El Centro de Estudiantes de la Universidad de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, hace un informe de la situación de nuestra universidad, a fin de que se incluya esta temática en el III Plenario de la Asamblea Permanente de Trabajadores, Estudiantes y Desocupados que se realiza en la ciudad de Río Gallegos.

Agradecemos, desde ya, el espacio dispensado para expresar nuestros puntos de vista.

El sistema educativo en general, y el universitario en particular, no son ajenos a la política de ajuste implementada desde el gobierno nacional, que se presenta como continuidad de los diez años de gobierno menemista.

La política de desmantelamiento del Estado tiene su correlato en la educación con la no-derogación de la Ley de Educación Superior. La situación económico-financiera del sistema universitario es de tal gravedad que se cierne sobre muchas universidades la posibilidad de cierre. Al mes de diciembre de 1999 el Estado nacional le adeudaba al sistema en su conjunto la suma de 80 millones de pesos, deuda que se ve incrementada mes a mes, ya que en los montos girado mensualmente se producen recortes que inciden obviamente en la situación universitaria. La Unpa sufre, además, la deuda que el Estado provincial mantiene desde hace más de dos años, debiendo nuestra universidad detinar fondos que en un primer momento estaban dirigidos a otras actividades, a pagar la diferencia salarial de los trabajadores universitarios, según lo establece el convenio de transferencia firmado entre el gobierno nacional y el de nuestra provincia. Todo esto, bajo la complacencia de las autoridades universitarias, que salen a realizar estruendosas declaraciones ante los recortes que lleva adelante el gobierno nacional y se muestran complacientes ante el provincial.

En segundo lugar debemos expresar nuestra preocupación ante el arancelamiento de la universidad. La Unpa ha comenzado no solamente a arancelar sus cursos de extensión, actividad que tiene el espíritu de socializar el conocimiento que en ella debiera producirse, sino que además se abren carreras de grados, encubiertas bajo el nombre de planes de reconversión, de manera arancelada. Con el falso discurso de la equidad, se sostiene desvergonzadamente que los que acceden a esas carreras pueden pagar un arancel. Como dato debemos decir que la últimas tres carreras que se han abierto en la Unpa corresponden a esta modalidad, y existen dos más en trámite.

Asimismo, no somos ajenos a una situación que ha recrudecido en los últimos años. La situación de deficiencia de la formación de grado universitaria llega al límite de que cada vez es más necesario acceder a los estudios de posgrado. Los cincos posgrados existentes en la Unpa son arancelados, debido a la situación financiera y a que ello está permitido por la Ley de Educación Superior, las autoridades universitarias buscan la salida más fácil para enfrentar la crisis, la cual es arancelar la universidad.

La universidad, que ya no es gratuita tampoco es pública. No puede serlo cuando expulsa de sus aulas a una cantidad cada vez mayor de estudiantes. El porcentaje estimativo de deserción en la Unpa es del cincuenta por ciento en los dos primeros años de carrera. Un sistema educativo totalmente desarticulado y desfinanciado sólo puede tener como consecuencia altos niveles de deserción y fracaso. La universidad argentina reproduce internamente las situaciones de desigualdad que se observan en otros ámbitos.

A consecuencia del último recorte, que reduce el presupuesto universitario en 40 millones de pesos, las autoridades universitarias reunidas en el Consejo de Rectores decidieron hacer lugar a la propuesta del ministro de Educación de que las universidades públicas destinen parte de su presupuesto para un “fondo solidario”, manera sutil de realizar un mayor ajuste, mientras no se recorta ningún centavo de los subsidios que el Estado otorga a la educación privada.

Por último, expresamos nuestra preocupación ante las medidas que pueda adoptar la Asamblea Universitaria sobre la suerte de las unidades académicas de San Julián y Río Turbio; existe la probabilidad bastante grande de que estas unidades académicas se conviertan en colegios universitarios, so pretexto de que resultan “económicamente inviables”, y la posibilidad de que se implementen aranceles o se restrinja el ingreso.

Por todo lo expresado solicitamos a este plenario se incluya en el documento final los siguientes puntos:

* Derogación de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior y la Ley de reforma Laboral.

* El pago de la deuda que el Estado nacional y provincial mantienen con la universidad.

* Un aumento de presupuesto para educación y salud, es posible con la eliminación de los subsidios a las empresas públicas privatizadas y con el cobro de impuestos a los grandes evasores, quienes se benefician con esta política económica.

* No a la mercantilización de la educación y la salud.

* No al cierre de las unidades académicas de San Julián y Río Turbio.

* Gratuidad de los cursos de extensión, carreras de posgrados y planes de reconversión.

* Congreso extraordinario de la Federación Universitaria Argentina, a fin de elegir una conducción que se oponga a este modelo educativo, desplazando a Franja Morada, de neto corte aliancista.

* No a la intervención de Conadu.

* Unidad del movimiento obrero-estudiantil.

* Rechazo a las políticas del FMI y el Banco Mundial.

Extraído del Boletín Intersindical

Río Gallegos, julio de 2000