro patronal. La libertad sindical será un resultado de la recuperación de los sindicatos por parte del clasismo.
Por una nueva dirección en los sindicatos
Es más, en gran medida la burocracia sindical ha renunciado a la genuina batalla de la afiliación voluntaria descansando en los aportes compulsivos, debilitando los padrones sindicales, en un verdadero vaciamiento que es funcional al dominio burocrático de los sindicatos, dificultando el desarrollo de oposiciones clasistas. Nosotros afiliamos para expulsar a la burocracia de los sindicatos, lo que nos ubica como constructores de las organizaciones obreras.
Planteamos que la única forma posible de libertad sindical se construye a través de la democracia obrera: asambleas de base, plenarios de delegados, asambleas de gremio y con independencia con respecto a las fuerzas políticas patronales.
Solo a través de ese camino lograremos construir sindicatos capaces de luchar de manera decidida contra la reforma laboral antiobrera, el ajuste y la destrucción de conquistas históricas.
