Sociedad
30/5/2024
"Ya no sé qué más hacer"
El reclamo contra el abandono de las personas con discapacidad se hizo escuchar en todo el país
Frente a la quinta de Olivos y en diferentes provincias hubo manifestaciones contra la desregulación de la atención médica.
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Miles se congregaron en la residencia presidencial.
Este miércoles, miles de personas se movilizaron en distintas ciudades del país para rechazar el decreto con el que el gobierno busca desregular y ajustar las prestaciones para discapacidad. Si avanzara esta medida, solo podrán acceder a terapias y atención quienes tengan dinero para costearlas. Se trata de una política a medida de las prepagas y en detrimento de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La movida fue convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad y tuvo lugar en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe, San Juan y Tucumán. En el caso de la primera, que fue la más importante en términos de concurrencia, las más de 10 mil personas, familias y trabajadores del sector que participaron se concentraron frente a la quinta presidencial de Olivos. Algunos de los testimonios de las familias participantes evidencian la dramática situación que se vive.
“Las terapias, el colegio, el transporte, todo lo que hoy está cubierto por ley, podría dejar de quedar cubierto”, dijo Vanina Seoane, madre de Juan Cruz (16), que tiene un retraso madurativo genético. Valentina Bassi, por su parte, señaló: “Cuando tramité el certificado único de discapacidad de mi hijo, hace 13 años, tenía miedo porque tenía una obra social muy buena, pero muy chiquita. Le expresé mi temor a la persona que me atendió. No sabía si iban a tener la estructura de terapeutas que mi hijo iba a necesitar. Me dijo ‘Tranquila, Valentina, en la Argentina tenemos una ley” (La Nación, 29/5).
El gobierno, en este marco, vino avanzando en despidos en la Agenda Nacional de Discapacidad. Fueron afectadas incluso personas con discapacidad. Tal es el carácter criminal de la política del gobierno nacional.
A esto se suma el impacto de los recortes sobre el envío de medicamentos para enfermedades crónicas. En diálogo con Todo en Off, Estela Coronel, cuyo hijo se quedó sin medicamentos para tratar una enfermedad que no tiene cura, dijo: “Ya no sé qué más hacer. Lo de él es comparable a una leucemia en grado cuatro. Recibe tres infusiones, vía vena, cada 15 días. Cada frasco sale 7.000 dólares, es decir son seis por mes. Pablo arrastra los pies para caminar porque su debilidad es muy grande. Ya tuvo una trombosis cerebral. Los médicos no quieren que esté sin medicación”, indicó. Ya ha habido muertes como consecuencia de esta política de ajuste.
Lo del miércoles fue una de las expresiones de lucha más importantes del sector de los últimos años. Bajo el gobierno peronista también se desarrollaron luchas contra los recortes en las partidas para discapacitados.
Milei vino a redoblar la apuesta, con una política antiobrera que agravará las condiciones de vida de un sector que sufre con mayor fuerza la falta de trabajo y el ajuste contra las prestaciones sociales (la pensión por invalidez solo alcanza al 70% de la miserable jubilación mínima).
Actualmente, la Ley Nacional de Discapacidad establece un único valor de nomenclador para que todas las obras sociales y prepagas paguen el mismo valor para las prestaciones. Si se aprueba el proyecto libertario, cada OS o prepaga podrá fijar las tarifas a su antojo. Esta medida afectaría a unas 200.000 personas con discapacidad y a más de 150.000 prestadores.
El gobierno de Milei ataca a los trabajadores y se ensaña mucho más con su sector más vulnerable. Con los ricos y los capitalistas, en cambio, es generoso: quiere otorgarles más beneficios cambiarios e impositivos y aumentar sus ganancias sobre la base de arrasar con derechos laborales y de despidos.
El acceso a las prestaciones por discapacidad debe ser integral y universal. Y los aranceles del nomenclador deben aumentarse para que los profesionales a cargo reciban un salario que les permita cubrir el costo de vida. Abajo el ajuste criminal del gobierno.
