A un año del inicio de la cuarentena y del cierre de las escuelas, la crisis sanitaria y educativa se ha agravado en niveles imparables. El gobierno del Frente de Todos, que prometió poner por delante la vida de los argentinos, hoy es responsable del colapso sanitario actual que ya ha costado más de 45.000 vidas.

En el plano educativo, la degradación es de una magnitud sin precedentes: el ministro de educación, Nicolás Trotta, reconoce que un millón de chicas/os perdieron todo vínculo con la escuela, pero las cifras de deserción en la educación obligatoria supera largamente el 40%, cerca de 5 millones de estudiantes. Una realidad similar muestra el abandono en la enseñanza superior. ¡El resultado no podría haber sido otro, porque no han hecho nada en un año para evitarlo!

Ahora, cuando les estalla en la cara la crisis sanitaria y educativa, el gobierno de los Fernández y la oposición de Juntos por el Cambio, buscan como chivo expiatorio a los docentes, a los que acusan de no querer volver a las escuelas en forma presencial.

 

Hipocresía y ajuste educativo

En la primera reunión (virtual) de la comisión de educación de la Cámara de Diputados de la Nación, en marzo del 2020, el ministro Trotta aseguró la continuidad pedagógica, vía virtualización, de todas y todos los estudiantes. La única voz discordante fue la de Romina Del Plá, que defendió la educación presencial, señaló que la virtualización improvisada que se anunciaba no podría suplantar la interacción presencial en el aula, y que era necesario una enorme inversión para que estudiantes y docentes tuvieran equipos y conectividad gratuitos mientras se superaba la pandemia, además de la puesta en condiciones de las escuelas en infraestructura y condiciones sanitarias. Caso contrario, advirtió, “la educación saldrá más golpeada de cómo ya entró a la pandemia”. Romina Del Plá expresó la visión de la mayoría de la docencia.

Los maestros y profesores defendieron y defienden la educación presencial, y durante todo el año garantizaron sin recursos oficiales, ni para ellos ni para los estudiantes, la continuidad educativa virtual, y denunciaron el abandono completo de toda acción de parte del gobierno nacional y de las provincias para abordar una emergencia educativa de alcances históricos, que exigía y exige de una movilización extraordinaria de recursos y de docentes y auxiliares de la educación.

El gobierno mantuvo durante un año el presupuesto de ajuste y devaluación de Macri, en tanto que en el presupuesto 2021 aprobado en noviembre pasado, los recursos en educación se redujeron del 3.5 por ciento del PBI al 1.3 por ciento. Los miles de millones de pesos de las Leliqs, que Alberto Fernández amenazó con quitar a los bancos, quedaron en manos de los especuladores financieros: Sólo con el negocio de las Leliqs se llevaron la suma de 700.000 millones de pesos.

Muy diferente fue la vara con las necesidades de la población trabajadora. El subsidio al capital se mantiene, pero a la clase obrera se le quitó toda ayuda estatal (IFE, cobertura alimentaria, etc).

Lo propio ocurrió con la educación. No hubo recursos para afrontar la degradación educativa, para reintegrar al millón de alumnas/os que se dice abandonaron el ciclo escolar y por los que se rasgan las vestiduras. No hubo plan especial de becas para que los estudiantes puedan afrontar el cierre de las escuelas y la educación a distancia. No hubo ni equipos ni conectividad gratuita ni para docentes ni para alumnos.

En la educación superior no sólo no existió seguimiento alguno de los estudiantes que se caían de la virtualidad, sino que todos los gastos de la enseñanza recayeron en los bolsillos docentes. No hubo cobertura de los cientos de miles de cargos docentes necesarios para atender tanto a las/os niñas/os que pudieron mantener la conexión con la escuela como a aquellos que requieren ser reintegrados a la educación. Los pocos cargos que se nombraron para ir en ayuda de los estudiantes desvinculados fueron mínimos, precarios, sin condiciones ni elementos, y con salarios de indigencia.

La precarización laboral docente ha sido un crudo avance sobre los derechos laborales de los educadores, avalado por la burocracia de Ctera. No hubo refacciones ni construcción de escuelas. A menos de un mes y medio del comienzo del próximo ciclo lectivo, según reconoce el propio ministerio de educación nacional, el 20 por ciento de las escuelas no tienen agua, una de cada cinco, 10.077 establecimientos, según los datos del último relevamiento conocido. Luego hay que sumar la falta crónica de electricidad, de cloacas, de elementos de limpieza, desde la lavandina al alcohol en gel, y un largo etcétera. Para cumplir el protocolo de distanciamiento que Trotta aprobó, les alumnes deben respetar una distancia social de dos metros. Ello exige, por lo menos, duplicar la cantidad de escuelas que hoy existen.

Esta política del gobierno de la coalición pejotista de rescatar al capital descargando la crisis en los trabajadores ha sido acompañada por toda la oposición patronal. A Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Horacio Larreta y compañía les importa un comino el millón de chicos fuera de la escuela.

Los trabajadores debemos rechazar esta campaña inescrupulosa contra la docencia, que pretende convertir a las víctimas en victimarios.

Máxima emergencia sanitaria sin vacunas

La campaña antidocente se desarrolla en medio del crecimiento sin pausa de los contagios. La última información al respecto indica además que la cepa británica, con una capacidad de contagio de un 70 % mayor, ya está en el país. Al igual que con la educación, el vaciamiento presupuestario de la salud ha colocado al sistema sanitario al límite de su capacidad.

En este cuadro, los únicos anuncios del ministro de Salud, Ginés González García, apuntan a mantener los cuidados de higiene individuales, porque las vacunas no llegan. De acuerdo a los últimos datos de 2019, el personal de salud en edad activa alcanza a los 416.716, entre médicos, enfermeros y trabajadores auxiliares (Ministerio de Salud, Argentina. Gob.Ar). Las escasas vacunas arribadas al país, que serán compartidas con las fuerzas represivas, dejan a la mayoría fuera de cobertura. En este panorama, el millón 300 mil docentes de la educación obligatoria no será vacunado antes del comienzo del ciclo lectivo.

Lo que impide la normalización educativa, entonces, es el plan de ajuste fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández, que la oposición derechista pide profundizar todavía más.

En este cuadro, el ministro Trotta ha señalado que la vacunación de los docentes no es un requisito para abrir las escuelas, ha delegado en los gobernadores la decisión de las aperturas y ha ratificado la meta de la máxima presencialidad posible. Llegado el caso, la decisión es adulterar las normas actuales resueltas en el Consejo Federal de Educación (CFE), en el que están representados los gobernadores y la burocracia sindical docente, especialmente Ctera. Esto porque hoy, según el “semáforo” epidemiológico del CFE, no hay condiciones para las clases presenciales. Es por eso que “Trotta no descartó que este semáforo se modifique en el marco del Consejo Federal de Educación, que fue el organismo que lo aprobó: “todo lo que necesite ser revisado, lo haremos”, dijo el ministro.

Crisis alimentaria

En un año de pandemia, las familias obreras han sido pauperizadas brutalmente. Seis de cada diez niñas/os y adolescentes están en la pobreza o la indigencia. El 45% de la población es pobre. La promesa del gobierno del Frente de Todos de que venían para terminar con el hambre de los argentinos fue el engaño más vil.

En las escuelas los comedores escolares, que no son de acceso universal, fueron remplazados por el reparto de bolsones cada quince días con escasísimos productos que no cubren una dieta mínima y mucho menos, saludable . Un gran porcentaje de la comunidad educativa carece de las condiciones básicas para garantizar la escolaridad de los niños y adolescentes, algo que la mera apertura de las escuelas tampoco resolverá. Para recuperar la degradación educativa, deben garantirse también las condiciones materiales básicas de vida de la comunidad educativa.

La burocracia sindical

Varios sectores de la burocracia sindical docente, especialmente Ctera, han señalado que rechazarían volver a las aulas sin las garantías necesarias, pero la respuesta no es contra el gobierno nacional que no las garantiza sino contra Macri y Cambiemos. La burocracia sindical de Ctera, que ha dejado pasar todos los ataques que han llevado a esta degradación educativa, sale así en una contra campaña en favor del gobierno peronista, lo que ha llevado a Trotta y al gobernador bonaerense Axel Kicillof a garantizar que abrirán las escuelas. ¿Qué diferencia de condiciones sanitarias, materiales, edilicias fundamentan que se pueda regresar en la provincia? Ninguna. Sólo que una vez más la burocracia sindical docente entrega a la educación y a sus trabajadores por su cooptación al gobierno nacional y provincial.

La educación y la presencialidad reclaman una salida obrera de conjunto

Revertir esta degradación de la educación popular plantea a la escuela pública como un terreno agudo de lucha de clases. En ella chocan las políticas de hambre, de despidos masivos, de precarización laboral y educativa, de salarios de pobreza –incluidos los docentes-, de enfermedad, con las luchas y reclamos del conjunto de los trabajadores, contra un régimen social capitalista que destruye fuerzas productivas y materiales para rescatar al capital.

Tribuna Docente, la Unión de Juventudes por el Socialismo, el Polo Obrero y el Partido Obrero toman la causa educativa como una lucha de todos los sectores explotados y plantean un programa que privilegie las necesidades y el interés de la población trabajadora y un plan de lucha común, por:

Becas Progresar sin restricciones de $10.000 para todos los estudiantes para garantir su escolarización, actualizadas por inflación. Para los estudiantes que trabajan, 4 horas en la escuela, 4 horas en la fábrica, sostenidas por la patronal.

Cobertura alimentaria que garantice las condiciones nutricionales en todos los niveles educativos, en todas las escuelas y barrios

Subsidio de $30.000 para las madres y los padres desocupados, actualizado por inflación.

Salario básico nacional por encima de la línea de pobreza, hoy equivalente a $55.000, y respeto a las categorías del estatuto docente y a los ítems correspondientes por zonas desfavorables, actualizado por inflación. Garantía salarial equivalente a un cargo para los miles de docentes desocupados.

Duplicación del presupuesto educativo, bajo control de la comunidad educativa.

Servicio de trasporte escolar público gratuito, que garantice los protocolos de seguridad y de salubridad en los traslados.

Aumento de los cargos docentes, respetando las condiciones de los estatutos docentes, para cubrir la vuelta segmentada a las aulas y/o la continuidad virtual, y poner en pie una verdadera movilización educativa para reintegrar y recuperar contenidos con los millones de alumnes que tuvieron dificultades o no pudieron mantener la continuidad pedagógica.

Plan nacional de refacción y construcción de todas las escuelas necesarias para abordar la actual emergencia sanitaria y educativa, bajo control de la comunidad . Equipos y conectividad gratuitos para alumnes y docentes

Comités de seguridad, higiene y salubridad electos, de docentes, padres y estudiantes, que fiscalicen las condiciones mínimas necesarias para la apertura de las escuelas. Vacunación universal ya. Cobertura de todas las necesidades sanitarias de la comunidad educativa.

Por un impuesto a las grandes fortunas como el presentado por el FIT-U.

No al ajuste. No al pago de la deuda externa y a cualquier pacto con el FMI.

Nacionalización del sistema educativo, bajo control de la comunidad educativa

Por una educación de formación integral de la clase obrera y al servicio de su emancipación social y política.

 

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