El incendio en el boliche República de Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004 se llevó la vida de 194 víctimas inmediatas, 17 sobrevivientes que se suicidaron, 48 familiares que fallecieron luchando por justicia o hundidos en la depresión que la impunidad del poder genera entre quienes pierden de esa manera a sus seres queridos y también marcó la vida de miles de sobrevivientes, amigos y familiares.

La corrupción intrínseca al Estado capitalista, que convierte a las leyes en oportunidades para ser violadas y consagrar así un sistema de coimas millonarias, se vio reflejado más adelante también en Beara (Macri 2013) y en Time Warp (Larreta 2016).

Ibarra, Macri y Larreta, cada uno de ellos tuvo su Cromañón porque los tres gobernaron sobre la base de los favores a empresarios amigos y las coimas. La otra masacre de Once, la del ferrocarril Sarmiento en 2012, fue sin dudas el gran Cromañón de Cristina Kirchner.

En el caso del boliche República de Cromañón, del empresario textil, prostibular y tratante de mujeres, Rafael Levy, las advertencias fueron variadas y algunas de ellas llegaron al despacho de un jefe de gobierno al que la cuestión de las habilitaciones no le fue ajena. Solo la Defensoría del Pueblo elaboró 19 informes de advertencia al respecto de la situación de ese y de otros boliches entre 1999 y 2003, periodo en el cual Aníbal Ibarra fue legislador y jefe de gobierno. Contando las de otros organismos fueron 36 las advertencias que llegaron al escritorio del jefe de gobierno.

El propio Aníbal Ibarra eliminó el cuerpo de 300 funcionarios responsables de habilitaciones, acusados de corrupción, por uno de 87 con contratos precarios, en el mejor de los casos, incapaces de revisar miles de instalaciones. O sea que bajo la forma del combate a la corrupción se implementó un sistema aún más ciego, centralizado y corrupto. El progresismo de la Ciudad eligió así no distinguirse de sus competidores derechistas en la selección del amo al cual servir. Claro que esta determinación administrativa sobrevino a un escándalo de corrupción en el que estuvo involucrado el responsable de las habilitaciones colocado por el propio Anibal Ibarra, Horacio Spandonari, que fuera condenado en 2017 a un año de prisión y uno de inhabilitación por el caso de la niña muerta en el natatorio de All Boys en el 2001.

El gobierno de Ibarra designó luego del caso All Boys a dos secretarias de Control Comunal, la radical Silvana Giudici, devenida en vocera mediática del gobierno de Cambiemos y a partir de diciembre de 2003 a Fabiana Fiszbin, quien debutó permitiendo la habilitación trucha del Estadio Argentinos Juniors, favor político que Aníbal Ibarra le concedió al entonces jefe de gabinete nacional y miembro del club beneficiado, Alberto Fernández. Ambos funcionarios cortaron la cinta de la inauguración del Estadio, a pesar de los informes del ex inspector Nicolás Walsoe que señalaba fuertes fallas de seguridad. La ex responsable de habilitaciones Fabiana Fiszbin sería luego condenada por la causa de Cromañón, junto a Ana María Fernández y a Gustavo Torres, un discípulo político de Alberto Fernández y compañero de cátedra en la UBA y en ellos se cortaría la red de responsabilidades políticas.

A pesar de que Cromañón se produjo en una Ciudad que ya había sido sacudida por hechos cuyas dimensiones exigen del Estado una actuación coordinada, una preparación de su sistema de seguridad y de salud, como fue en los casos de AMIA y Lapa, lo cierto es que la situación fue un caos de punta a punta. La condición social mayoritaria de las víctimas y de sus familias y el afán de Aníbal Ibarra de tapar las repercusiones mediáticas, abrieron paso a un destrato, falta de información y manipulaciones de todo tipo.

El interés del gobierno de Ibarra por evitar filmaciones e imágenes que sensibilizaran a la opinión pública aún más, prevalecía frente al operativo para salvar vidas. El entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner no extendió ni un mensaje de condolencias a las víctimas hasta 15 días después y su gobierno actuó protegiendo a Aníbal Ibarra desde el primer momento. Defendió la designación del exSide bajo la dictadura, Juan José Álvarez y responsable de la masacre del Puente Pueyrredón como secretario de seguridad para controlar las manifestaciones en la Ciudad. La palabra Cromañón, como ocurriría también con Luciano Arruga, Julio López y con la masacre del ferrocarril Sarmiento, estuvo ausente del vocabulario kirchnerista, fieles a la idea de que lo que no se nombra no existe. Pero finalmente existió y el movimiento de Cromañón logró un hecho político histórico con la destitución de Aníbal Ibarra, destitución que todos los bloques políticos gobernantes resistieron.

Cromañón también puso de manifiesto un sistema de emergencias médicas en el que se anteponen cuestiones de presupuesto y jurisdiccionales como las que hacen que el Hospital de Clínicas no forme parte de la red del SAME, siendo el hospital de CABA con mejores condiciones edilicias para atender emergencias masivas. Aquella noche del 30 de diciembre, recién dos horas después de que los pibes sacaran cuerpos y cuerpos del boliche, y cuando otros hospitales como el Ramos Mejía ya habían colapsado por completo, llevaron a unas 50 víctimas al Clínicas.

Luego vendrían las marchas masivas a la jefatura de gobierno, los métodos de la infiltración para acusar a las familias de violentas, el disfraz político de agrupaciones, fundamentalmente kirchneristas, que en aquel enero caliente de 2005 transmutaban a agrupaciones rockeras para influenciar a sobrevivientes y familiares, la acción de los servicios, las maniobras políticas de Aníbal Ibarra que se fueron desarmando hasta llegar en noviembre de 2005 a la suspensión y luego a la destitución. El local central del PO sería incendiado el día de la suspensión mientras el aparato del estado nos acusaba de acompañar a los familiares de la masacre.

A la masacre sobrevino la inmediata designación del asesino del Puente Pueyrredón, alfil político de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, como jefe de seguridad porteño, el intento de plebiscitar la responsabilidad política de Ibarra, la ruptura del bloque macrista, la resistencia del diputado de Luis Zamora en la Legislatura para votar la destitución, diputados que se daban a la fuga como fue el caso del radical Vázquez y enorme cantidad de maniobras que fueron sorteadas por la movilización incansable de familiares, sobrevivientes y amigos que no se dejaron psicopatear por las afinidades políticas con ningún bando político gobernante o que las enfrentó incluso al interior del movimiento, colocando como norte la justicia para los pibes de Cromañón. Una de las maniobras que más prevaleció fue la de trasladar la responsabilidad del Estado a la banda de rock, un operativo que llevó a la cárcel hasta al encargado de la escenografía de aquella noche, parte de la banda de Callejeros.

Aníbal Ibarra no fue siquiera citado por el poder judicial. Sin embargo las tempranas palabras de Mariana Márquez madre de Liz una víctima de 16 años, catalogándolo de “cadaver político”, sellaron su destino y a pesar de los múltiples esfuerzos por revivirlo, no pudieron lograrlo. Mariana falleció en 2005 como consecuencia de un cáncer que terminó con su vida en meses, una realidad que vivieron muchos familiares de víctimas.

Fue la propia centroizquierda la que mostró su completo fracaso a la hora de gobernar pretendiendo ocultar su orientación rabiosamente servil al interés capitalista con una retórica progresista. El ascenso del macrismo al poder debe ser adjudicado a esta debacle y a este fracaso y de ninguna manera, como aún hoy se pretende hacer, a quienes legítimamente exigimos justicia por 194 pibxs asesinados cuando iban a divertirse a un boliche.

A 15 años la masacre de Cromañón rebeló un estado de situación signado por el desprecio a la vida, la coima, la evasión impositiva y la voracidad capitalista. Las responsabilidades personales son importantes y hasta fundamentales. Pero resulta fundamental para terminar con esta barbarie que se identifique que es la orientación social de los gobiernos y del Estado con la que hay que acabar para poder poner fin a la masacre de nuestra juventud y de nuestros trabajadores. Aquel esquema de funcionamiento que permitió establecer un sistema de habilitaciones corrupto, cambió, como fruto de la condena social y de la resistencia a seguir habitando “cromañones” para poder acceder a un momento de diversión. Sin embargo la cuestión de fondo, el incremento del lucro capitalista en la industria del espectáculo, el obstáculo cada vez mayor para que las bandas chicas puedan tocar y la compra de voluntades empresariales para lograr apoyos políticos, siguen en pie.

A 15 años de aquella masacre corresponde reivindicar la lucha de familiares y amigos, única razón por la que empresarios y hasta algunos funcionarios terminaron pagando penalmente como pocas veces ha ocurrido en el mundo con hechos de similares características. Poner fin a un régimen social que hunde sus raíces en intereses capitalista que son la causa de estas masacres, del hambre y de la miseria, es una necesidad y una causa que nuestra juventud debe abrazar con determinación.

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