El gobierno prosigue en su persecución política y judicial a las organizaciones sociales y del movimiento piquetero. Al menos unos quince comedores han sido allanados en distintos puntos del país, y también la sede central de la Utep, que se suman a los procesamientos fraudulentos a militantes del Polo Obrero y otras agrupaciones. Milei, Bullrich y la casta judicial quieren avanzar en la criminalización de la protesta social mientras un millón y medio de niñes tiene que saltearse comidas todos los días.

Según denunciaron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, su sede central del barrio porteño de Constitución fue allanada en un procedimiento ilegal, ya que la orden judicial fue librada contra una cooperativa que no funciona ni está declarada allí, acusada de malversación de fondos de convenios firmados con el es Ministerio de Desarrollo Social.

“Por pedido del juez Julián Ercolini la Policía Federal irrumpió con violencia en el lugar donde se desarrolla un comedor preguntando por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar. En el barrio donde los tranzas están más que tranquilos, la policía y ‘la justicia’ persiguen a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento”. Definieron el operativo persecutorio como una represalia por la movilización realizada el 7 de agosto.

También habrían realizado allanamientos en diferentes comedores populares, del FOL, el MTE y otras organizaciones. Mientras crece el hambre y el gobierno se niega a cumplir los fallos judiciales que ordenan distribuir la comida que se está pudriendo en los galpones del Ministerio de Capital Humanos, esta política de persecución es verdaderamente criminal. Como confesó Bullrich, el obejtivo no es investigar corrupción sino “terminar con los piquetes”.

En contraste con el abandono del gobierno, el Frente de Lucha Piquetero viene de protagonizar una importante colecta solidaria en el Obelisco para garantizar un Día de la Niñez en los barrios, con la colaboración de sindicatos y agrupaciones estudiantiles, entre otros. Es una muestra del esfuerzo que ponen las organizaciones sociales ante la política de ajuste al pueblo y los centenares de miles de despidos, mientras siguen proliferan los ñoquis y los sobresueldos entre los funcionarios de Sandra Pettovello.

Repudiamos los allanamientos. Basta de perseguir a los que luchan contra el hambre.

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