En el plenario nacional ambiental realizado el 12 de septiembre, motorizado por Tribuna Ambiental y tomado en sus manos por decenas de activistas y luchadores asambleas y agrupaciones, dejó expresada una radiografía de las distintos conflictos y reclamos en defensa del ambiente a lo largo y ancho del país. De un breve repaso, se evidencia que sobran las razones para ganar las calles de Argentina el 25S, en el marco de la sexta Huelga Mundial por el Clima.

El accionar de la megaminería contaminante el tema más mencionado. Comencemos por el “modelo San Juan”, promovido por el gobierno de Alberto Fernández, donde la canadiense Barrick Gold explota la mina Veladero. Carolina, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, denunció que llevan derramados cinco millones de litros de agua cianurada sobre el Río Jáchal, contaminado los cursos de agua con mercurio. “Los productores siguen regando con agua contaminada. Los animales toman agua contaminada. Aquí la megaminería no trajo progreso, sino enfermedades y muerte”, describió, fundamentando así el reclamo por el cual llevan más de mil días acampando frente al municipio.

Más de 1.500 kilómetros más al sur, desde distintos puntos de la provincia de Chubut se denunció la ofensiva minera, señalando que es una política del gobierno que emitió deuda millonaria en dólares ofreciendo como garantía la explotación de los bienes naturales. Los compañeros que impulsan la Iniciativa Popular para evitar la modificación de la Ley 5001 contaron que sobre el Río Chubut hay 136 proyectos para la explotación minera, y la represión a los vecinos cuando intentaron aprobar el Proyecto Navidad de la Panamerican Silver, multinacional que tiene en su prontuario desastres contaminantes en Guatemala, Bolivia y México. Activistas del Movimiento Patagonia Libre, de Santa Cruz, manifestaron que durante la cuarentena las mineras no dejaron que extraer oro en la provincia.

Desde Mendoza reivindicaron el método del gran triunfo en defensa de la Ley 7722 a principios de año, cuando una rebelión provincial obligó a retroceder con la “ley cianuro” que habían votado la UCR y el PJ. Ilustraron los intereses que hay detrás ejemplificando con el hecho de que el intendente peronista de San Rafael pretende explotar yacimientos de oro propios, y refutaron la extorsión de que la megaminería sería una salida a la crisis económica y la desocupación, porque solo deja pasivos ambientales y destruye otras ramas de la actividad que necesitan el agua.

Se enfatizó también en el carácter contaminante de la extracción de litio que se pretende llevar adelante en gran escala Salta y Jujuy. Y mostrando una posición de clase, los compañeros del Partido Obrero de Salta informaron que acompañan la lucha contra los 250 despidos en la mina Lindero (la primera en utilizar cianuro en la provincia), y destacaron la necesidad de que el fin de la megaminería no puede ser a costa de los trabajadores, planteando que incluso son ellos deberían ser empleados en la remediación ambiental.

Otro punto destacado en el plenario fue la denuncia de que los desmontes continuaron su curso aún en plena cuarentena, durante la cual de arrasó con más de 21.000 hectáreas en la región chaqueña. Nora Giménez, de las organizaciones Somos Monte y Conciencia Solidaria de Chaco, denunció que todos los gobiernos provinciales promueven la deforestación, y ejemplificó que con la complicidad de la Dirección de Bosques “ya desaparecieron al lapacho”. También denunció que distintos proyectos inmobiliarios se encuentran rellenando las costas de los ríos, lo que produce inundaciones.

En este terreno, se acordó reimpulsar la campaña para exigir que se trate y se apruebe el proyecto de ley presentado por Romina Del Plá para suspender todos los permisos para realizar desmontes. Todos los que refirieron al tema señalaron que es un efecto del avance de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria, como puntualizaron desde Córdoba al denunciar que ya fueron consumidas por el fuego más de 50.000 hectáreas de bosque. Agregaron además otras consecuencias del agronegocio, en particular los terribles efectos de la utilización de agrotóxicos. Se reivindicó la lucha de las madres del Barrio Ituzaingó, que llevan adelante un juicio histórico, el cual a su comienzo tenía 38 querellantes y hoy solo sobreviven 5. Contaron que cada 15 días se movilizan a Tribunales, denunciando que la Justicia absuelve a los fumigadores y persigue a luchadores. Informaron que recientemente se desarrolló una movilización de más de 700 vecinos intoxicados con agrotóxicos.

Otro aspecto crucial del debate se centró en la contaminación de distintas industrias. También desde la provincia mediterránea se denunció que la fábrica de biocombustibles Porta, ubicada en el barrio San Antonio, es una potencial Beirut por los riesgos que plantea. La misma alusión aquella gigantesca explosión utilizaron desde Salta para contar la pelea que vienen desarrollando contra la instalación de una fábrica obsoleta de nitrato de amonio de la norteamericana Austin Powder para producir explosivos para la megaminería (aquí también la Justicia falló a favor de la empresa y se iniciaron acciones legales contra los vecinos).

Desde Formosa contaron que luchan por cerrar la planta de Dioxitec que produce elementos combustible de uranio, y desde La Rioja, Clara, de la Asamblea el Retamo de Nonogasta, manifestó que enfrentan la acción ecocida de la curtiembre del grupo Yoma, que deja a niños con cáncer, malformaciones, mientras que -otra vez- la Justicia persigue a los luchadores y da libertad de acción a la empresa. Figuró a su vez la pelea de los vecinos de La Matanza contra la contaminación de la planta de Klaukol en Virrey del Pino, que afecta el aire y agua a 10 kilómetros a la redonda con sílice y 16 metales pesados. Desde Mendoza denunciaron que una resolución del Departamento General de Irrigación habilitó el vertido de líquidos sobrantes y contaminados a los cauces de agua de la provincia por parte de las bodegas.

La defensa del agua fue también protagonista en las intervenciones. Abigail, de la Agrupación Salvemos el Río Uruguay informó que luchan contra la contaminación del río, el cual tuvo una bajante histórica, y denunció que el organismo binacional Comisión Administradora del Río Uruguay aumentó los valores estándar de sustancias contaminantes que afluyen. Las organizadoras de la lucha contra la instalación de dos mega represas en Santa Cruz, cuando todo el norte de la provincia se encuentra en emergencia hídrica, y cuestionaron que las represas hidroeléctricas son un método obsoleto de producción de energía en el mundo. Se mencionó además la lucha contra la rectificación del Río Luján y las obras de ensanchamiento en zona de reservas municipales como la de Pilar y Campana, que provocarían más inundaciones; por lo cual exigen que se detengan las obras y la convocatoria a consultas populares.

Este rápido repaso por las denuncias que se plasmaron en el plenario nacional permite mostrar que la lucha en defensa del ambiente tiene expresión en cada rincón del país, contra la depredación capitalista. Es evidente que sobran los motivos para ganar las calles en cada provincia el 25 de septiembre, en medio de la jornada de movilizaciones en todo el planeta. Desde Tribuna Ambiental apostamos a ello. La realización de este plenario fue un importante paso para coordinar estas peleas y poner en pie un frente único de lucha.