Libertades democráticas
19/3/2026
La impunidad de los genocidas como política de Estado y la lucha popular por justicia
Los números que muestran una orientación para beneficiar a los represores.
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Imagen: archivo
Los gobiernos que se alternaron en el poder desde la vuelta a la democracia sostuvieron una política de Estado dirigida a garantizar la impunidad de los genocidas de la última dictadura cívico-militar, pero se toparon con un pueblo que luchó durante décadas y aún lucha por hacer justicia por los 30.000 desaparecidos y todos los crímenes de lesa humanidad. Así avanzaron algunos juicios y se lograron condenas por genocidio, aunque a cuentagotas, por lo que más de la mitad de los denunciados han muerto sin obtener sentencia o atraviesan el proceso judicial en libertad. Para colmo, actualmente la mayoría de los criminales detenidos gozan de arresto domiciliario. A 50 años del golpe, y con un gobierno que promueve la liberación de los represores y reivindica el terrorismo de Estado, el próximo 24 de marzo tenemos que colmar las calles por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.
La impunidad comenzó a tejerse en el denominado Juicio a las Juntas, que fue convocado en abril de 1985 por el gobierno de Raúl Alfonsín en un contexto de movilizaciones masivas por el juicio y castigo a los criminales de la dictadura, luego que esta cayera en un marco de crecientes luchas populares. Solo fueron condenados cinco miembros de su plana mayor (Videla, Massera, Viola, Lambruschini y Agosti) sobre un total de 1.700 genocidas denunciados. Los criminales Galtieri y Anaya resultaron absueltos. Más tarde, Alfonsín profundizará esa deriva con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A esto se sumarían a principios de los '90 los indultos de Menem, que liberaron a los pocos que habían sido condenados y a los milicos que participaron de los levantamientos carapintadas. Las leyes de impunidad fueron derogadas en 2003, y en 2006 como resultado de la lucha popular (a lo que se sumó el pedido de la Justicia española de extraditar a los genocidas para juzgarlos allá) se reabrirán los juicios, aunque avanzarán a cuenta gotas. El kirchnerismo buscó con eso estatizar a los organismos de derechos humanos, pero la impunidad siguió siendo la norma, aún cuando se logró encarcelar a represores. Macri quiso implementar el beneficio del 2x1 para liberar a los milicos, pero se topó con una movilización popular de dimensiones gigantescas que lo obligó a retroceder.
Para aproximarnos a la dimensión de la impunidad reinante tendremos en cuenta el informe anual 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Desde que se reiniciaran los juicios en 2006 de un total de 3875 personas investigadas por delitos de lesa humanidad solo un tercio (1208, el 31%) fueron condenadas y 247 fueron absueltas, mientras que 1252 (32%) murieron antes de obtener sentencia, por lo que gozaron de impunidad biológica, y 1168 (30%) están libres mientras se alarga el proceso judicial. De los 515 represores que hoy están detenidos 434 se hallan con arresto domiciliario, y el resto en Campo de Mayo o en dependencias del sistema penitenciario federal y provincial.
La cantidad de personas denunciadas queda corta cuando se considera que en Argentina funcionaron 814 centros clandestinos de detención, tortura y muerte durante la dictadura. Al 1 de diciembre del año pasado había registradas 706 causas en trámite (en el marco de la investigación de esas 3875 personas), de las cuales solo 61 fueron elevadas a juicio. Hay 349 sin sentencia, 500 personas con pedido de indagatoria que no fueron convocadas a realizar su descargo, y 74 que fueron indagadas y aún aguardan resolución sobre su situación procesal. Más de la mitad de las sentencias todavía tiene pendiente una instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, "solo el 38% de las personas condenadas y el 26% de los absueltos tienen sentencia firme" (Tiempo, 17/12/2025).
A esto se suman los beneficios que gozan estos represores, especialmente los que cumplen condena en su casa. El dictador Reynaldo Benito Bignone, fallecido en 2018, llegó a ufanarse de salir todos los días de su casa y tener permiso para visitar familiares. Daniel Cuomo, quien fuera condenado por cometer crímenes en la Esma, consiguió autorización para salir de su casa tres días por semana durante dos horas y una hora más los fines de semana. El piloto de los vuelos de la muerte Alejandro D'Agostino "suele entrar y salir de su casa como si nada" (Página 12, 15/6/2025). Otros genocidas como Jaime Lamont Smart consiguieron vacaciones, otros como Horacio Luis Ferrari tiempo para ir a misa y otros como Jorge Olivera el festejo de sus 50 años de casado en su residencia de Olivos.
La mayoría de los detenidos que no cumplen arresto domiciliario se hallan en Campo de Mayo, donde hay una cárcel VIP con gimnasio, espacios de recreación y deporte, y los reclusos pueden ver la televisión en sus habitaciones; la misma fue construida bajo el kirchnerismo. Allí fueron enviados por Patricia Bullrich algunos de los genocidas que estaban alojados en el penal de Ezeiza y recibieron la visita de los diputados oficialistas a pocos meses de la asunción de Milei, como Alfredo Astiz, quien integró el grupo de tareas que estaba a cargo del centro clandestino de detención de la Esma, y Carlos Guillermo Suárez Mason, quien fuera conocido como "el Carnicero del Olimpo".
El informe de la Procuraduría revela que, en promedio, transcurren seis años y dos meses desde que se solicita la elevación a juicio hasta que la sentencia queda firme. También que 2025 fue el año con mayor cantidad de absoluciones. El gobierno de Milei está desguazando los organismos estatales que aportaban al desarrollo de los juicios, busca una amnistía generalizada de los genocidas; y está empoderando a los militares para utilizarlos en la represión interna, permitiéndoles detener gente en la frontera o realizar tareas de inteligencia, y designando como ministro de Defensa a Carlos Presti, hijo de un genocida que murió impune.
Este repaso muestra que en Argentina sigue primando la impunidad sobre los crímenes cometidos en la dictadura genocida. Como dijimos, funcionaron 814 centros clandestinos de detención, número que deja corta la cantidad de personas investigadas por delitos de lesa humanidad (habrían operado alrededor de 5 personas en cada uno) y que sustenta la estimación de 30.000 compañeros desaparecidos. Pero los archivos de la dictadura han sido ocultados por todos los gobiernos de la democracia burguesa. No protegen solo a militares, también (y sobre todo) a los capitalistas que perpetraron crímenes contra sus trabajadores, y a los altos cargos del clero que colaboraron con la represión.
