El crecimiento exponencial en las últimas semanas de casos de Covid-19 en niñas y niños ha instalado el debate acerca de la presencialidad escolar de manera ineludible. Según datos publicados en diferentes medios, los contagios en menores de 14 años representan casi el 9,18% de los casos diarios, con un crecimiento del 542% respecto de los registrados el año pasado. El dato es contundente si tenemos en cuenta que durante el 2020 no hubo educación presencial. A tres meses de iniciado el ciclo lectivo, no quedan dudas de que, ante cepas de mayor nivel de contagiosidad y letalidad, el factor determinante de este incremento de casos es la escolaridad presencial.

En un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, levantado el aislamiento de 9 días, las familias informaron 14 niños aislados sobre una matrícula de 267 (5%) y dos docentes por contacto estrecho y Covid positivo (5% del personal docente). El dato se inscribe en las cifras del día: 5.132 contagios y 43 fallecidos. Colocado en la perspectiva estadística general, es esperable que un 2,5% de ese total diario requiera internación, y de ellos, solo sobreviva el 50%. La decisión de sostener la presencialidad está ligada al sacrificio del 1,25% de la población contagiada.

Los trabajadores, a la deriva

Hasta aquí, la docencia defendió la presencialidad desde una profunda empatía con la situación real de los estudiantes, carentes de medios para efectivizar la virtualidad y en rechazo a una virtualidad sin condiciones. Sin embargo, la situación actual -que muestra la inviabilidad de los protocolos- plantea una encrucijada: sostener la presencialidad atenta contra la propia salud. Es lo que experimentamos este lunes 31 quienes debimos asistir a nuestros lugares de trabajo ante el silencio de las conducciones sindicales que no resolvieron ninguna medida para el no inicio.

El gobierno provincial dibuja las cifras de ocupación de camas para evitar la decisión de suspender la presencialidad. De hacerlo, debería dar respuesta a la exigencia de garantizar, con recursos y conectividad, la virtualidad de estudiantes y docentes. Sin esta presencialidad estatal, la virtualidad no es viable en sectores que no tienen recursos para conectividad ni cuentan con medios tecnológicos. El Estado mira para otro lado: para el lado donde miran también los sindicatos, eludiendo las responsabilidades que les caben en la defensa de las condiciones laborales de sus representados. Esto es lo que efectivizó la intersindical de gremios educativos (Uepc-Adiuc-Sadop-Amet- Ademe, UDA, Suoem) cuando dio a conocer un comunicado donde expresaron su preocupación por la situación actual (como si no hubiera responsables), manifestando que “seguirían garantizando la educación a través de la virtualidad”, mimetizando su rol con el del Estado provincial y municipal. La burla llegó al punto de colocar la decisión de pasar a la virtualidad en un acuerdo de partes entre docente y directivo, donde el primero ofrece sus medios y conectividad como moneda de cambio de su propia seguridad sanitaria, poniendo borrón y cuenta nueva a los reclamos por la virtualidad desarrollada durante el 2020.

En rechazo a esta lavada de cara, los y las docentes municipales acompañamos la convocatoria de docentes aglutinados en la oposición a Uepc, quienes luego de un Plenario provincial de escuelas, desarrollaron una bicicleteada y caravana hasta el centro del poder político para reclamar la suspensión de la presencialidad.

 

La coyuntura no deja margen para ambigüedades: solo podremos salir de este colapso sanitario y educativo bajo una completa reorganización social, que coloque los recursos económicos al servicio de la vida, la salud y de la educación pública de calidad. Mantener sin afectar los intereses de los grandes beneficiados de este orden social depara mayor pobreza, desigualdad y muerte. Hoy es imperativo suspender la presencialidad, garantizar la vacunación para todxs y poner los recursos económicos del Estado al servicio del trabajo, la vivienda, la salud y la educación de las mayorías populares.