Sociedad
3/7/2025
El sobreseimiento de Ilarraz y la necesidad de luchar contra la prescripción de los abusos eclesiásticos
Un fallo vergonzoso de la Corte Suprema benefició al excura de Paraná, que había sido condenado a 25 años prisión.
Seguir
Ilarraz.
La Corte Suprema de Justicia sobreseyó al excura Justo José Ilarraz, quien fuera condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores de entre 12 y 15 años cuando era prefecto de Disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná, al considerar que los hechos habían prescrito. El fallo del máximo tribunal constituye el corolario de una política de protección desenvuelta durante décadas por la Iglesia.
Las denuncias contra Ilarraz fueron realizadas en 2017 por siete seminaristas, jóvenes provenientes de familias humildes. Ese mismo año se conocieron más de 50 denuncias, reunidas por organizaciones de víctimas. En 2018, fue llevado a juicio y condenado por corrupción de menores y abuso sexual agravado. Los abusos ocurrieron en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, entre 1985 y 1993.
Los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fallaron dando lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa de Ilarraz, basado en lo que se conoce como prescripción. Se trata de un instrumento que anula la pena si transcurren 12 años desde la comisión del delito.
En su momento, el Supremo Tribunal de Justicia entrerriano –al confirmar la condena– aplicó una interpretación amplia de la prescripción por la gravedad de los hechos, que llegó a catalogar como de lesa humanidad.
La prescripción en casos de abuso infantil debe abolirse. El proceso de identificar la violencia sexual sufrida, así como los traumas que ocasiona –como la culpa, la vergüenza y el miedo–, hace que presentar una denuncia requiera tiempo, incluso décadas. Esto se agrava cuando entran en juego las creencias religiosas, el poder de la iglesia y su peso en la vida social, y la impunidad reinante.
Por lo difícil que es atravesar ese proceso, las víctimas padecen afecciones a su salud mental y física; en muchos casos, esto las lleva al suicidio. Por ello se deben considerar como sobrevivientes de abusos eclesiásticos.
Las primeras denuncias contra Ilarraz surgieron en 1994. Para protegerlo, la Iglesia lo trasladó a otra parroquia de Entre Ríos y luego a Roma. En los años 2000, regresó a Argentina y fue enviado a Tucumán.
El otrora Papa Francisco lo expulsó recién en 2024, tras décadas de encubrimiento. La Iglesia, es sabido, desarrolla una política de protección de curas abusadores; nunca exoneró a Julio César Grassi, por ejemplo, ni a muchísimos otros. Bergoglio intervino personalmente para defender sacerdotes acusados, y el actual Papa, León XIV, ha sido señalado por organizaciones de víctimas como encubridor.
La prescripción también se intentó usar a favor del cura Raúl Sidders, cuyo juicio recién comenzó gracias a la lucha.
La lucha contra la impunidad de los curas abusadores debe ir de la mano de una pelea contra el gobierno de Milei, enemigo de una herramienta clave para detectar abusos como lo es la ESI y defensor acérrimo del oscurantismo clerical.
Cárcel común para Ilarraz. Basta de impunidad eclesiástica.
