Esta es una respuesta a un artículo publicado en la web de la agrupación Ambiente en Lucha de Izquierda Socialista “para abrir un debate” en torno a “posiciones que consideramos incorrectas” acerca de la explotación del litio. Si bien la polémica está planteada de forma muy limitada, vamos a hacer un esfuerzo por encararla en la medida en que el tema importa no solo a quienes luchamos en defensa del ambiente, sino que es considerado estratégico para la economía nacional.

El debate como está presentado tiene un defecto de origen, porque de entre todos los materiales de Tribuna Ambiental y el Partido Obrero publicados sea en Prensa Obrera y En Defensa del Marxismo o en las redes sociales, les compañeres optaron únicamente por un spot de 35 segundos. Las críticas de lo que no se dice ahí son entonces bastante arbitrarias, pero recogemos el guante. Primero, para repasar muy rápidamente para todes les interesades nuestra elaboración sobre el tema; y luego sí para rescatar la idea central de dicho spot, cuya brevedad solo permite plantear un aspecto del problema, pero es el central.

Nos critican que en “el spot de Romina Del Plá y Gabriel Solano plantean la ‘nacionalización’ de las empresas megamineras, para realizar una ‘explotación sustentable y una industrialización en el país’” pero al no explicar cómo “deja entrever que utilizaría los mismos mecanismos de extracción que las multinacionales saqueadoras al plantear cálculos de recaudación equivalentes, pero bajo ‘gestión estatal’”. Es como mínimo antojadizo inferir semejante cosa de lo que no se dice en medio minuto, pero agregan que no “menciona la necesidad de dar un control y poder de decisión y veto a las comunidades locales y a las y los trabajadores”. Empecemos por acá.

Un artículo del dirigente del PO salteño Claudio Del Plá publicado en nuestra revista teórica En Defensa del Marxismo concluye con el siguiente llamado: “Abramos el debate sobre una minería del litio en función de los intereses de los trabajadores, cuyas condiciones indispensables deben ser la estatización bajo control de los trabajadores de los yacimientos, una producción integrada a un plan nacional de industrialización y el derecho a veto de las comunidades en materia ambiental”. Para que nadie lo tome como una formalidad, ahí también consta que cuando en Salta, para atraer a las mineras, se modificó la ley que fija la distribución de las regalías en perjuicio de los pueblos (cuya participación se redujo del 50% al 11,25%) solo votó en contra de la bancada del PO, y lo hizo acompañando la movilización de los vecinos de San Antonio de los Cobres.

Por otro lado, desarrolla una perspectiva organización clasista del nuevo proletariado minero enfatizando que “no puede haber una minería que sirva al interés de los trabajadores de todo el país, sustentable desde el punto de vista ambiental, si no se constituye una poderosa organización obrera”. En la medida en que les compañeres de IS no plantean más que una moratoria condicionada a ciertos determinantes, pero no sostienen que hay que terminar en sí con la extracción litífera, esta diferencia estaría resuelta en lo esencial.

En otra parte agregan en tono crítico que “la estatización de los bienes comunes minerales y energéticos debe ir sobre la base de terminar con la provincialización y todas las rémoras de los ‘90 expresadas en el Código Minero menemista, que son la piedra angular del saqueo megaminero. Creemos que el rol de la izquierda no debería ser adaptarse a esa ‘legalidad’”. O sea, lo que se resume en una palabra como: ¡nacionalización! Sobre el resto, tanto los referentes del Partido Obrero del NOA como en numerosas notas de Prensa Obrera denunciamos cotidianamente el rol de los gobernadores que componen la llamada Mesa del Litio, protagonistas del bloqueo a la Ley de Humedales y quienes vienen de participar de un foro armado por la cámara minera para exigir mayor libertad para fugar dólares y garantías de que no se tocarán sus beneficios impositivos. Lo cierto es que esto en parte ya ocurre, por abajo de la mesa, como reveló la millonaria subfacturación de la norteamericana Livent en Catamarca; un caso paradigmático, donde la principal actividad económica de exportación aporta en concepto de regalías mineras apenas el 1,68% de los ingresos fiscales.

Los gobernadores son cómplices de este saqueo de las multinacionales mineras y automotrices. El jujeño radical Gerardo Morales y el ahora massista salteño Gustavo Sáenz participan con empresas públicas (Jemse y Remsa) como socias menores en los emprendimientos, y la declaración del litio como “recurso estratégico” por el peronista riojano Ricardo Quintela apenas aspira a que la estatal Emsa se sume de la misma manera como accionista marginal en las explotaciones. Que esta es una orientación de todo el régimen político lo confirma el viaje para promocionar la entrega del litio que, junto a estos gobernadores, encabezó el mismísimo Wado de Pedro… a Estados Unidos. 

Es en este punto donde cobra valor lo que sí plantea nuestro spot: que para terminar con el saqueo del litio es necesario echar a los políticos capitalistas. Es un señalamiento de qué clase social es la responsable, y qué intereses guían a quienes gobiernan y gobernaron el país y las provincias. Esto es lo fundamental, porque los problemas que derivan de la megaminería y la depredación ambiental no se resuelven con una lista de medidas a tomar, sino mediante la confrontación de intereses sociales antagónicos y la lucha para que gobiernen les trabajadores. 

Fuera de estos términos no es una salida la estatización. El caso de YPF es ejemplificador, porque la expropiación de las acciones de Repsol para asociarse con Chevron y otras multinacionales para explotar Vaca Muerta no trajo ninguna salida ni a la crisis energética ni a la pobreza. Se confirmó lo que en su momento desde el PO denunciamos como una reprivatización, a diferencia del resto de la izquierda que solo se limitaba a reclamar que la compañía fuera 100% estatal, omitiendo la orientación con que el entonces gobierno kirchnerista emprendía la medida, tras dos décadas de vaciamiento de la petrolera nacional. Lo mismo vale para la supuesta nacionalización del litio de López Obrador en México. Diferenciarnos de estas intervenciones estatales de contenido capitalista es fundamental para que la izquierda no quede pegada al fracaso de esas experiencias nacionalistas.

Todo esto importa porque nos lleva al debate abierto en el Frente de Izquierda Unidad, acerca de la política que debe guiar la intervención tanto en la campaña electoral como en la lucha de clases en general. La orientación que cuestionamos al PTS, dirigida a preservar bancas y por lo tanto conservadora, cuya única crítica al kirchnerismo es que no es consecuente con sus postulados, nos deja como si fuésemos una variante extrema de los K y por lo tanto nos desarma ante la derecha que explota el fiasco de la intervención del Estado para promover las falsas soluciones depredadoras como vía de salida a la pobreza -que es sin dudas la principal preocupación de la población de este país.

El artículo de les compañeres de IS concluía, sin fijar ninguna posición en este debate, proponiendo para “listas unitarias bajo la fórmula Myriam Bregman-Gabriel Solano”. Ahora, de nuevo sin tomar posición sobre qué orientación necesita el FIT-U, la reemplazan por otra fórmula Bregman-Del Caño, exclusiva del PTS. Precisamente para afrontar estas discusiones corresponde que nos demos un método acorde a socialistas, y les llamamos a participar el 17 de junio del plenario de la izquierda y los luchadores. Una campaña del Frente de Izquierda que movilice contra todos los políticos capitalistas a miles de activistas de los diferentes movimientos de lucha, entre ellos el ambiental, servirá para plantear un rumbo alternativo al saqueo de la Argentina.

https://revistaedm.com/edm-22-10-23/acerca-del-llamado-boom-del-litio/

https://prensaobrera.com/ambiente/litio-inversiones-verdes-o-expoliacion-de-la-puna