Los jueces Mariano Lozano y Richar Fernando Gallego de la Cámara Federal de Apelaciones de Fiske Menuco (General Roca) acaban de fallar a favor del desalojo de las más de 130 familias que hace meses ocupan un predio de tierras ociosas. El fallo señala que, en caso de que las familias no se retiren voluntariamente, se hará uso de la fuerza pública. Así estos jueces revocaron el fallo del juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien había rechazado el desalojo del predio fiscal, ubicado en El Bolsón. Aquel fallo afirmaba que debía censarse a las familias y llamaba a la SecretarÍa de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Social y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a realizarlo y atender para brindar soluciones habitacionales en un plazo de 15 días.

El predio en cuestión pertenece teóricamente al Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que, como señala Infobae, ya habría cedido una parte importante de este a un club deportivo denominado El Refugio. En dicho predio se encuentran además dos puntos turísticos centrales para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul, dejándose entrever detrás de la decisión de desalojo intereses privados para dichas tierras, sean estos turísticos y mineros -una actividad que tanto el gobierno del Frente de Todos en el país y de Juntos Somos Río Negro en la provincia vienen promoviendo.

En Río Negro, la lucha por tierra y vivienda reprimida por el Estado

Con la pandemia del Covid-19 no solo afloró el vaciamiento de todo el sistema de salud de la provincia, sino que además arrojó a cientos de familias trabajadoras a la indigencia. Hoy, la provincia es centro de la escena política nacional no solo por el fracaso en cuanto a política sanitaria ante el Covid-19, lo es también por las ocupaciones de tierras de parte de familias trabajadoras que luchan por vivienda. En este y otros conocidos casos, como el del Bº 21 de septiembre de Cipolletti o el del Bº La Esperanza en Fiske Menuco, el Estado, con ayuda de la justicia y de los medios de comunicación burgueses tanto regionales como nacionales, denominan delincuentes a trabajadores y trabajadoras que se ven empujadas a ocupar tierras, sin profundizar en el nudo de la cuestión, y sin denunciar al propio Estado. Esta política también puede verse contra las comunidades originarias, que se organizan por la recuperación territorial ancestral. El objetivo es defender la propiedad privada para la explotación y la especulación capitalista de la tierra, contra los derechos a tierra y vivienda de la clase trabajadora y contra los procesos de recuperación territorial de los pueblos originarios.

Muestras de todo esto han sido los intentos de desalojos realizados sobre las las comunidades originarias, como de la Gallardo Calfú en El Foyel. También lo es el proceso de demonización que se viene desenvolviendo con ayuda de los medios comunicacionales nacionales, del estado y del clero sobre las comunidades originarias, como la Lafken Winkul Mapu en Mascardi. De conjunto, no existe una política estatal de fondo que dé solución a ambas problemáticas, sino solo criminalización y represión en defensa de la propiedad privada. De hecho, en una provincia donde las grandes extensiones de tierras ociosas abundan, que nunca se haya ido en busca de una verdadera salida a ambas problemáticas es una señal de que lo que se defiende es la propiedad privada para explotación o especulación.

En estos momentos en la provincia ocurren ocupaciones de tierras por la lucha por el acceso a la vivienda digna en varias localidades como Viedma, Cipolletti, Bariloche, El Bolsón o Fiske Menuco. Pero también ocupaciones de tierras por la lucha de los pueblos originarios como en la comarca andina y en la línea sur, como en Calcatreu avanza la minería. Aunque varios desalojos han sido llevados adelante, también en varios puntos de la provincia se ha resistido. Son los casos del Bº 21 de Septiembre en Cipolletti, que ya logro frustrar un desalojo, o de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que resiste la militarización de toda la zona, la persecución y la represión sistemática. Por todo esto surge la necesidad de unir las luchas contra el Estado opresor y represor.

Unir las luchas contra el Estado opresor y represor

Desde el Partido Obrero señalamos que la única propuesta que el Estado tiene para las luchas por tierras y vivienda, y para el proceso de recuperación territorial de las comunidades originarias en la provincia es la criminalización y la represión. En Río Negro, contra esta política crecen a la par las ocupaciones de tierras ociosas de parte de las familias trabajadoras para buscar una solución a la vivienda digna y las ocupaciones como procesos de recuperación territorial de parte de las comunidades originarias. Por eso, ambos casos merecen debatir una salida y un programa superador.

Al frente del Estado provincial, los sucesivos gobiernos patronales han operado para beneficiar a los capitalistas que usufructúan con la tierra y la explotan, como es el caso del magnate inglés Joe Lewis en la zona andina, y en defensa del avance de la minería contaminante. Tanto la lucha por la tierra y la vivienda como los procesos de recuperación territorial de los pueblos originarios tienen al Estado como su gran opresor y represor.

Desde el Partido Obrero decimos no a los desalojos. Tierra para vivir, no para especulación ni negociados privados turísticos y mineros. Basta de criminalización y represión contra quienes luchan. El Estado es responsable.

 

 

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