El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial por el Agua, y en los días previos está convocada una nueva huelga mundial por el clima. Será la oportunidad para poner de manifiesto la crisis hídrica que se vive en numerosas regiones del país, y la responsabilidad que tienen los gobiernos y los capitalistas en ello.

El hecho de que el agua haya comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street demuestra que es un tema que merece atención. El recurso natural más básico e imprescindible para la vida es limitado y agotable. Una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a él. En Argentina, ocho millones de personas no poseen agua de red y casi quince millones carecen de cloacas.

En los barrios más pobres la lucha por el acceso al agua potable es histórica, y ninguno de los gobiernos ofreció una respuesta. En plena pandemia, la crisis sanitaria fue profundizada por esta problemática en grandes asentamientos como la Villa 31 o la 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires. Los conflictos urbanos generados por la bajante histórica del Río Paraná, con cortes de suministro y disminuciones de presión, desnudan la desidia de las empresas prestadoras de servicio, la nula inversión y la consecuente falta de obras de mantenimiento de la red hídrica. La sequía del último año sacó a relucir este vaciamiento.

Como contracara de esta realidad, los capitalistas contaminan y derrochan millones de litros diarios de agua. Las mineras utilizan cantidades siderales, y como en Veladero son responsables por recurrentes derrames de tóxicos (cianuro) en ríos y canales. El fracking consume todo el agua de la región de Vaca Muerta mientras los pueblos de la zona padecen por la falta de acceso. El capital agrario infesta con agroquímicos acuíferos y lagos que abastecen a amplias poblaciones.

El gobierno de Alberto Fernández profundiza este saqueo de grandes pulpos basado en la depredación ambiental, como parte de un plan económico que consiste en garantizar el repago de la deuda externa al FMI y los especuladores financieros mediante el ingreso de dólares por las exportaciones primarias. Lo revela medidas como la aprobación del trigo transgénico HB4, la reducción de retenciones a mineras y petroleras, el acuerdo con China para instalar granjas industriales de cerdos, y la entrega de nuestros mares.

El movimiento ambiental debe entonces ponerse en alera, porque la defensa del agua solo puede ser emprendida como una lucha a fondo contra los pulpos contaminantes y los gobiernos que defienden sus intereses. Lo mismo vale para la gran industria, que contamina en gran escala como sucede abiertamente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, sin control alguno. Los inexistentes controles sobre las proveedoras del servicio de agua también ilustran la complicidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.

Por eso es fundamental la organización independiente del Estado, que montó un Ministerio de Ambiente con el objetivo de cooptar a un sector del activismo y como taparrabos de una orientación general incompatible con la preservación y el cuidado del ambiente. La crisis hídrica es un claro exponente, y eso es lo que denunciarán asambleas y organizaciones en decenas de ciudades de la Argentina el próximo 22.

Hay que profundizar el camino de las movilizaciones populares de Mendoza y Chubut contra la megaminería a cielo abierto; en las costas del Río Paraná contra la pesca ilegal y las quemas de las islas del Delta; en Córdoba contra los incendios que dejaron solo un 3% del bosque nativo; de los pueblos originarios que resisten el avance de los terratenientes sobre sus tierras para expandir la frontera sojera; o recientemente la solidaridad popular ante los voraces incendios de la Patagonia.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero convocamos a movilizar en defensa del agua en todo el país, por el acceso universal al agua potable y la apertura de los libros de las empresas proveedoras del servicio para terminar con el vaciamiento y la desinversión en infraestructura, por el poder de veto de las asambleas de zonas afectadas sobre emprendimientos contaminantes, el control de la seguridad e higiene por comités de obreros y científicos, y la realización de tareas de remediación ambiental a cargo de las empresas. Son medidas de transición para atacar la responsabilidad de los capitalistas un sus gobiernos.

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