El megaoperativo represivo del gobierno bonaerense contra la toma de Guernica viene precedido de una infinidad de desalojos e incursiones por parte de las fuerzas de seguridad. Cabe señalar que en algunos casos se llevaron adelante dentro del período en que estaba vigente una ley que prohibía los desalojos hasta el 30 de septiembre. Ante la multiplicación de las luchas por tierra y vivienda, la Legislatura provincial borró con el codo lo que había escrito con la mano, renovando a mediados de ese mes la norma, pero excluyendo taxativamente de esa prohibición a las tomas.

La pandemia ha tenido como uno de sus correlatos la aceleración de la pobreza y la desocupación y con ello agudizó la problemática del techo y la vivienda propia, que en distintas proporciones afecta a un tercio de los argentinos. Aunque el gobierno bonaerense ha buscado muchas veces presentarse a sí mismo como dialoguista, un breve repaso en los buscadores de internet lo desmiente.

El martes 19 de mayo, tuvo lugar un fuerte operativo represivo en el Barrio 13 de Julio, ubicado en José León Suárez (partido de San Martín). Los vecinos habían tomado tierras abandonadas con el propósito de construir viviendas. En la represión participaron efectivos de la Comisaría 4°. La toma, según afirman los vecinos, había pegado un salto a partir de la pandemia (Anred, 21/5).

Un operativo policial sin orden judicial desalojó el 23 de julio a familias del barrio Los Eucaliptus del distrito de Quilmes, gobernado por la camporista Mayra Mendoza. “Varias viviendas fueron derribadas por topadoras y unas 36 familias quedaron en la calle”, informó entonces Anred (23/7).

El lunes 10 de agosto, la Bonaerense ingresa a balazos de goma, en plena oscuridad, y desaloja 100 familias en el barrio Presidente Perón de Pontevedra, Merlo. Los terrenos, según algunos vecinos, estaban abandonados hace 40 años (Izquierda Diario, 13/8).

 

A comienzos de septiembre, la Bonaerense y la policía municipal arremeten contra vecinos que tomaban tierras en la zona de Las Chacritas, en Esteban Echeverría. Hubo detenciones y denuncias de abusos e intimidaciones. A una militante de la organización Izquierda Latinoamericana, los efectivos le mostraron fotos de su vivienda, su familia y de ella misma en movilizaciones. Otras detenidas denunciaron manoseos en el interior de la comisaría a la que habían sido trasladadas.

Pocos días más tarde, efectivos de Gendarmería y la Federal desalojaban en San Fernando a 20 familias que tomaban terrenos que rodean la estación Victoria del ferrocarril Mitre.

El viernes 11 de septiembre, la Bonaerense, apoyada por una fuerza de choque, desalojó 300 familias en una toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Ya en el mes de octubre, mientras se preparaba la represión contra la toma de Guernica, se produjo a mediados de mes la expulsión contra las familias del barrio La Nueva Unión en Rafael Castillo, partido de La Matanza. La Bonaerense quemó casillas y comedores, un siniestro método que los esbirros de Berni repitieron esta mañana en el sur bonaerense. Lo ocurrido en Rafael Castillo se repitió el miércoles por la mañana.

Guernica no es por tanto un caso aislado o un “exceso” del gobierno, sino un método para quebrar por medio del terror y la fuerza a la población explotada que busca hacer valer su derecho a la tierra y la vivienda.

Esa lucha, claro, no se ha terminado.