Alberto Fernández presentó en la Cámara de Diputados la Ley de Hidrocarburos, de beneficios impositivos a las petroleras y facilidades para girar ganancias al exterior, para estimular el fracking en Vaca Muerta. Esto, exactamente una semana después del evento virtual organizado por el presidente con el título “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”, en la que se jactó de estar emprendiendo una “transición verde” en materia energética. ¿Cómo se explica esta farsa?

En el encuentro de la semana pasada, del cual participaron el enviado de Estados Unidos John Kerry, el secretario general de la ONU Antonio Guterres, además de presidentes y ministros de Ambiente de Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En su apertura, Alberto Fernández destacó que “la cumbre de líderes convocada por Joe Biden en abril consagró la agenda climática como prioridad política y económica a nivel global”. Es decir que de entrada enmarcó la jornada como apéndice de la política del imperialismo yanqui en la región.

La motivación más evidente para ello es el pedido que formuló el presidente argentino, tanto entonces como ahora, de financiamiento internacional -con pretextos ecológicos- y promocionar las entrega de las reservas de litio del país a las grandes multinacionales norteamericanas -mineral estratégico para la transición que pretende Biden. Esto último se ubica dentro de una promoción de la megaminería a escala nacional, con nuevos proyectos en San Juan y Santa Cruz e intentando destrabar grandes explotaciones en Chubut, Catamarca y Mendoza. Ambos pedidos tienen la mira puesta, no en la sustentabilidad ambiental o el cambio climático, sino en el repago de la deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Como declaró recientemente el renunciante ministro Juan Cabandié, “para pagar la deuda hay que contaminar”, y es precisamente eso lo que motiva la presentación de la Ley de Hidrocarburos. El proyecto busca consagrar un régimen de beneficios que se suman al ya vigente Plan Gas, por el cual casi se duplicaron en un año los subsidios a las empresas energéticas. El objetivo del gobierno es promover que las petroleras abandonen la huelga de inversiones para aumentar la producción de gas y reducir así el déficit energético, de manera de poder ahorrar los dólares para… pagar deuda. El saqueo de divisas del país seguiría intacto, pero por la vía de honrar los vencimientos y de la libertad de los pulpos petroleros para fugar sus dividendos -e incluso por la fijación de ínfimas retenciones a la exportación.

De hecho, además de los subsidios que le garantizan un alto precio dolarizado del gas y de los privilegios que otorga esta ley, las patronales ponen otra condición para invertir: profundizar la flexibilización del convenio colectivo de los obreros petroleros. Toda la recuperación de la producción de Vaca Muerta tras la cuarentena se basó en un récord de fracturas por torre y con dotaciones de personal reducidas, es decir en una superexplotación de la fuerza de trabajo. Esta obsesión por incrementar la productividad con menores inversiones augura mayores desastres ambientales derivados del fracking.

Por eso es una impostura la súplica del gobierno nacional a los organismos del imperialismo de facilitar un “canje de deuda por acción climática”, porque es justamente la orientación de rescate de “endeudamiento tóxico y depredador” (como definió Alberto Fernández) la principal motivación para esta profundización del saqueo de los bienes naturales, que vienen llevando a cabo todos los gobiernos desde hace décadas. Lo mismo se ve respecto de la otra propuesta del presidente en el encuentro climático previo a las Paso, sobre “erradicar definitivamente la deforestación ilegal, tipificándola como un delito ambiental”, cuando mantiene bloqueada en el Congreso la Ley de Humedales y el proyecto que prohíbe los desmontes presentado por Romina Del Plá del FIT-U, mientras los incendios consumen los bosques patagónicos, los montes cordobeses y las islas del Delta de Paraná y bate récords la deforestación en el norte. La Ley de Agroindustria que promete el oficialismo a las cerealeras, gemela de la de Hidrocarburos, agravaría esta problemática.

Por eso no llama la atención que las organizaciones como Jóvenes por el Clima y Eco House, que plantean que este “canje” representa una salida a la situación crítica que se vive en materia ambiental, se encuentren de espaldas al movimiento que lucha en las calles contra la depredación. Es evidente la integración al gobierno de la dirigencia de estas agrupaciones, que los tuvo como elenco de los spots electorales de Leandro Santoro y el Frente de Todos en CABA, es un callejón sin salida para nuestras demandas. El caso de Cabandié confirma que el golpe palaciego que el kirchnerismo montó contra el Alberto Fernández tras el derrumbe electoral, con la renuncia de media docena de ministros, no expresa ninguna perfectiva distinta en los temas de fondo que hunden al país. No hay “otro rumbo” posible, ni en materia ambiental ni de otro orden, mientras todo el horizonte sea acordar un nuevo programa con el FMI.

Esta hipocresía es el verdadero “ambientalismo berreta”, y revela la impotencia del Frente de Todos para combatir el discurso reaccionario de Milei con su negacionismo del cambio climático. El discurso verde de Alberto Fernández y Cabandié no hace más que desprestigiar la verdadera causa por la que lucha el movimiento ambiental. La independencia política es la clave fundamental para el progreso de esta pelea, así como las acciones en frente único como ejemplifica la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Cuando se prepara una Huelga Mundial por el Clima para el próximo 24 de septiembre, desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad planteamos la importancia de impulsar una gran jornada de lucha en las calles, contra quienes pretenden convertirla en un acto gubernamental.

Para avanzar hacia una verdadera transición energética y defender el ambiente hay que partir del rechazo al pago de la usuraria y fraudulenta deuda externa y nacionalizar el comercio exterior y la banca, de manera de disponer de los recursos vitales de la economía del país, y por la nacionalización de toda la industria energética bajo control obrero, para encarar una planificación real en el marco de un programa económico dirigido por los trabajadores (dentro del cual se contemple un abandono progresivo del fracking), en vistas a una reorganización social sobre nuevas bases que viabilice otra relación con la naturaleza.